Hacer el doble de horas de lo que marca el contrato, trabajar estando en Erte o carecer de certificado de capacitación. Son algunas de las presuntas irregularidades que los taxistas asalariados de Orihuela denuncian que llevan tiempo sufriendo. Algunos de ellos han decidido acudir a la Inspección de Trabajo que ha abierto una investigación. La problemática se centra en Orihuela Costa, donde hay 20 licencias de taxi (de las 42 de Orihuela) y 37 conductores asalariados. Algunos taxistas tienen hasta a tres personas contratadas para conducir sus taxis. Contratos que, en algunas ocasiones, son fraudulentos, según denuncian los propios trabajadores contratados y así consta en las denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo, a las que ha tenido acceso este diario, y también en los escritos enviados al Ayuntamiento a la atención del alcalde oriolano, Emilio Bascuñana (PP).
Estos trabajadores, que llegan a cubrir hasta 12 horas a la semana, trabajando 6 días (a pesar de contar con contratos de 6 horas semanales), están a la espera de que el equipo de gobierno de PP y Cs redacte la ordenanza que regula el sector en la localidad, tal y como se aprobó en el pleno ordinario de marzo a iniciativa del PSOE. Precisamente, en esa sesión plenaria y durante el debate de la moción que finalmente fue aprobada por unanimidad, el alcalde oriolano anunció que en el siguiente junta de gobierno local llevaría para su aprobación las bases para crear nuevas licencias de taxi en el municipio. Sin embargo, Emilio Bascuñana no llevó en el orden del día ese punto al que se comprometió, algo que le reprochan los conductores asalariados del sector del taxi en Orihuela y así se lo han trasladado por escrito. «Si no ha aprobado lo de las licencias, menos aún nos creemos que ponga en marcha la ordenanza que nos dé dignidad laboral», señala a este diario uno de los conductores asalariados de un taxista con licencia en el litoral oriolano, y que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Problemática
En las denuncias interpuestas por presuntas irregularidades laborales ante la inspección laboral, se señala a una docena de licencias. Los denunciantes consideran que su problemática, que tachan de «precariedad», se solucionaría con una ordenanza que regule desde el número de horas máximas de trabajo de los conductores a las sanciones a las que se enfrentarían los propietarios de las licencias de taxi que lleven a cabo malas prácticas laborales. «Una ordenanza impediría que se cometan las explotaciones laborales que sufrimos», asegura ese mismo conductor asalariado. Algunos de estos chóferes llevan meses enviando escritos por registro en el Ayuntamiento denunciando las presuntas irregularidades en el sector.
Algunos de estos conductores de taxi reciben una mínima percepción por contrato, que es normalmente de solo 6 horas a la semana (aunque denuncian que les obligan a hacer el doble), y el resto de su sueldo es según la facturación que hagan. «Son contratos basura y cada vez las condiciones son más lamentables poniendo como excusa la pandemia», señala la misma fuente.
El paso que han dado algunos de ellos poniendo en conocimiento de la Inspección de Trabajo las presuntas irregularidades contractuales es algo inaudito. «El chófer que se queja suele irse a la calle y si cobra el finiquito ya no lo vuelve a contratar nadie», asegura uno de los conductores asalariados y es una de las quejas que la Inspección Provincial de Trabajo tiene sobre la mesa.
Orihuela carece de un marco jurídico propio a nivel municipal para el sector del taxi que amplíe y complete lo contemplado en la ley autonómica que regula el sector del taxi en la Comunidad Valenciana y es lo que pretende poner en marcha la moción aprobada en el último pleno. La edil socialista María García, impulsora de la moción, pidió en el pleno al alcalde que convocara la Mesa de Movilidad y el edil de Cambiemos, Javier Gracia, reclamó consenso con el colectivo del taxi a la hora de redactar la ordenanza. Además, el gobierno local se comprometió a duplicar el número de licencias actual de manera gradual ya que actualmente hay 42, una por cada 2.000 habitantes, cuando la Conselleria de Transportes estipula que debe haber una por cada 1.000.
