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El precio del agua desalada será el doble que la del trasvase pese a la previsión reducción del coste energético con energía fotovoltaica

La provincia desala ya 250 hectómetros - El 99% de los 80 hectómetros que produce Torrevieja acaban en la huerta; la mayor parte, en la de Cartagena

Imagen aérea de la desalinizadora de Torrevieja, junto a la laguna rosa. TONY SEVILLA

El Gobierno ve en la desalación la «solución inteligente» para garantizar el suministro de agua al Levante y encontrar con ello una justificación perfecta al recorte del trasvase Tajo-Segura, al punto de que los agricultores temen que esto será su muerte pero, ¿cuánto cuesta el agua desalinizada para el riego agrícola? Los regantes pagan 0,58 céntimos por metro cúbico. Es más del precio que deben aportar por el agua del trasvase Tajo-Segura, que en su tarifa más alta, de 0,17 céntimos por cada metro cúbico que reciben, todavía es tres veces menor del coste del agua del mar. Si las promesas del Ministerio de Transición Ecológica se cumplen, la inversión de 500 millones de euros previstos para interconectar la plantas desalinizadoras dedicadas a la producción agrícola y la construcción de plantas solares que rebajen la factura del consumo energético, el precio a pie de bancal podría reducirse a 0,30 euros por metro cúbico. Todavía será prácticamente el doble que el agua del trasvase, pero cuando el recurso es escaso las desventajas dependen del cristal con que se mire.

La desalación no es una recién llegada en Alicante, desde hace 30 años funcionan instalaciones, las primeras de ellas sufragadas por la propia Diputación en pequeños municipios allá por 1988. El uso de agua desalada en agricultura también tiene ya larga trayectoria en la provincia donde un 34% de su producción se dedica a regadío. Muy por encima de la media del 23% de España, uno de los mayores productores de agua desalada del planeta junto a los «desiertos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes»-, y desde luego del mundo con sólo un 2% de agua desalada utilizada en agricultura. Pero su producción genera una serie de costes, energéticos, ambientales y por supuesto también económicos, que la ponen siempre en el punto de mira. «Garbillar» el agua del mar mediante presión y microfiltrado para retirar su contenido en sal -35 gr/l-, lo que se conoce como proceso de desalinización, tiene un precio. Y hay que pagarlo.

La provincia de Alicante cuenta con más de 180 instalaciones de desalación que tienen capacidad de producción superior a 1,5 m3/día. De ellas, 46 pueden producir más de 1.000 m3/día, pero las de Canal de Alicante I y II, El Campello/Mutxamel, Xàbia, terciarios de Rincón de León y Benidorm, Denia Racons y la de Torrevieja, ya representan por sí solas el 81% de la capacidad instalada en la provincia, que asciende a 250 hm3/año. Son datos aportados por el catedrático Daniel Prats y el investigador Antonio Jódar, del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, en su análisis sobre la desalinización como oferta de recurso hídrico no convencional. Su coste tampoco lo es.

Acuamed, la empresa pública que opera la planta desalinizadora de Torrevieja -ejemplo de lo mejor y lo peor de esta fuente inagotable de agua-, asegura que para producir un metro cúbico de agua del mar desalinizada (mil litros) es necesario emplear 3,5 kW de energía. Jugando con las cifras de este coste se podría decir por ejemplo que con la energía necesaria para producir solo un litro y medio de agua desalada, contenido de una botella de agua mineral estándar, se podría mantener encendida una bombilla led una hora. Esa misma bombilla podría estar encendida durante 6 millones de años seguidos con la energía que la planta desalinizadora de Torrevieja empleó en 2019 para producir sus 76 hectómetros cúbicos de agua: el equivalente al llenado de 22.000 piscinas olímpicas.

La de Torrevieja es la desalinizadora más potente de Europa (80 hm3/año) y una de las mayores del mundo entre las que cuentan con tecnología de ósmosis inversa. Fue la instalación «estrella» del Programa Agua que puso en marcha en 2005 el Gobierno central, y con su elevada capacidad de producción sigue siendo la pieza clave del Ministerio en su mensaje de ofrecer un recurso hídrico viable y alternativo al recorte del caudal del Tajo. Comenzó a funcionar a lo grande en 2014 pero fue concebida para ser más grande todavía, porque sus obras de distribución, conducciones e instalaciones, fueron proyectadas para aumentar en un 50% su capacidad de producción pensando en futuros aumentos de la demanda. La paradoja era inevitable: la «ciudad de la sal» se convirtió también en referente mundial de la desalación. En su análisis sobre la desalinización los investigadores del Instituto del Agua destacan que su objetivo principal era «complementar los volúmenes correspondientes al trasvase Tajo-Segura para abastecimiento y regadío que pueden no trasvasarse por escasez de recursos en la cabecera del Tajo, o al menos reducir el déficit de aplicación de las zonas regables dependientes del trasvase».

Desde mediados de 2019 produce al máximo de su capacidad, 80 hectómetros cúbicos y ahora se redacta el proyecto de ampliación para que pueda producir hasta 120. Los siete años que el plan de cuenca de Tajo se da para aumentar gradualmente los caudales ecológicos tienen mucho que ver con el tiempo necesario para construir la ampliación y conectar la entrega del agua producto a los regantes.

Se invirtieron 215 millones de euros, además de los 80 del coste de explotación que realiza Acciona por 15 años de concesión. En su haber se menciona también la investigación que se mantiene en la Audiencia Nacional por el supuesto sobrecoste sin justificar en su construcción de 20 millones de euros que hizo caer a la anterior cúpula de Acuamed. A la factura de la desaladora torrevejense se añade la inversión millonaria en el tendido de alta tensión y las tres subestaciones eléctricas (Torremendo, La Marquesa y Torrevieja) que desde 2019 han garantizado el suministro para duplicar la producción, aunque de paso vienen muy bien para garantizar el suministro eléctrico a buena parte del «turistizado» litoral de la comarca.

Si en 2016 la producción de agua desalada en Torrevieja fue de 33,5 hm3, en 2017 se pasó ya de 44 hm3. Y aunque en su informe de viabilidad el Gobierno destacaba unos usos previstos de 40 hm3/año para abastecimiento urbano y 40 hm3/año para regadío, los últimos datos disponibles de 2019 señalan que el 99% de los 80 hectómetros producidos durante ese ejercicio se destinaron al regadío de las comunidades del trasvase; en especial, las del Campo de Cartagena.

¿Nuclear del mar?

Al coste energético en su producción se añaden otros secundarios relacionados con las propias características del agua producida mediante desalinización. Es tan pura, casi agua destilada, que tanto para el consumo humano como para el agrícola debe someterse a un proceso de remineralización en una sección completa de la propia planta. Especial atención merece su contenido de boro, que pese a su doble proceso de tratamiento sigue generando rechazo entre los agricultores por considerar este agua dañina para algunas plantas y árboles, de ahí que se pida que el agua desalinizada destinada a riego sea mezclada con recursos de otras procedencias. El agua de la instalación torrevejense se mezcla en el embalse de La Pedrera, que se abastece de agua del Tajo y, de forma puntual, con agua del Segura.

Diluida como un vertido de salmuera queda la polémica ambiental que los agricultores que ahora se disputan sus recursos -la suma de su demanda de agua dobla la que puede producir ahora la planta- coreaban contra la desalinización llamándola «nuclear del mar» y que llegaron a bloquear. Los datos de control de la Generalitat, que supervisan los que realiza la propia concesionaria, han demostrado que la afectación a la pradera de Posidonia no se ha producido en los primeros años de explotación. Es mucho más peligrosa para este valioso hábitat la actividad constante de los barcos deportivos de pesca deportiva y recreo que fondean sin ningún tipo de control en la costa alicantina. El vertido se realiza en Torrevieja a través de un emisario submarino con difusores que se despliegan a lo largo del puerto de Torrevieja y los controles del Plan de Vigilancia Ambiental aseguran que las praderas de Posidonia oceánica no se ven afectadas.

Más del 90% de la producción para riego se destinará a Murcia y Almería 

Sesenta y dos comunidades de regantes de Murcia y Alicante han solicitado una concesión por 25 años de 163 hectómetros cúbicos de agua de la planta desalinizadora de Torrevieja, en un proceso que sigue en exposición pública. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está dispuesta a autorizar una suma de 112 hm33 anuales -con la ampliación prevista de aquí a 2027 la planta podrá generar 120 anuales-. Eso compromete tanto la capacidad actual de producción de agua desalinizada como la prevista en la ampliación, sin tener en cuenta que la prioridad sería el suministro urbano en caso de sequía. La mayor parte del agua se destinará al riego en comunidades de usuarios de Murcia y, en menor medida, Almería, mientras el 12% se quedará en la provincia. Solo la todopoderosa Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena consumirá el 52% del total (59 hm3), pero también se destinan a Almería en Pulpí ( un hm3), Vera (0,8) o Almanzora (2). La CHS acepta solicitudes muy importantes para Lorca (4,2 hm3), Totana (3,5), Alhama de Murcia (3,3) o Calasparra -Cieza (5,9). En Alicante solo la Comunidad de Riegos de Levante Margen Izquierda con 5,1 hm3, la de Albatera (1,5) y La Murada (0,9) tendrían garantizados aportes significativos. Mientras cinco de sus principales comunidades de regantes, todas de la Vega Baja y situadas muy cerca de la planta, han sido excluidas del procedimiento con el argumento de la CHS de que ya cuentan con recursos suficientes de aguas regeneradas terciarias de la depuradora de Torrevieja. Son el Margen Derecha de Pilar de la Horadada, Santo Domingo, La Dehesa de Orihuela, Campo de Salinas en y la de San Miguel con más de 7.000 hectáreas de riego y miles de comuneros.


500 millones de euros para interconectar las plantas desalinizadoras y reducir la factura con energía solar 

Cerca de 14.000 hectáreas distribuidas en la margen derecha del río Segura, entre Guardamar y Pilar de la Horadada, pueden recibir caudales directos de la planta desalinizadora de Torrevieja. Pero el resto, que supone el 75% del de riego de la provincia, carece de esa conexión directa. Para resolver este problema el Ministerio de Transición Ecológica cuenta con un anteproyecto de obra de enorme envergadura que permitirá bombear el agua desde una altura de unos 70 metros en Vistabella hasta la Sierra de Pujálvarez, a más de 350 metros. Desde allí conectaría con Alhama de Murcia y distribuiría el agua al interior de la Región , incluyendo las zonas regables de Totana, Cieza o Lorca. Y desde Ojós el agua iría a La Murada, Benferri, Albatera, Crevillent y a todo el campo de Elche. En definitiva, se trata de construir una obra completa de ramales del postrasvase pero a la inversa. 

El Gobierno proyecta una enorme infraestructura para conectar la desalinizadora al interior de Murcia y Elche con un elevado coste ambiental porque pretende elevar el agua hasta la Sierra de Pujálvarez y conducirla por gravedad hasta Alhama de Murcia

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Es una de las obras que el Ministerio para la Transición Energética ha anunciado esta misma semana, al tiempo que confirmaba el nuevo recorte del trasvase por el aumento de los caudales ecológicos del Tajo. Una inversión de 500 millones de euros para ampliar y conectar las desaladoras de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja. Además de las infraestructuras de interconexión, el Gobierno quiere entrar de fondo en aplicar energías renovables en las infraestructuras de transporte para abaratar el precio del agua desalada y rebajar el coste ambiental de la producción. Una reducción cuyo impacto estimado en la factura energética se sitúa en torno a los 20 céntimos por metro cúbico. 

 El sector se muestra sin embargo muy escéptico. En 2017, con el cierre inminente del trasvase por la sequía, la promesa de subvenciones para el agua desalinizada nunca se llegó a materializar. Las obras de infraestructura plantean además serios inconvenientes ambientales y técnicos como el paso del canal por Pujálvarez y la protección como Paisaje de Sierra Escalona. ¿Quién va a pagar esa inversión? Ministerio y Generalitat aseguran que se podrán sufragar a través de la captación de fondos europeos de reconstrucción covid. Pero el agricultor no lo ve tan claro.

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