Muchos vecinos del centro de San Miguel, en el casco histórico, ha optado por mantener su estilo de vida en viviendas tradicionales de planta baja y patio interior sin sucumbir a las ofertas inmobiliarias para vender su propiedad: las constructoras llevan décadas comprando casas para obtener solares -a precios muy reducidos- en los que se pueda construir un edificio de varias alturas. Pero eso tiene consecuencias fiscales. Una repercusión del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) mucho mayor. Incluso para las tradicionales casas cueva, según ha desvelado la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas. El colectivo vecinal considera «surrealista» que el casco histórico, lugar habitual de residencia de los nativos de San Miguel, que alberga a las familias más modestas, tributen más que las segundas residencias del municipio con unos mayores niveles de renta.
La ponencia general de valores catastrales del municipio de 2013, realizada por el anterior gobierno del PP, dividió al municipio en 18 polígonos. El polígono n.º 1, denominado «Casco», que coincide con el núcleo histórico, es el más caro. El valor básico de repercusión del suelo a la hora de realizar la valoración catastral de los inmuebles es de 116 €/m² frente a los 100 €/m² del resto de los polígonos residenciales del municipio. Esta mayor presión fiscal, en el casco urbano tradicional, a juicio de los vecinos «se enmascara y diluye en un bloque de viviendas; pero se manifiesta con toda su crudeza, por su repercusión en el valor del suelo, en las viviendas unifamiliares de planta baja tradicionales». Incluidas las pocas casas cueva que quedan en la trama urbana. Y así se lo ha hecho llegar esta asociación familias afectadas. «Si no media intervención alguna será cada vez más difícil mantener la propiedad de la vivienda para las economías modestas, que deben reservar una mensualidad de su paga al año para hacer frente a los arbitrios municipales».
La asociación se ha dirigido al actual gobierno municipal del PSOE e IU y «demanda una mayor sensibilidad y empatía con el mal momento que pasan familias del municipio», que no dé continuidad a las políticas del anterior gobierno del PP, que favorecen a las economías más desahogadas del municipio y que ponga punto y final a los agravios comparativos.
Y con ese objetivo solicita que, «de inmediato, realice una modificación de la ponencia de valores», donde la carga fiscal sea proporcional al nivel de renta de los usuarios de las viviendas y mientras tanto que rebaje los niveles del gravamen aplicable ya que son muy elevados teniendo en cuenta que los valores catastrales se encuentran actualizados y en 2023 se tributará por el 100% del valor de las viviendas.
