Un error material en la transmisión de información urbanística podría costarle al Ayuntamiento de Torrevieja al menos 246.000 euros. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha rechazado la reclamación de la promotora oriolana Patrimi Resort al Ayuntamiento de esta cantidad en concepto de responsabilidad patrimonial por lo que entienden como reducción de la edificabilidad del céntrico inmueble conocido por la Posada del Parejo. Situado en la calle Azorín, se trata de un edificio protegido, característico de las construcciones torrevejenses de final del siglo XIX, que la promotora compró en 2015 para construir viviendas.
Patrimi asegura que adquirió el solar considerando que tenía una edificabilidad de bajo, cuatro plantas y ático -es decir, seis alturas -, pero el Ayuntamiento al valorar la licencia de obra mayor y tras consulta al Consell, informó en contra señalando que el máximo permitido eran cinco: bajos, tres plantas y ático. En función del dictamen negativo del CJC la junta de gobierno local resolvió el pasado viernes rechazar la reclamación patrimonial, si bien el portavoz del equipo de gobierno Federico Alarcón (PP) dio casi por hecho que la promotora reclamará en los juzgados, asumiendo incluso que ganará el contencioso, lo que implicaría el pago de una indemnización del Consistorio y por consiguiente de los vecinos de Torrevieja.
La empresa compró por 1.130.000 euros el inmueble histórico en diciembre de 2015, que se encuentra en un lamentable estado de conservación pese a las medidas de protección dispuestas por la empresa. La previsión de edificabilidad la hizo ajustándose al certificado urbanístico solicitado al Ayuntamiento antes de realizar la compra, sólo de carácter informativo y no administrativo, en el que por un error se indicaba un total de 5 alturas desglosadas en planta baja, cuatro plantas y ático, cuando las cinco alturas se corresponden en realidad según el PGOU con planta baja, tres plantas y ático.
La mercantil se dispuso entonces a la redacción de un proyecto sobre el edifico catalogado con el «sobrecoste», asegura en su recurso, «de tener que acometer» medidas para cumplir la orden de peligrosidad decretada sobre la fachada de un inmueble que, 12 meses después de su compra vio caer una parte de la estructura interior, además de «estudiar una viabilidad edificatoria respetando la fachada protegida».
Cuando solicitó la licencia de obra mayor en 2017 para diez viviendas, la misma área de Urbanismo comunicó que la edificabilidad era de planta baja, tres plantas y ático , inferior a la edificabilidad que había interpretado la empresa, rechazando la concesión de la licencia porque el proyecto se había redactado para un edificio con un volumen mayor.
La empresa, especializada en la promoción inmobiliaria y conocedora de las limitaciones de altura en el centro de la ciudad, afirma que el municipio dio a la parcela un valor de mercado mucho mayor en su certificado inicial -el que sirvió para establecer el precio de compra-, que el reflejado en su rechazo a la licencia.
Patrimi valora la reducción del valor de mercado de esta «reinterpretación que no tiene obligación de soportar» en 175.303,36 euros, «más el coste añadido de Técnicos y Proyectos, Visados colegiales, y material gráfico y publicitario de la promoción, que asciende a 70.881 euros». Una publicidad que explota el carácter «histórico» del inmueble, ahora en un lamentable estado de conservación.
El Consell Jurídic señala que la inmobiliaria contaba con información suficiente en el PGOU de Torrevieja y en el certificado que solicitó antes de la compra «que aclaran sobradamente la contradicción que - presuntamente- podría generar el error material respecto al número de alturas indicado».
