«Es la crónica de una muerte anunciada a plazos», así valora el catedrático y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir un aumento gradual hasta 2027 del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez. De 7 metros cúbicos por segundo cuando se apruebe el plan a 8,6 en 2027. En la práctica supone un recorte en los recursos que se pueden enviar por el trasvase a Murcia y Alicante. Del orden de 40 hectómetros cuando se valide el documento hasta su recorte gradual de 80 anuales en seis años. Supondrá de hecho el bloqueo de la infraestructura que ha trasvasado una media 350 hectómetros al año desde su puesta en marcha hace cuatro décadas. Para Melgarejo la decisión del Ministerio, «no tiene nombre desde el punto de vista técnico». Recuerda que se han realizado hasta 70 informes desde el Instituto del Agua, la Comisión Técnica de la Diputación, el propio Sindicato Central de Riegos del Trasvase Tajo- Segura, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Politécnica de Madrid, la Politècnica de València...» que advierten del enorme impacto de ese incremento del caudal ecológico. «En el Ministerio no los han tenido en consideración, por no utilizar otros términos. No hay racionalidad en una decisión tan importante para la provincia», sostiene Melgarejo, quien recuerda que el 60% de la superficie regada alicantina depende del trasvase, además de 35.000 empleos directos. Incide en que el impacto mayor es en el sector agrícola, pero advierte que del agua del trasvase dependen todos los desarrollos urbanísticos del sur de la provincia y la seguridad para el abastecimiento de 35 municipios y más de un millón de personas, además de la planta industrial. «Parece que afecte solo a los regantes, pero en realidad afecta al conjunto de la estructura económica de la provincia», insiste.
JOAQUÍN MELGAREJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL AGUA DE LA UA: «La metodología por la que se ha fijado el caudal ecológico no se ha hecho pública»
El catedrático valora que el cambio que se expresa en el borrador del plan de cuenca -que se someterá ahora a un proceso de exposición al público para la presentación de alegaciones- , ha pasado a ser «un asunto exclusivamente de índole política, porque todos los informes apuntaban hacia el mantenimiento del caudal actual». Y en este sentido remarca que no «es cierto que conozcamos la metodología de cómo han baremado los caudales ecológicos. No la han publicado ni la han contado». El experto se muestra especialmente duro en este aspecto: «Es muy grave. Mienten persistentemente y con un descaro absoluto. Una mentira tapa a la anterior y es muy difícil discutir cada una de las falsedades y medias verdades que te van lanzando y poder replicarlas».
«Es un contrasentido absoluto sustituir agua del trasvase por recursos desalinizados si se justifica por criterios ambientales»
Desde el punto de vista ambiental, resaltado por el Ministerio de Transición Ecológica como causa que obliga a este cambio, el catedrático aclara que el aumento de los caudales ecológicos no se puede utilizar para la dilución de la contaminación. «Si el problema es la contaminación del Tajo desde Aranjuez, la directiva marco de la Unión Europea prohíbe taxativamente incrementar los caudales. La contaminación hay que evitarla». Los parámetros y volúmenes que han estado discurriendo por Aranjuez son «mucho mayores de lo que se están diciendo. Se fijaron los 6 metros cúbicos como una cuestión de cautela. Durante estos últimos 40 años han estado circulando entre 8 y 9 metros cúbicos por segundo», mientras se mantenía el trasvase en los mismos niveles de transferencia. Además, el director del Instituto Universitario del Agua recuerda que esa directiva europea, en vigor desde hace dos décadas, es la que obliga a fijar los caudales ecológicos en todos los ríos, disponiendo que deben fijarse también considerando las variables económicas y sociales. Y olvidan, en el caso de Alicante, que «el 60% del abastecimiento de la provincia depende del trasvase», señaló.
Melgarejo también abre el melón sobre la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en el estado ambiental del río a partir de la confluencia de su afluente el Jarama, que abastece a esa Comunidad, con el Tajo. «Madrid es tan ribereño del Tajo como Castilla- La Mancha», subraya «y es algo que se suele olvidar». Es decir, el estado ambiental del Tajo depende más de la gestión que está realizando de sus aguas la Comunidad de Madrid «que-matiza- ha realizado un gigantesco esfuerzo de depuración» pero todavía necesita completarlo, además con tratamientos terciarios con una población de seis millones de habitantes, solo con que deje depurar el 8% ya es mucho. «Y algo muy difícil de controlar es la contaminación difusa de aguas superficiales que van al Tajo con la lluvia».
En este sentido, el catedrático recuerda que ni Madrid ni Castilla- La Mancha reutilizan una gota del agua regenerada que depuran, algo que sí sucede en Alicante y Murcia. «Madrid consume del orden de 600 y 700 hectómetros del Tajo, también con sus afluentes hasta el Canal de Isabel II. Se sube agua a Madrid desde donde sea necesario».
500 millones
El Gobierno anunció el martes que, para sustituir los recursos que dejará de recibir la provincia en los próximos años, se ampliarán y conectarán las plantas desalinizadoras con una inversión de 500 millones de euros hasta 2027. Melgarejo dice que la desalinización solo puede ser de uso complementario porque su coste, no solo económico, también ambiental, es muy elevado. En este aspecto el miembro de la mesa del agua de la Diputación indicó que el coste energético de un metro cúbico trasvasado por la infraestructura del Tajo-Segura consume un kilovatio mientras que generar un metro cúbico de agua desalinizada todavía supone un coste energético de kilovatio por metro cúbico. «Cuatro veces más de coste energético que, hay que recordarlo, no se cubre con energía renovable».
Para el profesor es «un contrasentido absoluto que el Ministerio de Transición Ecológica quiera sustituir los caudales del trasvase por los de la desaladora cuando es cuatro veces más caro energéticamente». La Generalitat plantea la construcción de plantas solares para rebajar esos costes energéticos de la producción de la planta desalinizadora, para la que se está redactando el proyecto de ampliación. Sin embargo, esas infraestructuras solares, como las que se están planteando de forma masiva en suelos de secano, además de la inversión necesaria, arrastran unos costes ambientales importantes de ocupación de territorio fértil. «Son infraestructuras con efectos a 25 años. No hay nada que sea inocuo». No hay que olvidar además que buena parte de la comarca y Murcia sigue sin estar conectada con colectores a esa producción de la desalinizadora torrevejense -que ahora se sitúa en 80 hectómetros.
