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TRASVASE José Vicente Andreu Nuevo presidente de Asaja Alicante

«Ni una gota del recorte del trasvase va al campo de Castilla-La Mancha»

Este ingeniero agrónomo de Torremendo advierte que la desalinización es inasumible para el agricultor por su elevado precio si no se subvenciona

José Vicente Andreu, en bancales de cítricos de agricultura ecológica de la Vega Baja. | TONY SEVILLA

El nuevo presidente de Asaja Alicante no tiene problemas a la hora de citar a todos los protagonistas, y no solo al Ministerio de Transición Ecológica, en esta compleja batalla por los recursos hídricos. Advierte que la desalinización es inasumible para el agricultor por su elevado precio si no se subvenciona. Además, la propuesta de concesiones a las comunidades de regantes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es que casi toda el agua a producir en la planta de Torrevieja se destine a Murcia, dejando 11.000 hectáreas de la Vega Baja sin suministro.

El agua de la desalinización parece que se impone como recurso para su utilización para la agricultura, pero ¿cómo cree que se puede resolver el problema que supone su alto coste económico?

¿Cómo se resuelve eso? Yo soy agricultor. Necesito que me sirvan el agua que me corresponde. Gastaré la menos posible porque el agua es cara. Yo me gasto 120.000 euros en agua al año y soy el primer interesado en reducir el consumo. Si la CHS o la ministra me dicen que el precio va a ser de 17 céntimos el metro cúbico, me da igual exactamente de dónde venga. Eso lo piensan el 99,99% de los regantes.

¿Y eso cómo se puede hacer?

Los agricultores solo quieren tener seguridad de que cada mes van a tener su dotación, pero al precio que estamos pagando el agua del trasvase. Lo que no puedo asumir es que si pago 17 céntimos por metro cúbico, que se van hasta 30, según los gastos fijos de cada comunidad, me la cobren a 80 céntimos, porque no puedo pagarla. Vamos a pérdidas. Un productor de cítricos en Sevilla apenas tiene que pagar el agua, a lo mejor 100 euros de canon por hectárea al año. Si yo tengo que pagar 3.000 o 4.000 euros por hectárea, tengo que dejar la actividad. Si asumir ese cambio es por interés general porque hay que aumentar el caudal ecológico, ha de asumirlo el Estado. No me puede quitar un derecho que me otorgó hace 42 años en base al cual he montado mi estructura productiva, mi familia, mi negocio y decir que «ahora te va a costar el 300% más». Eso no lo admite ninguna actividad económica. En Murcia, funcionan muchas desalinizadoras nuevas como Valdelentisco, Águilas o San Pedro del Pinatar. Pero son los agricultores los que las han pedido y pueden asumir ese incremento del precio del agua por su tipo de actividad intensiva. Pero si viene una desalinizadora como la de Torrevieja a sustituir el aporte del trasvase, no podemos asumir la diferencia y esa es la pelea de verdad. No hay más solución que el Estado asuma esos 25 o 30 millones de euros al año de sobrecoste del agua. Es decir, todos.

Luego Asaja insiste en el problema de la calidad...

Sí, es un agua de calidad pero que hay que remineralizar. No solo para la agricultura, para diluir el boro, también para el suministro urbano. Siempre debe terminar mezclándose con agua del trasvase o de la cuenca. Y también hay que pensar en cómo quieren conectar la planta con Murcia, elevándola a la cumbre de la Sierra de Pujálvarez para luego trasladarla a 65 kilómetros hasta el azud del Segur en Ojós (Murcia). Con un proyecto que técnicamente se puede hacer pero que es una locura ambiental y desde el punto de vista del coste económico.

Después de las manifestaciones contra las nuevas reglas de explotación, ¿qué más se puede hacer por defender la llegada de agua?

Sobre todo, tenemos que dar visibilidad al problema que se puede ocasionar. La sociedad no es consciente de lo que supone la agricultura de regadío para la provincia, para la Comunidad y para el país también. En estos últimos 18 meses, con la crisis covid, es la única actividad que ha mantenido su ritmo de trabajo, que ha crecido en empleo y que ha soportado una situación tan crítica ofreciendo garantía alimentaria y además redistribuyendo riqueza. Se olvida a veces que la actividad agrícola es la que más redistribuye la riqueza porque emplea mucha mano de obra.

¿Confía en que las alegaciones al plan de cuenca sirvan para algo?

Vamos a alegar, por supuesto, aunque no sé dónde va a llegar a eso.

¿Y qué queda por hacer entonces?

Hay que meter presión a los políticos y hacerles ver que de esta forma no se puede. Nos creemos que los políticos conocen nuestra situación y a veces no tienen ni idea. Por ejemplo, el presidente Ximo Puig no sabía el problemón de que van a dejar a Alicante sin agua desalinizada, en el proceso de concesiones abierto por la CHS por 25 años en el que la mayor parte del agua se cede al Campo de Cartagena. Cuando fuimos a entrevistarnos con él no tenía ni idea. La CHS está en Murcia y tienen mentalidad murciana.

¿Y a qué se refiere con ese término de mentalidad murciana?

Todo para ellos (sonríe). Quieren dejar a poblaciones como San Miguel de Salinas, Los Montesinos o Pilar de la Horadada, que ya sufrirán el recorte del trasvase, en más de once mil hectáreas, sin agua de la desalinizadora también. Precisamente a los municipios que tienen la planta más cercana y la toma directa, y que son los que soportan el impacto ambiental. Su argumento es que ya tienen concesión de agua de depuradora… pero ¡como el resto de comunidades de Murcia, que además tienen 80 hectómetros de desalada! Y eso no lo contemplan… porque la quieren toda. Yo puedo patalear porque soy un agricultor, pero si el presidente de la Generalitat descuelga el teléfono, el presidente de la nación le tendrá que atender.

¿Qué postura tiene Asaja Castilla-La Mancha sobre las previsiones del plan de cuenca del Tajo?

Se habla del problema de la despoblación pero la actividad económica en el campo va a menos. Asaja Castilla-La Mancha va a denunciar públicamente que no es un plan que tenga en cuenta la actividad agrícola y no destina ni un metro cúbico, ni una gota más de agua, a la agricultura de la propia cuenca del Tajo. Los planes van más en la línea de menos actividad agrícola. No prevén un relevo generacional ni la revitalización de los pueblos. Asaja dice que con el agua bien administrada hay para todos los usos, pero no se puede pretender que solo se incrementen los caudales ecológicos, que es la obsesión de la actual ministra. Los compañeros de Asaja Castilla-La Mancha dicen que la transición ecológica está chafando al reto demográfico porque el gran problema de la España vaciada, que no vemos en Alicante, es que no se contempla nada la revitalización del mundo rural, y hace falta invertir en agua, en medios, en fibra óptica, …

Los colectivos conservacionistas aseguran que el sector agrario, y también el inmobiliario, están instalados en un bucle en el que la oferta de agua nunca va a ser suficiente para atender la demanda...

Vivimos en la tercera área económica del país detrás de Madrid y Barcelona. Y solo aquí, con diferencia, tenemos esta necesidad de agua. Salvo un año, nunca ha llegado el agua que estaba prevista, 600 hectómetros al año. Una vez en 42 años. No reivindicamos más agua, pedimos que se cumpla, en la medida de lo posible, lo que estaba previsto en la ley. Si el trasvase no da los 600 hectómetros anuales previstos, hay que buscar alternativas, lo que no puedes hacer es reducirnos caprichosamente el volumen de agua, porque lo que pretende ahora el Gobierno es una reducción por el aumento del caudal ecológico del Tajo cuando los estudios demuestran que no es necesario. El Tajo está vertiendo del orden de 5.000 hectómetros más de lo que dice el convenio de España con Portugal, una cantidad de 2.500 hectómetros, y estamos tirando del orden de 5.000. Nuestra discusión en Alicante y Murcia es por 100 hectómetros, pero en vez de 5.000, van a tirar 5.100 a Portugal. Más de lo conveniado. Los ríos tienen que estar vivos, eso está clarísimo, porque en eso nos va nuestro porvenir y viabilidad. No hay que aprovechar los ríos al 100%. Pero entre que pasen a Portugal 2.500 hectómetros a que pasen 7.000, creo que hay margen de juego para que a estas tierras lleguen cien hectómetros más.

«La subida del precio del agua arrasará a los pequeños agricultores»

Asaja considera que el Gobierno debería replantearse su política de infraestructuras tras el fracaso del trasvase Júcar-Vinalopó

La ampliación de la desalinizadora, la energía fotovoltaica o la conexión entre infraestructuras es lo que se ha planteado como solución al recorte del envío de agua del trasvase de aquí a 2027.

¿Cree que las obras previstas resolverán el problema?Detrás de esas obras también están los intereses de las constructoras. No tenemos que olvidarnos de eso. Si han prometido 8.000 millones de euros en obras en los planes de cuenca… Hay 4 o 5 constructoras en el país a las que les interesa muchísimo.¿También lo tenían con el trasvase del Ebro?Era inviable. No se podía coger agua de Tortosa, cerca de la desembocadura, para beber. Igual que es inviable el trasvase del Júcar-Vinalopó desde su desembocadura, en el azud de La Marquesa, porque trasvasar agua que está a punto de llegar al mar es una barbaridad. Pretender el gasto de energía y obras para no trasvasar un agua de calidad es una locura. Hay que recoger poca agua pero buena. Desde Cortes de Pallás. No la que ya va cargada de herbicidas, nitratos y metales pesados. El trasvase Júcar-Vinalopó está muerto. Se han gastado 400 millones y no han resuelto el problema. Su fundamento era quitarle presión al acuífero de Villena, el Medio Vinalopó y el consumo humano de Alicante para arriba. Está saturadísimo. Y para 2027 la directiva europea del Agua fija que se cierren los pozos hasta que los acuíferos estén equilibrados. Sabemos lo que pasa con las obras. En la planta de Torrevieja, con los sobrecostes, donde los directivos terminaron en la cárcel, y lo que pasó en el juzgado de Aguas de Orihuela, con la reposición de los servicios de canales de agua del AVE. Queremos las obras que sean necesarias y útiles, no éstas. Se va mucho dinero.¿No tienen la sensación de ser utilizados como punta de lanza de otros sectores económicos de la provincia?Al sector inmobiliario el agua se le da por hecha. Consiguen los certificados de garantía de suministro de los ayuntamientos. Y les da igual de dónde venga porque el margen económico que tienen es muchísimo más elevado que el de un agricultor. Una modificación en el precio para los agricultores, aunque pueda parecer pequeña porcentualmente, es importantísima y supone la diferencia entre que la actividad agraria sea viable o no lo sea. Esta modificación de normas va a castigar mucho al pequeño agricultor. Se lo va a barrer. Los va a triturar. Es el abandono. La pérdida del relevo generacional. El final para muchas parcelas de cultivo.


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