El caso de la supuesta desaparición de multas en la jefatura de la Policía Local de Torrevieja ha dado un giro radical. La Fiscalía, que inicialmente pedía el archivo del procedimiento, ahora reclama penas de cárcel para los acusados: un exinspector, dos policías locales y una conductora beneficiaria de la retirada de una sanción, como inductora. Todos investigados desde 2013 por una denuncia de otro agente -testigo protegido por la Agencia Antifraude-. Por el tipo de delitos, y a expensas de la petición de archivo de las defensas, debe ser juzgado por un un tribunal del jurado.
El Ministerio Público, en su escrito de conclusiones fechado el 26 de abril, dice que la instrucción ha probado que el exinspector y los agentes retiraron del sistema informático la multa impuesta por una patrulla a una conductora que se saltó un stop. El Ministerio Público ve dos delitos de tráfico de influencia, cuatro de prevaricación, uno de infidelidad de custodia de documentos y otro de falsedad en documento oficial. Para el exinspector pide dos años de prisión por el delito de infidelidad de custodia de documento y cinco de inhabilitación. Al agente que de forma efectiva dio como «archivada» la multa en el sistema informático, cuatro años de prisión por el delito de falsedad y otros dos por el de infidelidad en documento público, además de 7 de inhabilitación por prevaricación. Al otro agente implicado cuatro años de prisión por falsedad y siete de inhabilitación para ejercer un empleo público. También aparece acusada como inductora de delito de tráfico de influencias y de prevaricación la conductora que se benefició de la retirada de la multa para quien se solicita cinco meses de cárcel.
Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2012 cuando tres policías que patrullaban por la confluencia de la avenida de Rosa Mazón, advirtieron que la conductora de un turismo no respetó un stop. Le dieron el alto y, aunque la conductora no se negó a cooperar, sí empleó un tono irónico a la hora de dirigirse a los agentes asegurando que firmaba la denuncia, pero que no la iba a pagar porque iba a llamar a un mando, «conocido suyo, para contarle lo sucedido», según la denuncia.
La instrucción constata que el exinspector y la sancionada se conocían y que en el momento en el que se produjeron los hechos, no existía, en ese momento, en la jefatura un registro físico de las denuncias. Solo un buzón sin control que en ocasiones se desbordaba y algunas sanciones caían al suelo. Para asegurarse de que la sanción llegaba a su destino, un agente la registró en una ventanilla única en Murcia. Lo que pretendía el agente sancionador es que, dada la escasa fiabilidad que demostraban los buzones y los constantes rumores sobre la desaparición de multas, quedara constancia de su entrada, según las diligencias de investigación. La sanción llegó en un sobre cerrado el 27 de diciembre de 2012 pero pese a este procedimiento de seguridad. Al final lo que realmente implicó a los acusados no fue la desaparición convencional de la multa física: Fue «su archivo» por «error» cuando los agentes ya conocían que al asunto estaba siendo investigado.
