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El Gobierno impone un caudal ecológico del Tajo que supondrá otro recorte de 80 hm3 al trasvase

El SCRATS y Asaja aseguran que la agricultura y el desarrollo la provincia «tienen los días contados» al aumentarse el volumen hídrico en Aranjuez hasta los 8,6 m3 por segundo en 2027

Canal del postrasvase Tajo-Segura a su paso por La Murada y bancales de cítricos que dependen de su agua. | TONY  SEVILLA

Canal del postrasvase Tajo-Segura a su paso por La Murada y bancales de cítricos que dependen de su agua. | TONY SEVILLA

«Un robo. La muerte del trasvase del Tajo-Segura. Los días contados para la agricultura y el desarrollo de la provincia...». Los regantes, el sector empresarial de la agricultura y los sindicatos agrarios agotaron ayer los calificativos ante las previsiones de aumento de caudal ecológico que recoge el nuevo plan de cuenca del Tajo 2022/2027, que se expone al público. En los últimos días se había trasladado que el aumento se iba a limitar a 7 metros por segundo, frente a los 6 actuales al paso del Tajo por Aranjuez. Pero el documento recoge que será un incremento gradual: 7 con la aprobación del plan hidrológico, 8 en 2026 y 8,6 en 2027, último aumento que es incluso mayor de lo que inicialmente se había previsto. Parecen cifras discretas. Se habla de metros cúbicos por segundo. Pero de su modificación al alza, según el Sindicato Central del Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), depende una enorme pérdida de caudales disponible para el trasvase al año. Las alegaciones ya están en marcha.

Con la previsión inicial los regantes aseguraban que el trasvase del Tajo al Segura perdería hasta 80 hectómetros cúbicos al año en 2027, 40 hectómetros en el inicio de la implantación del nuevo plan de cuenca. A ese volumen de recorte hay que añadir la modificación de las reglas de explotación que reducirá la cifra máxima a trasvasar a Murcia y Alicante en periodos de bonanza en las reservas de los embalses de Buendía y Entrepeñas, y que han provocado la movilización del sector. Una modificación pensada para reservar agua en los momentos en los que más hay en reserva para evitar su restricción en momentos de sequía pero que, según los regantes, podría suponer una reducción de otros 70 hectómetros anuales, en años de bonanza, como el actual, y en cualquier caso un mínimo de 14 hectómetros anuales menos de envios. Este cambio está a punto de ser validado. Solo falta la redacción del decreto que ha quedado pendiente tras las protestas del sector. Alicante y Murcia han recibido anualmente una media de 350 hectómetros del acueducto en los últimos 40 años. Una perte destinada al abastecimiento urbano. La suma de ambos recortes liquidará su funcionalidad.

Puig considera que la gradualidad de la medida garantiza los envíos y dialogar y el PP que ha «vendido a los regantes»

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La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó ayer en un acto en Madrid los borradores de los planes hidrológicos de cuenca de nueve demarcaciones que se ponen en información pública, pero sindicatos y regantes echaron en falta alguna referencia al sector agrario, a sus demandas y a sus necesidades de agua. Y luego, con la publicación de los planes de cuenca a media tarde llegó la decepción total.

El Gobierno matizó después de la presentación que el proceso de revisión de la planificación hidrológica no incrementa valores de caudales ecológicos del Tajo, sino que los implanta porque no existían previamente, y que tras varias sentencias judiciales de 2019, el establecimiento de caudales ecológicos en todas las masas de agua en este ciclo hidrológico «es inaplazable». Para su cálculo se utilizan los mismos baremos que en el resto de las cuencas hidrográficas, según las mismas fuentes. Justificó a su vez la implantación a lo largo de seis años según el período estimado para ejecutar las infraestructuras que aumenten el recurso disponible: depuración, desalación, reutilización. Y recuerda que el caudal del Tajo ha bajado un 12% desde 1980 por el cambio climático.

El Ministerio de Transición Ecológica también asegura que se desplegará el plan para interconectar el sistema de desalinizadoras e incorporar medidas de apoyo con base en las energías renovables -inversiones en fotovoltaica- , un plan que «es precisamente el que tiene que conducir a abaratar los precios, porque el mayor componente del precio del agua desalada está en la energía». El propio plan de cuenca del Segura, que también salió a información pública ayer lunes, y que es una fuente de la propia administración dirigida por la vicepresidenta, cuestiona con claridad que el Gobierno pueda suplir el recorte del trasvase con la desalinización. Realiza un análisis del impacto de este aumento del caudal ecológico del Tajo. Con los 8,6 metros por segundo previstos en enero de 2027 asegura que se producirá una reducción, como mínimo, de diez mil hectáreas de superficie regable de las 85.787 en riego en Murcia y Alicante, un 12% del total. La pérdida de 4.896 empleos directos y 11.183 en la industria agroalimentaria.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, interpretó la previsión del Gobierno de una forma muy distinta. Fuentes del Consell consideran que la gradualidad durante seis años garantiza el trasvase hasta 2026 y permite ganar tiempo a la negociación. Es un avance «pero hay que seguir dialogando». Es más, las mismas fuentes entienden que «si no fuera por la iniciativa del presidente Ximo Puig» la aplicación del caudal ecológico hubiera sido automática.

Por su parte, el presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, acusó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de «permitir la sentencia de muerte del trasvase y de la huerta de la provincia con su incapacidad para defender los intereses de la provincia de Alicante y con su servilismo ante Pedro Sánchez». Aseguró que el PP va a alegar el plan de cuenca del Tajo y reprochó a Puig que haya «vendido a los regantes y la huerta de la provincia».

Cambio climático y legislación europea como prioridades

La vicepresidenta centró el principal objetivo de la estrategia del Gobierno en la previsión del cambio climático y en la política ambiental en torno al agua más allá de las demandas para el sector agrícola los recursos hídricos. Sobre los caudales ecológicos dijo que resulta «imprescindible cumplir de una vez por todas» con esta obligación que marcaba hace más de 20 años la Directiva Marco del Agua, sobre la necesidad de contar con estos caudales mínimos «que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas; reducir las presiones a las masas de agua».

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