La consellera de Sanidad, Ana Barceló, firmó el pasado 30 de marzo una resolución por la que inicia el procedimiento de elaboración de un proyecto de decreto-ley de la Generalitat para crear una empresa pública de salud que, entre otros cometidos, gestione el departamento de salud de Torrevieja y asuma a sus 1.300 trabajadores. En el borrador de la futura normativa que acompaña a la resolución de Barceló se recoge textualmente que su objeto "es la prestación y gestión directa de todos los servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen por reversión al ámbito de gestión de la Generalitat". Además del departamento de Torrevieja en la provincia está en proceso de reversión inminente el área de salud de Dénia, que gestionan por concesión administrativa DKV y Ribera.
La reversión más inmediata pendiente en el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana es el departamento de salud de Torrevieja. La empresa pública asumiría a sus 1.300. trabajadores. Pero el sistema de gestión, en función de esta iniciativa que comienza ahora su tramitación, no sería de integración directa en el sistema sanitario, sino a través de una empresa, por lo que la plantilla no adquiriría la condicion de empleado público, según el borrador del decreto-ley.
La opción de la empresa pública no convence al comité de empresa, que no ha sido oficialmente informado del inicio de su creación. Tampoco cuenta con el apoyo de la plataforma Sanidad 100x100 Pública que ha reclamado el rescate de la gestión directa del área sanitaria.
La creación de esta empresa pública de salud a través de la fórmula de decreto ley, un mecanismo administrativo más ágil que la aprobación de una ley, está justificado en su "extraordinaria y urgente necesidad". No obstante el decreto ley deberá ser sometido al debate y aprobación de las Cortes Valencianas. Y Unidas Podemos, socio del pacto del Botànic, con el PSOE y Compromís, ya ha expresado su rechazo público este sábado a que la reversión sea a través de una empresa pública y no directa.
La memoria económica inicial contempla además integrar la gestión de recursos de resonancias magnéticas, ahora con 20 equipos externalizados y distribuidos en todos los hospitales de la Comunidad, y sus 117 trabajadores, así como los recursos de Servicios de Farmacia con otros 55 sanitarios.
El contrato de gestión por concesión administrativa del departamento de salud de Torrevieja, iniciado con el Grupo Ribera hace 15 años, finaliza el próximo mes de octubre. La resolución de inicio de la tramitación y documentación anexa, junto a una memoria económica, ha sido publicada ahora por la Conselleria de Sanidad en la web de la Generalitat sin que la propia Conselleria haya informado públicamente de la creación de la empresa pública y ante la sorpresa de los representantes de los trabajadores del departamento en el comité de empresa, que han mantenido reuniones muy recientes con representantes de los grupos en las Cortes Valencianas que forman parte del Botànic sin que los diputados hicieran referencia a la resolución de Barceló.
Durante meses Sanidad ha evitado desvelar que fórmula de gestión quería para rescatar el área sanitaria. Hasta este sábado la Generalitat ha justificado públicamente que no podía informar al comité de empresa de qué fórmula de gestión tenía prevista para asumir la gestión porque Ribera se ha negado por la vía judicial a cumplir las normas de reversión – ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo a la resolución del TSJ para que las acepte-.
El mismo borrador de decreto ley señala que las condiciones laborales de los trabajadores subrogados por la Generalitat se regirán por su actual convenio, firmado entre el comité de empresa y Ribera a finales del año pasado. Convenio que estaría vigente "hasta su renovación". Fuentes de la Conselleria de Sanidad indicaron a INFORMACIÓN que lo que se ha publicado en la web institucional de la Generalitat "de momento, solo es el inicio de un trámite".
El departamento asiste a 160.000 vecinos de diez municipios del litoral y prelitoral de la Vega Baja, con el Hospital Universitario de Torrevieja y once centros de atención primaria como referencia.
Sanidad justifica esta opción por la creación de la empresa pública de salud, que se rige por el ordenamiento jurídico privado en que "la naturaleza diversa de las operaciones, la especificidad y peculiaridad de las prestaciones, las estructuras de las plantillas y la preocupación por la defensa de los intereses de los trabajadores" ha dificultado encontrar "una figura que hiciera posible recoger todas estas actvidades en una sola estructura organizativa sólida, que fuera capaz de responder de forma eficaz a las necesidades sanitarias de la ciudadanía de la Comunitat".
La sociedad pública con naturaleza jurídica privada asumiría a los 1.300 trabajadores bajo las condiciones laborales del actual convenio firmado entre Ribera Salud y el comité de empresa "hasta que se renueve"
Según la resolución de Barceló "la situación de pandemia mundial que ha sufrido la Comunidad Valenciana ha retrasado la creación de esta estructura en el plazo que hubiera sido idóneo", y "no se considera en este momento eficaz su integración en los protocolos y organización de personal de los Departamentos de Salud". Ante "esta situación" una respuesta adecuada, dice la consellera, es la creación de una sociedad pública mercantil del Sector Público Valenciano.
La decisión de poner fin al contrato de Ribera, que pide una prórroga de cinco años, ha generado posturas encontradas entre partidos políticos y el tejido social del área sanitaria. PP, Ciudadanos y Vox respaldan sin fisuras un modelo concesional de colaboración público privada que "funciona", mientras que Compromís y Podemos reclamaban al PSOE que diera el paso que figura en el pacto del Botànic. Han surgido iniciativas en pro de mantener la concesión - la Plataforma Sanidad Excelente- y a favor de la gestión directa -Plataforma Sanidad 100x100 Pública y de Calidad-.
