Varapalo judicial para el alcalde de Callosa de Segura, el popular Manuel Martínez. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche ha anulado el decreto de Alcaldía relativo a la reorganización y funcionamiento de la Policía Local que aprobó el regidor. El PSOE lo denunció por dotar de funciones a un oficial que debería cubrir el intendente, entre otras irregularidades, y ahora le da la razón la justicia, que tumba ese decreto. Martínez creó el cargo de oficial coordinador, hasta entonces inexistente, dando funciones a un oficial que desempeñaba el intendente, de rango superior. Según los denunciantes, el regidor vulneró la ley de Policías Locales de la Comunidad Valenciana. El alcalde hizo dos decretos, uno con la estructura y otro con el nombramiento.
La sentencia señala que los decretos municipales impugnados contravienen frontalmente la Ley autonómica al designar a un oficial coordinador como responsable de la coordinación y supervisión de todas las unidades operativas de la Policía Local de Callosa de Segura, así como hacerle responsable de todos los servicios operativos, «ostentando en consecuencia el mando directo de toda el área de coordinación e intervención creada por el Decreto». El juez señala que la ley es clara al señalar que es el intendente jefe del cuerpo quien debe organizar las unidades y servicios, planificar las actividades así como ejercer el mando y responsabilidad inmediata de las unidades y servicios policiales, al no haber cargo de inspector en el municipio.
También explica que contraviene el precepto que exige que la jefatura «inmediata y operativa» del cuerpo de Policía Local la ostente el funcionario de carrera que tenga la máxima categoría existente en la plantilla del Ayuntamiento, que en este caso es el intendente jefe. El juzgado rechaza los argumentos del Ayuntamiento del principio de autoorganización porque «no es una patente de corso para esquivar los preceptos legales». y señala que el alcalde actuó con «arbitrariedad». Tampoco considera la justicia como válido el informe jurídico aportado por el Consistorio por citar preceptos legales básicos no aplicables al municipio y legitima al portavoz del PSOE, Fran Maciá, para interponer un recurso como éste, pese a lo que mantenía el gobierno local de PP y Cs. Y culmina el juez manifestando la escasa solidez de la contestación del Ayuntamiento a la demanda interpuesta. «El cúmulo de errores de la contestación a la demanda es tal que no puede sino advertirse del escaso rigor desplegado por el Ayuntamiento demandado ante un recurso contencioso administrativo interpuesto en vía judicial».
El alcalde callosino anunció ayer, a preguntas de este diario, que el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia. Manuel Martínez señala que ha generado «incomprensión» en el equipo de gobierno. «Posiblemente, no hayamos conseguido explicarle bien al juez cuál era la intención de ese decreto, que en ningún momento quitaba competencias a ningún policía, sino que simplemente se hacía una distribución en función de la carga de trabajo que existía en ese momento», explicó el regidor, quien puso de manifiesto que loa probó tras haber tenido que cesar a 11 interinos en enero 2020 por la entrada en vigor de la nueva legislación.
«Entendíamos que en nada podía interferir esto con la legislación vigente al seguir el oficial coordinador en todo momento bajo las órdenes del intendente», defiende Manuel Martínez, quien añade que «es reseñable que el intendente siempre tuvo la potestad de modificar o revocar las órdenes dadas por el oficial coordinador, pero nunca realizó ninguna modificación ni revocación de las mismas, de lo que deducimos que las compartía en todo momento». Y que el intendente informó «de buen grado» de esta estructura que «le deja más libre de trabajo administrativo», incluso delegó la firma en muchos documentos oficiales al oficial coordinador, asegura el regidor, quien pone de manifiesto que no supuso ninguna variación en las retribuciones de los puestos afectados.
