El Tribunal Superior de Justicia de València (TSJCV) ha desestimado el recurso de la promotora de la urbanización oriolana de lujo del PAU 21 que reclamaba la anulación de la declaración de Paisaje Protegido de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor. Más de 10.000 hectáreas de un hábitat específico compuesto por un mosaico de zonas agrícolas, monte mediterráneo, bancales de secano y pinares que se distribuyen por las Sierras Escalona, Pujálvarez y del Cristo. Un entorno que cuenta con una densidad única en Europa de parejas reproductoras de rapaces como el búho real.
La sentencia solo reconoce al PAU21 algo que la declaración de protección de Escalona como Paisaje Protegido (aprobada en octubre de 2018) no llegaba a cuestionar: la propia exclusión de los terrenos de este desarrollo urbanístico aprobado hace 15 años de aquellos calificados como «protegidos». El tribunal viene a decir que la promotora, que está desarrollando su plan urbanístico sobre 400 hectáreas en una de las zonas mejor conservadas del paraje, no podía reclamar desproteger de todo el espacio natural sólo por una parte. En contra de la reclamación judicial se había personado la abogacía de la Generalitat para defender su propia decisión de blindar la sierra y la dehesa, que además desde hace 4 años cuenta con su propio equipo de agentes ambientales, con actividades de divulgación del paraje, y con la intervención de los colectivos conservacionistas y vecinales Amigos de Sierra Escalona y Asociación de Vecinos de San Miguel Arcángel.
El portavoz de Amigos de Sierra Escalona, Miguel Ángel Pavón, valoró «positivamente» la decisión y puso en valor el papel de los colectivos conservacionistas en estos procedimientos a través de su personación en las causas abiertas por las promotoras para desproteger la zona. «No solo era cosa de la administración y las empresas. Esto demuestra el papel de colectivos que llevan muchos años peleando por la protección de Sierra Escalona». Además recordó que falta todavía la consecución de la figura del Parque Natural para este espacio, reivindicada desde hace más de dos décadas, pese a que se anunció en 2006 y de nuevo en 2015. ASE cree que la Generalitat -y los técnicos de Medio Ambiente- sí tienen voluntad de llevar a buen término esa tramitación. De ahí que ya se esté abordando el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), aunque Pavón interpreta que la Generalitat percibe el espacio natural, el más meridional de la Comunidad, como «muy lejos de València».
Las promotoras que forman parte del PAU 21 solicitaban paradójicamente esa desprotección cuando el principal reclamo de publicitario para promocionar sus viviendas y su campo de golf es precisamente el paraje único en el que está enclavada la urbanización. Una promoción, con un solo acceso restringido por seguridad privada, vallas automáticas y control de matrículas por videovigilancia pese a que sus viales son públicos y propiedad del Ayuntamiento de Orihuela y que describe una cuña urbanizable en el corazón de la sierra.
Su aprobación desató una gran polémica a mediados de la década de los dos mil, que en parte desembocó en el proceso de moratoria del desarrollo de planes parciales durante el boom inmobiliario y su protección posterior, ayudada, eso sí, por la crisis del ladrillo.
La resolución judicial llega cuando los tribunales ya habían tumbado otros tres recursos de agroinmobiliarias con el mismo objetivo de anular la decisión de la Generalitat de 2018. El Tribunal Supremo (TS) desestimó la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto por Naranjas del Sureste y Ángel García Lorente contra la sentencia del Tribunal Superior valenciano que desestimó su recurso contra el Paisaje Protegido de Escalona. Con estas resoluciones judiciales, además de impedir la nulidad de la protección se mantienen dentro del ámbito del Paisaje un total de ocho millones de metros cuadrados de suelo de alto valor ambiental -826 hectáreas- en Sierra Escalona y su entorno. Grupo Montepiedra solicitaba sacar 462 hectáreas de la finca Campoamor, la inmensa mayoría en Orihuela y una pequeña parte en Pilar, en los suelos protegidos por la Generalitat más cercanos al frente litoral; Naranjas del Sureste y Ángel García Lorente, pretendía excluir otras 260 hectáreas al pie de la umbría de Escalona, todas en Orihuela y en Torremendo, en una de las zonas mejor conservadas del Paisaje Protegido; y Lomas de Campoamor, pedía que 104 hectáreas quedaran fuera del ámbito de protección: 65 en San Miguel en la cabecera del barranco del Lobo -zona que antes de dedicarse a la explotación agrícola fue roturada- y 39 en Pilar de la Horadada, junto a la finca de Campoamor. Las empresas mantenían en el recurso que la protección podría impedir la actividad que ejercían en esos suelos.
Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), indicaban que el Paisaje Protegido en ningún caso prohíbe a esas explotaciones seguir con su actividad habitual. También alegaron la falta de valores ambientales de los terrenos. La abogacía de la Generalitat y los ecologistas recordaron que se incluyeron dentro del ámbito precisamente por su valor ambiental y el que sumaban al conjunto de las más de 10.000 hectáreas protegidas.
