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Ribera Salud asegura que Sanidad debe reiniciar todo el proceso para la reversión de Torrevieja

La concesionaria cree que el fallo del Supremo considerará ilegal un proceso de rescate de la concesión que se decidió sin informes económicos previos

Hospital Universitario de Torrevieja, en una imagen aérea. TONY SEVILLA

El Grupo Ribera Salud, gestor del departamento sanitario de Torrevieja, considera que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que falla sobre las reversiones de contratos de la administración pública anula el proceso de reversión iniciado por la Generalitat el pasado mes de octubre y le obliga, si quiere seguir adelante con su decisión de revertir la concesión, a comenzarlo de nuevo, desde el principio con los informes económicos que avalen si el rescate a la gestión pública es sostenible desde el punto de vista económico. Algo que supondría que la concesionaria seguiría gestionando el departamento con sus centros de salud y Hospital Universitario de Torrevieja, al menos durante doce meses más.

La gerencia del departamento de salud de Torrevieja realizó ayer una valoración oficial sobre la sentencia del Tribunal Supremo, publicada el pasado jueves, que, a juicio del grupo sanitario, «marca las reglas para llevar un proceso de reversión de una concesión administrativa».

Para el gerente en funciones del departamento, José David Zafrilla, el proceso de reversión impulsado por el Gobierno Valenciano en el Departamento de Salud de Torrevieja «se está ejecutando de forma ilegal y unilateral, sin tener en cuenta las consecuencias para los ciudadanos ni para los presupuestos públicos, y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes».

La misma fuente explicó ayer en rueda de prensa que la sentencia del Tribunal Supremo anula el fallo del TSJ de Valencia, que concluía que no hacía falta un informe económico para activar el proceso de reversión de servicios concesionales. Para Ribera este nuevo dictamen deja sin amparo legal el modelo de reversión aplicado en Torrevieja por la Conselleria de Sanidad y «demuestra la improvisación del gobierno valenciano», aseguró Zafrilla. Desde que se inició el procedimiento el pasado 14 de octubre de 2020 con la comunicación de las normas de reversión, «no se ha aportado ningún informe que justifique la repercusión y efectos financieros y presupuestarios de esta decisión, tal y como exige ahora la sentencia del Supremo. Los servicios jurídicos de Ribera consideran que la sentencia de la semana pasada se puede aplicar con carácter retroactivo. Es decir, que el proceso actual se invalida porque no se presentaron previamente esos informes. La sentencia, que crea jurisprudencia, marca un antes y un después en la colaboración público privada.

Ahora, a partir «de esta doctrina Ribera Salud», hay más garantías jurídicas, ya que el Tribunal Supremo obliga a presentar un expediente administrativo que incluya la valoración previa de repercusiones y efectos financieros y presupuestarios, conforme a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. «En caso contrario, el acto administrativo es nulo» señaló Zafrilla, por lo que, valora el gerente, «se trata de una excelente noticia para todo el sector concesional español». En cualquier caso, según Ribera, si la Administración mantiene su hoja de ruta, deberá iniciar de nuevo el proceso de reversión, aportando el informe económico que exige la ley, y «comunicarlo al menos con un año de antelación, que es lo que marca el pliego de condiciones, con el fin de ajustarse a la legalidad, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo».

Aval a la reversión

La administración autonómica ha hecho una interpretación de la misma sentencia totalmente distinta a la concesionaria. PSPV- Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida consideran que la resolución judicial avala su forma de actuar a la hora de revertir las concesiones sanitarias porque desestima la petición de Ribera de anular la llevada a cabo en el Hospital de La Ribera de Alzira en 2018. La resolución dice que pese a que la legislación no concreta qué informes hay que realizar la Conselleria de Sanidad emitió varios estudios sobre el coste de la gestión público-privada que justificaban la reversión.

El único informe emitido validaría la gestión de concesión, según Ribera

Para Ribera el único informe económico oficial que existe previo al inicio del proceso de reversión es la auditoría de la Sindicatura de Cuentas de 2016 que concluyó que Torrevieja era el área de Salud «más eficiente de la Comunidad Valenciana, que ofrecía mejores resultados en salud para el ciudadano y que suponía un ahorro de 45 millones para la administración pública, un coste de un 30% menos que el resto».

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