El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Elche ha reconocido el derecho de los funcionarios de Torrevieja a percibir el complemento de productividad también en las pagas extra de verano y diciembre. Y al margen de la iniciativa, interés o esfuerzo con el que cada funcionario desarrolle su labor diaria. Se trata de un incremento en las retribuciones anuales del orden de quinientos euros. La sentencia dice que el complemento productividad se ha «desnaturalizado» en el Ayuntamiento de Torrevieja porque da respuesta «a una finalidad extramuros de la prevista legalmente». En este ayuntamiento, en una situación consolidada desde hace muchos años, los motivos que darían derecho a percibir la productividad como el grado de interés o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo, no se tienen en cuenta. El Ayuntamiento ha convertido la productividad, como ocurre en otras administraciones, en un complemento propio del puesto de trabajo, de carácter fijo, periódico y objetivo, «lo que da lugar irremediablemente a que deba ser considerado como una retribución complementaria más «lo que exige» que el 100 % de esos complementos se incluyan en el importe de las dos pagas extraordinarias.
Recurso
La decisión judicial se produce tras el recurso presentado por 41 policías locales que se sumaron a la iniciativa del sindicato Sipol. En el caso de estos funcionarios el abono será inmediato y con carácter retroactivo de cuatro anualidades -8 complementos de productividad-; más intereses de demora desde que se dictó la sentencia a finales del año pasado. El mismo juzgado ha recibido en los últimas semnas unas ochenta reclamaciones individualizadas más para que se haga efectivo el pago, también con carácter retroactivo, en una acción impulsada por Comisiones Obreras, que en los últimos meses ha sumado a su mayoría sindical en la Policía Local nuevos afiliados que trabajan en la sede principal del Ayuntamiento torrevejense.
Desembolso
El desembolso inicial para las arcas municipales podría superar el millón de euros si se decide -y se puede legalmente- aplicar la medida a todos los funcionarios con carácter retroactivo de cuatro años, que es lo que ganó el Sipol. Y luego supondría un gasto anual de unos 300.000 anuales. Mientras tanto el sindicato CSIF que sigue siendo el mayoritario en el Ayuntamiento, es el que confía en que la decisión de extender la aplicación de la sentencia a todos los funcionarios se lleve a cabo sin necesidad de pedirla expresamente en los juzgados. Aunque en un principio no con carácter retroactivo. Solo desde este año. Es decir con efectos desde la paga extra de verano. Existe sintonía entre el CSIF y el equipo de gobierno en este sentido, según las comunicaciones informativas que ha hecho sobre este asunto a la plantilla, en las que también recuerda que existe margen hasta el mes de noviembre para reclamar de forma individualizada en el juzgado o al propio Ayuntamiento.
Pero como es norma no es escrita en el Ayuntamiento torrevejense los funcionarios habilitados de los que depende esa decisión de aplicar la sentencia no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo. La secretaria general del pleno ha advertido que la decisión no es materia de pleno porque esa competencia es de la junta de gobierno o del propio alcalde en municipios de gran población. Y advierte que de aprobarse en pleno la Subdelegación del Gobierno podría anularla esa decisión. La directora general de Contratación entiende que sí que es el pleno el que debe aprobarlo porque es el mismo órgano que consolidó en su día la productividad como un complemento más -acatando otra resolución judicial anterior-. No obstante, el gobierno del PP parece que se inclina por evita ahora llevarlo a pleno y buscar otras alternativas.
Sin informar
Como es habitual además en la práctica de gestión durante este mandato el gobierno no ha llegado a informar sobre esta resolución judicial, ni sobre su impacto sobre las arcas municipales. Fuentes del equipo de gobierno matizaron que la voluntad política es hacer extensible la sentencia a todo el funcionariado y así lo refleja el presupuesto de 2021. En el mismo sentido indicaron que se ha consultado al juzgado si se puede hacer extensivo a toda la plantilla y "si el juzgado lo aprueba se abona directamente" y en caso contrario será "la que lo abone". Eso sí, matizan las mismas fuentes del PP que el pago no se podrá llevar a cabo si no se aprueba el presupuesto, que está paralizado por una resolución judicial.
El abono de la productividad desató una de las crisis de gestión más relevantes del anterior mandato municipal. La interventora en aquel momento informó en contra del pago de la productividad en todas las nóminas al no existir en el Ayuntamiento mecanismos -ahora tampoco- para evaluar si los funcionarios cumplen criterio alguno de productividad. La plantilla reclamó con movilizaciones en la calle la productividad y tuvieron que validarse con levantamientos de reparo.
