La Agencia Valenciana Antifraude ha pedido al Ayuntamiento de Rojales, gobernado por el PSOE, que elabore un plan anual de contratación que permita al municipio evitar las numerosas irregularidades que detectadas en uno de los procedimientos de contratación llevados a cabo por el municipio en 2019-2020: la adjudicación de las fiestas de la Virgen del Rosario. La resolución de la Agencia Antifraude se ha producido tras analizar el expediente de contratación de esas celebraciones, a través de la documentación presentada en el buzón de denuncias de este organismo autonómico especial de control y prevención de la corrupción en las administraciones. Una de las características que marcan el trabajo de esta oficina es que mantiene en el anonimato al denunciante en todos sus expedientes de investigación. Solo tramita las que considera verosímiles.
El plan debe detallar las prestaciones, suministros, y obras necesaria, además de las acciones, plazos y las personas responsables de cada una de las contrataciones previstas, «o bien las razones que impiden adoptar las medidas propuestas». La normativa vigente solo establece la obligatoriedad de planificar y publicar la contratación sometida a regulación armonizada pero la Agencia cree que para el caso de Rojales sería «recomendable» la inclusión de todos los contratos para «anticiparse suficientemente a la tramitación de las licitaciones para evitar situaciones como las sucedidas» con las contratación de las fiestas.
¿De qué situaciones habla? La Agencia Antifraude subraya, entre otros aspectos, que en el caso de las fiestas no se garantizó la igualdad de trato entre los licitadores. Y sobre todo, dice textualmente el informe «hay una diferencia de trato con el licitador que finalmente resultó adjudicatario». El procedimiento abierto simplificado quedó desierto. Producearte, una empresa con amplia experiencia en el sector, presentó la oferta fuera de plazo, y la otra firma interesada, Sergio Salinas Coves, no estaba inscrito en el registro de licitadores del sector público ni el de la Comunidad. La ley da en este caso da la alternativa Ayuntamiento de abrir un proceso negociado sin publicidad en la que «invita» a tres mercantiles. Lo hizo de forma presencial pese a que podría haber utilizado medios telemáticos. A una de ellas, Producearte, la avisó 15 minutos antes de que se iniciara esa negociación, cuando su representante tenía que recorrer casi 50 kilómetros para llegar al municipio. Otra, Raher Audiovisual, fue avisada 30 minutos antes: su sede se encontraba a 72 kilómetros y no acudió. Y por último la tercera, Sergio Salinas Coves, -la que no estaba inscrita inicialmente en el registro de licitadores-, y que es la que se hizo con la contrata por 42.531 euros, tenía su sede muy mano, a dos minutos en coche del Ayuntamiento. Además las citaciones para negociar se realizaron por teléfono y no por medios electrónicos, algo exigía el pliego de condiciones. La legislación dice que si solo puede realizarse con comunicación oral debe documentarse por escrito.
La orquesta
En el expediente municipal no hay constancia ni de la realización de las llamadas, ni de la fecha en las que se realizaron, tampoco del resultado de las negociaciones. Con la que, en definitiva, no se garantizó el principio de transparencia, según la Agencia Antifraude. En definitiva no se respetó la obligatoriedad de hacer constar en el expediente la acreditación de las comunicaciones con los licitadores en los distintos procesos, tampoco se dio un plazo de anticipación suficiente para preparar y proceder a las negociaciones.
Otro aspecto que llama la atención de la Agencia Antifraude es que la adjudicataria, a la que se confirmó el servicio el 30 de septiembre de 2019, pudiera, con solo dos días de antelación a la actuación indicada en el programa, contratarla. La Agencia incluso ha llevado su investigación a preguntar a la Orquesta Evasión. Esta respondió que normalmente los contratos se hacen con un mes de antelación, pero es que además fue contratada por una empresa distinta a la adjudicataria, algo que la adjudicataria no llegó a comunicar al Ayuntamiento. Esta resolución, no implica responsabilidad ni una vulneración de la legislación. Es decir, por esta vez, la Agencia ha decidido no llevar el asunto al juzgado.
