El Ayuntamiento de Torrevieja ha perdido casi seis meses en la gestión de la mejora de la prestación del servicio público de recogida de basura y limpieza viaria. El procedimiento de adjudicación vuelve al punto donde se quedó en diciembre: la valoración por la mesa de contratación de las ofertas técnicas presentadas por grandes empresas del sector. La junta de gobierno del PP ha aprobado por unanimidad de sus ocho miembros acatar la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) en la que estima un recurso de Valoriza (Sacyr) contra el acuerdo del PP de diciembre pasado de no adjudicar la contrata. Como avanzó INFORMACIÓN, este tribunal especial indicaba en su resolución que el «interés público» que aducía el PP para anular el procedimiento no estaba justificado y que el municipio no aclaraba cómo iba a ofrecer un servicio esencial después de suspender el concurso. De hecho continúa haciéndolo pagando sin contrato más de un millón de euros mensuales a Acciona.
La UTE que presentó el recurso, Valoriza (Sacyr)/STV subrayaba en su escrito ante el TARC el hecho de que el procedimiento se hubiera paralizado justo en el momento de valorar la oferta técnica. Fue cuando la interventora emitió un informe que alertaba de la reducción de ingresos prevista para el ejercicio de 2021 a causa de la crisis sanitaria. Valoriza indicaba en su recurso que entendía que se fuera a producir esa bajada de ingresos por la crisis, pero cuestionaba que el informe de Intervención se emitiera precisamente en el momento en el que al menos un funcionario ya había valorado las plicas técnicas por lo que el resto de miembros de la mesa ya conocía el resultado, aunque el acto formal de baremación no llegó a realizarse. En este sentido Andrés Navarro, portavoz del PSOE, aseguró en rueda de prensa esta semana que la contrata se dejó en suspenso supuestamente «porque parece que al gobierno local no le salía lo que esperaba que saliese»
Además de la UTE Valoriza (Sacyr)/STV Gestión, al nuevo contrato de este servicio básico se presentaron la FCC con OHL Servicios Ingesan, la Actúa/3RS gestión de residuos (ambas del mismo grupo), Urbaser, y la actual prestataria del servicio Acciona, que lo hace por más de 20 millones euros al año sin contrato. El presupuesto de licitación es de 424 millones de euros por un periodo de 15 años, sin prórrogas aunque con posibilidad de incrementos al alza.
Sin explicaciones públicas
La decisión se ha adoptado con una propuesta de la concejal de Aseo Urbano, Carmen Gómez, seguida de un informe de la directora general de Contratación, en el que se señalaba la conveniencia de acatar la sentencia - sin necesidad de reclamar más informes-, señal de que el gobierno del PP no ha querido complicarse más la vida en este asunto y ha tirado la toalla. La alternativa era que recurrir la resolución del TARC ante el Tribunal Superior de Justicia. Algo que ha descartado.
El alcalde Eduardo Dolón y la edil Carmen Gómez han evitado este viernes explicar públicamente una decisión que da al traste con seis meses de tramitación de una empresa pública que asumiera el servicio. En esta ocasión no hubo comparecencia del alcalde para anunciar la decisión, ni tan siquiera una nota de prensa, pese a que Dolón y la edil Gómez se reunieron ayer mismo con los representantes sindicales de Acciona en el salón de plenos para anunciarles el acuerdo, poco después de la junta de gobierno.
El que dio la cara ayer fue el concejal Federico Alarcón, que explicó brevemente el acuerdo -uno de los más de 40 puntos de tres juntas de gobierno de los que habló ayer- y aseguró en la rueda de prensa que el Ayuntamiento tiene previsto rebajar el canon anual a la empresa que se adjudique el contrato -en coherencia con el criterio por el que se anuló la baremación en diciembre-. Sin embargo esa alusión al coste anual del servicio -25 millones al año- no está en el acuerdo textual de junta de gobierno y solo se podría pedir una rebaja del 20% a la empresa que resulte adjudicataria cuando comience su contrato.
El alcalde Eduardo Dolón y la edil Carmen Gómez han evitado hoy explicar públicamente una decisión que da al traste con seis meses de tramitación de una empresa pública que asumiera el servicio.
Federico Alarcón ha asegurado en la rueda de prensa, como si formara parte del acuerdo de la junta de gobierno, que el Ayuntamiento tiene previsto rebajar el canon anual a la empresa que se adjudique el contrato en función del informe de Intervención que justificó la paralización del contrato en la previsión de bajada de ingresos provocada por la crisis sanitaria. Sin embargo, esa alusión al coste anual del servicio no está en el acuerdo textual de junta de gobierno y solo se podrá reclamar a la empresa que resulte adjudicataria cuando comience su contrato.
Torrevieja mantiene la la actual prestación en una situación legal y material precaria. Es un servicio en el que el municipio se deja veinte millones de euros sin contrato con pagos sin contrato a favor de Acciona. Con informes sistemáticos mensuales de pagos con omisión de la función fiscalizadora de la Intervención: ya se han pagado en torno a 90 millones de euros desde junio de 2016, mientras que el servicio -pese a los esfuerzos del equipo de gobierno por trasladar lo contrario en redes sociales- sigue siendo muy deficiente, en especial en las áreas residenciales que no están en el centro de la ciudad turística. El último gasto incorporado a la recogida de basuras es el alquiler mensual por 90.000 euros de maquinaria y camiones, avalado por los técnicos porque la alternativa es dejar de recoger la basura.
La tramitación de la creación de la empresa pública sigue adelante porque es un herramienta necesaria para gestionar fondos europeas y podría amparar otros servicios. Pero su puesta en marcha y la contratación de una mercantil para asesorar al gobierno en su creación fue justificada en la gestión de las basuras y la supuesta reducción de gasto público que iba a suponer.
