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La Generalitat retira el contrato a la empresa de limpieza del geriátrico de Torrevieja y se hace cargo de la plantilla a través de la empresa pública Tragsa

La Conselleria de Igualdad se cansa de los incumplimientos de Netalia, que debía cinco nóminas a la plantilla de 15 trabajadoras y encarga a la empresa pública Tragsa que se haga cargo de la prestación

Imagen de una de las protestas de la plantilla de limpiadoras en la plaza de la Constitución de Torrevieja

Imagen de una de las protestas de la plantilla de limpiadoras en la plaza de la Constitución de Torrevieja

Protestar y reivindicar derechos laborales (a veces) sirve. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha cansado de los incumplimientos de la empresa adjudicataria de la limpieza de la residencia pública de mayores de Torrevieja, Netalia. Le ha retirado la contrata y ha rescatado a toda su plantilla de 15 operarias, que desde hoy, 7 de abril, trabajan para la empresa pública Tragsa. Netalia, que no se ha llegado a pronunciar sobre este conflicto a preguntas de este diario, arrastraba una larga lista de deficiencias en el cumplimiento de su contrato además de varios impagos a la plantilla desde que se adjudicó esta prestación a la baja. A ello se añadía ahora el impago de dos pagas extra y tres nóminas a su personal en esta residencia gestionada por la Generalitat.

El coste del encargo propio a la empresa pública Tragsa, que ha subrogado a toda la plantilla, es de 644.000 euros y se extenderá a lo largo de este año (430.000 euros) y durante buena parte de 2022 (214.000) presumiblemente hasta que la Generalitat vuelva a adjudicar la contrata de este servicio, según han confirmado a INFORMACIÓN fuentes de la Conselleria. El área dirigida por la vicepresidenta Oltra ha propuesto al director de la residencia como responsable del seguimiento del encargo. La administración autonómica también se ha comprometido a reclamar las nóminas impagadas, que no obstante, han matizado fuentes de la Generalitt, debe hacer efectivas la empresa Netalia a las trabajadoras. La Conselleria sí hizo efectivas, mediante las certificaciones de pago, el importe de esas retribuciones a la empresa.

La plantilla de la residencia salió a la calle para reclamar el pago de los atrasos y no tuvo inconveniente en recibir el apoyo de quien se lo prestara. Sobre todo el de los propios residentes que siempre han destacado el trabajo de las limpiadoras, también durante la crisis sanitaria y pese a asumir situaciones personales difíciles.

En su última protesta en la plaza de la Constitución de Torrevieja contó con la presencia casi al completo del sindicato Frente Obrero en Lucha de València y Murcia bajo el lema “Netalia culpable, la consellera responsable” y recordaron que muchas familias con menores dependían exclusivamente de esa nómina para pagar alquileres y gastos de alimentación.

Pero también acudieron a sus protestas en el acceso a la residencia cargos del PP, como es el caso del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), que sobre todo incidía en que la responsabilidad de la gestión de este área es de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pese a conocer que la Conselleria sí estaba cumpliendo con las certificaciones de pago a la mercantil. Un tipo de situación que su propio gobierno municipal ha de afrontar en el Ayuntamiento, ya que pese a pagar en tiempo y forma a la empresa de recogida de vehículos (la grúa) la mercantil, que en este caso carece de contrato y está en concurso de acreedores, hace varios meses que paga con atraso las nóminas a los empleados y a sus proveedores.

Los Verdes de Torrevieja -aliados de Compromís en la ciudad- se pusieron en contacto con la Conselleria para impulsar la resolución de la situación.

La residencia de mayores de Torrevieja es uno de los geriátricos públicos más grandes de la provincia con una capacidad de 200 residentes, la mitad de ellos grandes dependientes y dependientes. Durante la pandemia ha podido sortear los grandes brotes de coronavirus que han azotado a otras residencias privadas de la ciudad y la comarca.

Netalia y firmas ligadas a su matriz, acumula varios conflictos laborales por impagos en otras adjudicaciones de la Generalitat, como ha ocurrido en San Vicente del Raspeig, lo que no le impide continuar presentándose a concursos públicos.

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