«Un robo. La muerte del trasvase del Tajo-Segura. Los días contados para la agricultura y el desarrollo de la provincia...». Los regantes del trasvase y los sindicatos agrarios han agotado este lunes los calificativos ante las previsiones de aumento de caudal ecológico que recoge el nuevo plan de cuenca del Tajo 2022/2027, que se expone al público. En los últimos días se había trasladado que el aumento se iba a limitar a 7 metros por segundo, frente a los 6 actuales al paso del Tajo por Aranjuez. Pero el documento recoge que será un incremento gradual: 7 con la aprobación del plan hidrológico, 8 en 2026 y 8,6 en 2027, último aumento éste que es incluso mayor de lo que inicialmente se había previsto. Parecen cifras discretas. Se habla de metros cúbicos por segundo. Pero de su modificación al alza, según el Sindicato Central del Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), depende una enorme pérdida de caudales disponible para el trasvase al año. Por supuesto las alegaciones ya están en marcha.
Con la previsión inicial los regantes aseguraban que el trasvase del Tajo al Segura perdería hasta 80 hectómetros cúbicos al año en 2026, y hasta 40 en el inicio de la implantación del nuevo plan. A ese volumen de recorte hay que añadir la modificación de las reglas de explotación que reducirá la cifra máxima a trasvasar a Murcia y Alicante en periodos de bonanza en las reservas de los embalses de Buendía y Entrepeñas, y que generaron la movilización del sector. Esta modificación de las reglas de explotación están a punto de ser validadas, pero el Gobierno no las ha aprobado todavía.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado en un acto en Madrid los borradores de los planes hidrológicos de cuenca de nueve demarcaciones que se ponen en información pública, pero sindicatos y regantes echaron en falta alguna referencia al sector agrario, a sus demandas y a sus necesidades de agua.
El Ministerio defiende que el caudal hidrológico es una medida pendiente por la legislación europea desde hace dos décadas y en el caso del Tajo, con sentencias que ordenan su implantación.
El Gobierno ha matizado luego que el proceso de revisión de la planificación hidrológica no incrementa valores de caudales ecológicos del Tajo, sino que los implanta porque no existían previamente, y que tras varias sentencias judiciales de 2019, el establecimiento de caudales ecológicos en todas las masas de agua en este ciclo hidrológico «es inaplazable». Para su cálculo se utilizan los mismos baremos que en el resto de las cuencas hidrográficas. Justificó a su vez la implantación a lo largo de seis años según el período estimado para ejecutar las infraestructuras que aumenten el recurso disponible: depuración, desalación, reutilización. Y recuerda que el caudal total del Tajo ha bajado un 12% desde 1980 por efecto del cambio climático.
El Ministerio también asegura que se desplegará el plan para interconectar el sistema de desalinizadoras e incorporar medidas de apoyo con base en las energías renovables -inversiones en fotovoltaica- , un plan que «es precisamente el que tiene que conducir a abaratar los precios, porque el mayor componente del precio del agua desalada está en la energía». La realización de las actuaciones anteriores requiere una inversión de unos 500 millones de euros. En su explicación sobre el modo de llevar a la práctica este recorte de la demanda el Gobierno sin embargo ofreció datos confusos. Afirma que aumentará la producción de 40 a 80 hectómetros cúbicos para el regadío procedentes de la planta desalinizadora de Torrevieja cuando esta instalación ya genera esos 80 hectómetros, e incluso está «comprometida» su ampliación hasta los 120 a pesar de que ni siquiera se ha terminado la elaboración del proyecto de ampliación. La CHS acaba de sacar a exposición pública las peticiones de concesión de 123 hectómetros cúbicos al año de la planta, acaparados por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
El propio plan de cuenca del Segura, que también ha salido a información pública este lunes, y que es una fuente de la propia administración dirigida por la vicepresidenta, cuestiona con claridad que el Gobierno pueda suplir el recorte del trasvase con la desalinización. Realiza un anális del impacto de este aumento del caudal ecológico del Tajo. Con los 8,6 metros por segundo previstos en enero de 2027 asegura que se producirá una reducción, como mínimo, de diez mil hectáreas de superficie regable de las 85.787 en riego en Murcia y Alicante, un 12% del total. Y la pérdida de 4.896 empleos directos y 11.183 en la industria agroalimentaria.
Los regantes lamentaron además ayer que se hablara mucho del carácter ambientalista de los nuevos proyectos y muy poco de los regantes en el encuentro de ayer. La mayor parte de los 8.000 millones de euros previstos por el gobierno para desarrollar los planes de cuenca se destinan a iniciativas para rebajar el impacto del cambio climático y las inundaciones, además de «corregir prácticas» que «en el pasado» han conducido a la sobreexplotación de acuíferos, «a la contaminación de las masas de agua o al deterioro de los ríos».
