Representantes de Les Corts incidieron ayer en la gran ausencia de nueve representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en esta comisión. Tanto cargos públicos como técnicos de este órgano, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, declinaron participar en esta comisión sobre la Dana. Justificaron que «Les Corts se extralimitan en sus competencias al solicitar la participación de personas vinculadas a la administración general del Estado», según detalla el documento. Una valoración que los diputados no comparten, según el documento, donde dejan constancia que han intentado en reiteradas ocasiones que la CHS estuviese representada.
Sin embargo Enric Morera, presidente de Les Corts, exponía este miércoles a INFORMACIÓN que a pesar de esta ausencia «lo que se ha marcado en el dictamen tiene que implicar a la Confederación porque no son entes marcianos y alejados, es un ente que tiene que responder del Estado y si han declinado participar sus actuaciones estarán encaminadas a que cumplan y se lo haremos saber a través del Congreso de los Diputados».
Señalaba que en caso de que la Confederación no da respuesta a lo que se plantea, ya que hay muchas materias de su competencia, «estaremos atentos para que sigan el camino que entre todos nos hemos diseñado».
En cuanto a este dictamen, Morera también puntualizó que se trata de un documento «vivo» que tendrá su supervisión continua «y miraremos la concreción en cuanto a la actuación de instituciones que queremos que estén coordinadas en un objetivo final con pasos concretos, por lo que vigilaremos el cumplimiento del dictamen para asegurar el agua y la seguridad y tranquilidad ante catástrofes», remarcaba.
La comisión de la Dana por parte de Les Corts preveía la realización de 99 comparecencias entre expertos de las que solo 85 de ellas se materializaron.
El dictamen, que plantea numerosas medidas para reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental ante futuros episodios de Dana, se queda sin esta representación del organismo, lo que ya en su momento generó la oposición de los cinco partidos autonómicos y de los letrados de la Cámara que entendían que la presencia de los técnicos del Segura era relevante por ser la competente en la planificación y gestión del dominio público hidráulico.
