Docenas de trabajadores del Hospital Universitario de Torrevieja recibieron el jueves con una ruidosa protesta al comisionado José Pérez, nuevo supervisor de la Generalitat de la concesión sanitaria. Pérez acudió respaldado por una comitiva de cargos de Sanidad como la directora general de Recursos Humanos, Carmen López o la secretaria autonómica de Eficiencia Tecnológica, Concha Andrés. Aseguró que se reunió con el comité de empresa -UGT y Comisiones Obreras mantuvieron que no fueron convocados a ese encuentro- y con la dirección de la concesionaria Ribera Salud (Centene Corporation). El recorrido entre el acceso a la zona administrativa y el salón de actos estaba jalonado por docenas de sanitarios y administrativos que gritaban «No a la reversión», mientras que Pérez era casi escoltado por la directora Eva Baró y el director médico David Sánchez. Las paredes de estas dependencias y la entrada principal de la zona administrativa, que también da paso a la cafetería, estaban forradas de pancartas también con el lema «Lo que funciona no se toca». Buena parte de los 1.300 empleados del departamento de Torrevieja están en contra de que el área pase a gestión pública en octubre. Fecha en la que culmina el contrato de 15 años entre Ribera y la Generalitat. La plantilla todavía no sabe si la gestión será pública directa o través de una empresa pública. Algo que ni el propio Consell puede aclarar -el PSPV apuesta por una empresa pública y Compromís y Unides Podem por una gestión directa-.
Pérez, abogado, exconcejal del PSOE de Elche y exdiputado provincial, indicó en declaraciones a INFORMACIÓN que tuvo una impresión «positiva» de su primer día en el cargo y dijo que su prioridad es apostar por el diálogo. También reiteró que la reversión no tiene vuelta a atrás y que «solo los tribunales podrían pararla y no hay ninguna causa jurídica que pueda avalar que la gestión siga estando en manos privadas.
El contrato de 15 años concluyó «y se notificó en los plazos legales que no había prórroga», agregó. Señaló también que su prioridad, junto con el diálogo, es «exigir, como no puede ser de otra forma» a Ribera acepte las medidas de reversión que se le comunicaron a finales de 2020 y «que no cumplen ahora. Queremos iniciar un diálogo, porque al final, el día 15 de octubre se producirá el cambio. Para interés de la empresa y nuestro hay que llegar a un entendimiento». Sobre el modelo de gestión, directa o través de una empresa Pérez, que ha aceptado un cargo que otros representantes del PSOE no quisieron asumir, no se mojó ayer y dijo que lo que está claro es que será «pública». Su nombramiento se publicó ayer en el Diario de Oficial. «Hemos sido recibidos con las protestas y todo el mundo tiene derecho a protestar. Es muy legítimo. Para mí es un reto personal muy importante y una gran responsabilidad representar a la conselleria en un departamento de salud como el de Torrevieja tan importante», agregó.
