La urbanizadora, y propietaria de los terrenos del último kilómetro virgen del litoral de Orihuela, Cala Mosca, advierte que habrá una «cascada de indemnizaciones» si sale adelante la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario de Unides Podem-Esquerra Unida en las Cortes Valencianas que pretende explorar todas las posibilidades jurídicas posibles para revertir la ejecución del proyecto de urbanización mediante la desclasificación del suelo ahora urbanizable. La propuesta se debatirá el próximo martes 13 de julio en Las Cortes y, a tenor de la reacción de la propietaria de los terrenos, la mercantil Playa Salvaje SA, puede suponer un antes y un después para esta zona en la que se pretende construir unas 2.000 viviendas.
La PNL busca revertir el desarrollo urbanístico de la zona y la empresa defiende que tiene derechos adquiridos
La empresa ha enviado una carta a todos los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes de Las Cortes, quienes votan esa PNL, instándoles a que lo hagan en contra de la propuesta, advirtiendo a los diputados de que cuenta con la consolidación física y jurídica de los derechos inherentes a ese desarrollo urbanístico y porque resulta «económicamente inviable» ya que, de cambiarse la clasificación del suelo, pedirá el lucro cesante que estima en 213.473.600 euros, a lo que habría que sumar, añade, «la indemnización derivada de otros daños y perjuicios». Toda esa responsabilidad patrimonial, por la paralización de ese plan urbanístico o la alteración, modificación, reducción o supresión «de los derechos patrimonializados», señala en el escrito, la habría de asumir «en exclusiva» la Generalitat. Para calcular ese lucro cesante, Playa Salvaje hace una valoración de repercusión de 800 euros el metro cuadrado de pérdida patrimonial y entre los otros «daños y perjuicios» por los que pediría indemnización enumera los honorarios de proyectos y gastos, las obras de urbanización ejecutadas, la construcción del Centro Cívico de Alameda del Mar o la adquisición del 10% del aprovechamiento municipal. Además, amenaza con llevar el asunto a los tribunales.
El escrito, que firma el promotor Esteban Gomendio, indica que la Unidad de Ejecución 2 del Sector D-1 Alameda del Mar, del PGOU de Orihuela (Cala Mosca), ha tenido una tramitación urbanística «impecable» y que ya están ejecutadas al 70% las obras de urbanización, entre ellas la glorieta de acceso al sector y la red viaria interna, aunque actualmente se encuentran paralizadas al haberse detectado la presencia en el sector de flora y fauna amenazada y protegida, en especial la planta Jarilla de cabeza de gato y el caracol Tudorella mauretanica. En 2012, la Conselleria de Medio Ambiente evaluó ambientalmente el Proyecto de Urbanización y obligó al promotor a rehacerlo, lo que defiende la urbanizadora ya ha hecho proponiendo un estudio de sendas y un proyecto de restauración vegetal, reduciendo en 25.801 metros cuadrados la superficie lucrativa y en 8.830 la edificabilidad y ampliando en 50.447 metros la superficie dotacional pública y otros más de 50.000 para las especies protegidas.
La empresa señala que la PNL parte de un «cúmulo de inexactitudes y postulados contrarios a la realidad de ese desarrollo urbanístico» y que ignora «de manera intencionada» la consolidación física y jurídica que ha generado unos derechos, que, dice, tiene sobre esos terrenos frente al mar ahora libres de edificación. Insiste en que la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat le reconoce esos derechos y que cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental Favorable en 2018.
La PNL presentada por Unides Podem-Esquerra Unida rechaza la ejecución del proyecto de urbanización de Cala Mosca y pide estudiar las fórmulas de cooperación institucional para afrontar las posibles compensaciones económicas por la reversión de la actuación urbanística. Así, solicita al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), que cree una mesa de negociación en la que participen el gobierno local, los grupos de la Corporación, la administración autonómica, el Gobierno de España y la mercantil Playa Salvaje y que no eleve a pleno la propuesta de acuerdo definitiva de la modificación puntual del plan parcial. Este último punto para la urbanizadora es «ilegal» y podría alentar «a la comisión de un delito de prevaricación».
UP-EU pide no ceder a las «presiones» de los «lobbies»
La portavoz adjunta de la coalición Unides Podem- Esquerra Unida, Estefanía Blanes, ha pedido a los diferentes grupos políticos el apoyo a la PNL y que no cedan a las «presiones» de la empresa urbanizadora de Cala Mosca. «Hemos presentado esta propuesta porque creemos que tenemos la obligación y el deber de proteger este espacio natural y Las Cortes deben pronunciarse políticamente». Y denuncia las «presiones de intereses inmobiliarios» que han recibido los diputados para que no se apruebe esa PNL. Blanes anuncia que el escrito de la empresa «no nos va a parar y estamos seguros que el resto de grupos tampoco se van a dejar influenciar y nos van a apoyar».
Para la diputada, estos hechos demuestran la necesidad de regular en el reglamento de las Cortes "la actividad de influencia que los grupos de presión o "lobbies" quieren ejercer sobre las diputadas y diputados en el ejercicio de nuestra labor". En este sentido, la coalición de izquierdas ha adelantado que va a presentar una propuesta para incluir en el reglamento de las Cortes la regulación “para que estos intentos de influenciar en la toma de decisiones de las y los diputados sean públicas y conocidas y que se sancione a quien incumpla unos parámetros claros de legalidad y ética”, y ha finalizado diciendo “porque, como diputadas elegidas legítimamente por la ciudadanía, tenemos un mandato constitucional que cumplir y el deber de defender los principios políticos y el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, nada ni nadie puede perturbar nuestra labor por la existencia de intereses privados o económicos contrarios al interés general".
