La consellera de Agricultura, la ilicitana Mireia Mollà, se entrevistó ayer con responsables de la Mancomunidad de Propietarios de Riegos de Levante Margen Izquierda, en Elche, ante la complicada situación por el recorte del Tajo-Segura, tanto por la modificación de las reglas de explotación (lo que supondría perder 70 hectómetros cúbicos anuales). Como, según se supo este lunes, por la decisión de incrementar el caudal ecológico del río cedente, lo que sería otra pérdida, y de forma progresiva, de 40 a 80 hectómetros cúbicos al año de aquí al horizonte de 2027. Y esto es así porque los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) pasarán de soltar los actuales 6,2 metros cúbicos por segundo a siete metros (en el momento inicial) y al cabo de un lustro llegarán al punto máximo de 8,5.
Mireia Mollà dijo que «es obvio que hemos conseguido de una propuesta inicial de 8,5 metros cúbicos, que había hace escasas semanas, que las cosas se muevan y cuando se mueven hay que reconocerlas para que se sigan moviendo». La consellera explicó que «nuestra actitud es dialogar y demostrar la repercusión socioeconómica que supondría (el recorte) para un sector estratégico no solo de la Comunidad, sino de España y de Europa».
Insistió en que se está modificando la idea inicial del Gobierno, «yo creo que hay capacidad y actitud de dialogo. Esa es la viva demostración de que en estos seis meses vamos a conseguir que se siga moviendo lo que es razonable y acabar con todos los frentes abiertos y resolviendo un problema global». También se refirió a que no hay alternativa al trasvase, «el agua, venga de donde venga, es un recurso cuando se puede pagar, no solo tiene que estar disponible, por tanto se tiene que poder pagar y eso forma parte de las negociaciones y conversaciones. Cuando el Gobierno informa de que va a invertir 500 millones en las desaladoras todavía hay cuestiones por resolver, antes incluso de ese anuncio, que son injustas, y que hacen el recurso a las desaladoras como inasumible», dijo. «El tasazo (el pago por mantenimiento de las tuberías del trasvase) que se aprobó en el anterior ejecutivo nacional tiene que eliminarse y vamos a pelear por ello. Desde la Conselleria estamos dispuestos a hablar, a sentarnos, ver de qué manera podemos ayudar para que los recursos que vengan de la desaladora sean pagables porque si no, no es un recurso».
La consellera cree que esos 7 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico en que va a incrementarse el Tajo, que suponen 40 hectómetros cúbicos, que se recortarán del trasvase, «creo sinceramente que vamos a conseguir que el caudal fijo se vaya a quedar en esos 7 metros. No tiene una lógica que se realicen unas obras y pensar al mismo tiempo que no van a ser para mejorar el río porque si no, no se hacen. Si ahora se puede asumir 7 metros por segundo y se va a invertir en depuración en Madrid para aliviar de carga sucia que llega al Tajo, quiere decir que al final de esas inversiones mejorará la situación del río, y por tanto no tiene sentido plantear en ese horizonte de culminación de inversiones ese aumento de caudal (hasta los 8,5 metros cúbicos por segundo). Es un contrasentido».
El tasazo cuesta 2,5 millones de euros al año
«El tasazo tiene que eliminarse y vamos a pelear por ello», dijo ayer Mireia Mollà, mientras Berenguer cifraba en 2,5 millones de euros su coste anual. El tasazo es el coste del mantenimiento de los tubos del trasvase, pase agua o no. El presidente de Riegos de Levante, según la Conselleria, «valoró muy positivamente la reunión y el apoyo del Gobierno valenciano para explorar fórmulas de ayuda y ambos han asegurado que defenderán las reivindicaciones compartidas con informes técnicos que acreditan su propuesta». Riegos de Levante pidió a Mollà una reunión con el presidente Puig.
