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La revisión del PGOU más antiguo de España se atasca en la burocracia

El Ayuntamiento de Torrevieja, que hace ya un año propuso a una empresa para hacer el planeamiento, solicita ahora revisar las ofertas

Imagen aérea de adosados residenciales junto a la laguna de Torrevieja.

Imagen aérea de adosados residenciales junto a la laguna de Torrevieja.

Vuelta a empezar. El Ayuntamiento va a pedir a los técnicos de Urbanismo que valoren si deben someterse a nueva valoración las siete plicas de las empresas presentadas para hacerse con la redacción del nuevo Plan General de Torrevieja. Lo hace un año después de que se propusiera a la empresa que consideraban más adecuada para hacer el trabajo. No han sido los técnicos de Urbanismo sino la interventora, que forma parte de la mesa de contratación, la que ha considerado que la valoración de plicas se había realizado de forma incorrecta. Esta redacción del Plan General fue considerada prioritaria por el anterior equipo de gobierno pero su adjudicación se está eternizando. El actual planeamiento urbanístico data de 1986 , arrastra 108 modificaciones puntuales, y es el más antiguo de España para una ciudad de más de 75.000 habitantes.

Así, mientras que los proyectos de construcción de 18 rascacielos repartidos en primera línea de playa de Torrevieja, validados jurídicamente en una modificación del actual PGOU, quema etapas de procedimiento a velocidad de crucero; la redacción del Plan General va a paso de tortuga. Los expertos urbanistas y en turismo residencial que han investigado la historia reciente de la ciudad -y a los que invita el Ayuntamiento en sus foros para definir el crecimiento futuro de Torrevieja-, coinciden en que esa documento es una herramienta vital para intentar poner orden urbanístico en su término municipal. En una ciudad conocida como paradigma de lo que no debe hacerse desde el punto de vista urbanístico y con el reto de aprovechar la planta de vivienda turística más importante del país. El actual PGOU ha sufrido más de 105 modificaciones puntuales y debería haber sido renovado hace más de quince.

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La mesa de contratación para este procedimiento arrancó con bastante agilidad en el primer tramo de 2019. Pero desde entonces suma un par de reuniones al año sin lograr sacar adelante el procedimiento. La última tuvo lugar el pasado 16 de abril. En ella se adoptó la decisión, a instancias de la interventora y con los informes de los técnicos de Urbanismo, de revisar las ofertas presentadas por las empresas porque se ha detectado una valoración inadecuada de los equipos de recursos humanos mínimos que aporta cada una de las empresas, con una duplicación de la valoración en las mejoras por titulación de los profesionales ofertados.

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Una marcha atrás que se produce en el procedimiento cuando la propuesta de adjudicación ya se había comunicado a la UTE formada por Incotec Consultores, Navarro Ballester y Abogados e Ingenieros Consultores en Medio Ambiente. Lo más llamativo es que la propuesta de adjudicación a estas empresas están sobre la mesa desde febrero de 2020.

La oferta por 406.000 euros presentada por la UTE era la que mayor puntuación había obtenido para hacerse con el contrato de redacción. El inicio del expediente se remonta al 25 de noviembre 2016, aunque la licitación se puso en marcha en enero de 2019, las siete plicas se presentaron en febrero de ese año.

El equipo de gobierno del PP siempre ha cuestionado la oportunidad de llevar a cabo este procedimiento de actualización de la normativa urbanística con el argumento de que podría ser un obstáculo para la continuidad de la actividad constructora, aunque el alcalde Eduardo Dolón ha remarcado en los últimos meses que el Ayuntamiento está por la labor de adjudicar. Una vez contratada las labores de redacción se prolongarán durante más de 40 meses.

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