Bigastro perdió ayer 2.030 metros cuadrados de su campo de fútbol municipal. O lo que es lo mismo, la familia propietaria de esos terrenos los recuperó después de 37 años de ocupación y 15 de procedimiento judicial. Lo hizo tras hacer efectiva a primera hora la toma de posesión y amojonamiento del terreno con el visto bueno de los juzgados de Orihuela, la ayuda de dos técnicos y el apoyo de la Guardia Civil. También acudieron efectivos de la Policía Local y una funcionaria del Ayuntamiento de Bigastro. Media hora después de comenzar el proceso y sin mayores incidentes, todo había acabado y lo mío, mío, y lo municipal, de todos.
La familia que ha estado reclamando durante estos años los terrenos lamentó la falta de respuesta de la alcaldesa Teresa Belmonte (PP) y de su equipo de gobierno para lograr un acuerdo y evitar llegar a este punto: la imagen insólita de una cinta atada con varias estacas que delimita lo que ya no puede utilizar el Ayuntamiento y que entra directamente en las dos porterías del campo auxiliar de fútbol de césped artificial -el fondo Este del recinto orientado al casco urbano de Bigastro-; y también afecta al recorrido de la pista de atletismo -ya no se puede dar una vuelta completa-, y que ahora está en manos privadas. Dentro de estos terrenos, ya en manos particulares , queda el propio muro perimetral del campo de fútbol y una nave con suministros e instalaciones que dotan a todo el recinto.
Los propietarios indicaron que el Ayuntamiento «a última hora y para intentar resolver el entuerto» ha terminado un expediente de expropiación forzosa donde los terrenos se valoran como rústicos, con un precio mucho menor al que corresponde, según los afectados, dado que lo que ha sido utilizado como suelo urbano dotacional, durante tres décadas y media no se han podido explotar como agrícolas, ni para otros usos, desde que fue construido el polideportivo municipal.
La sentencia de la Audiencia Provincial, que se ejecuta dos años después de dictarse, solo contempla la restitución de la finca original, en ningún caso su valoración económica o permuta por otros suelos. Aunque Ayuntamiento y propietarios sí que podrían haber alcanzado un acuerdo extrajudicial.
La sentencia que avala el amojonamiento de ayer prueba que en 1983 los terrenos fueron vendidos al municipio por un familiar de los propietarios, sin el consentimiento de éstos, pese a que existía una inscripción registral que impedía disponer de ellos y que ni el vendedor ni el Ayuntamiento -en aquel momento gobernado por José Joaquín Moya (PSOE)-, respetaron, según indica la resolución defendida por el abogado Jerónimo Sarmiento. El partido, de momento, queda pendiente de la prórroga.
La alcaldesa: «Vamos a velar por el interés general»
La alcaldesa Teresa Belmonte (PP) indicó que cuando la Audiencia dio la razón a los propietarios en 2019 inició una negociación para lograr un acuerdo extrajudicial «en el que los dueños pedían - a su juicio- cinco veces más de lo que valen los suelos». La regidora señaló que debe salvaguardar el interés general y cuando vio que no había acuerdo inició el proceso de expropiación forzosa considerando el suelo como agrícola y del que solo resta, aseguró, la «inscripción registral».
