La Sección VII de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha desestimado en siete autos emitidos entre abril y junio cada uno de los recursos de apelación interpuestos por el alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón (PSOE), la teniente alcalde Rosa Belén Juárez y dos funcionarios, con lo que confirma su auto de procesamiento por la presunta comisión de hasta cinco delitos -tres de prevaricación, uno de cohecho y otro de acoso laboral-. La denuncia fue presentada por el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular, hace ahora 9 años.
La Audiencia considera en el auto de desestimación presentado por Butrón que el auto de procesamiento de la jueza de Instrucción está "suficientemente motivado y fundado en derecho" y señala que "no cabe duda que obran en la causa indicios suficientes de su participación "en la actividad delictiva a través de las diligencias practicadas, y en especial de la documental unida a las actuaciones y declaraciones, que justifican el auto de procesamiento” y reitera que “los indicios racionales de criminalidad contra el apelante se desprenden de las declaraciones testificales del denunciante y de los testigos presenciales de los hechos, así como de la prueba documental aportada”.
Banquillo
En términos similares se expresa la Audiencia para el resto de los acusados, la primera teniente de alcalde Ana Belén Juárez, y otros dos funcionarios. Además, la Audiencia desestima las peticiones de sobreseimiento y de práctica de prueba que habían sido formuladas por los acusados, al no proceder y resultar extemporáneas dichas solicitudes.
Resulta especialmente llamativo el argumento de uno de los acusados -el ingeniero técnico municipal A.F.P.- para reclamar la desestimación. En su recurso aseguraba que no se le había tomado declaración como imputado con letrado en este procedimiento y, por lo tanto, no podía ser acusado. La Audiencia también tumba este recurso al indicar que al examinar con detenimiento la causa que “resultaría que sí ha tenido lugar dicha declaración, en concreto, el día 13 de noviembre de 2012.”
Tras estas siete resoluciones que acaba de adoptar la Audiencia y con el auto de apertura de juicio oral dictado en agosto de 2020, al alcalde de Los Montesinos, su primera teniente de Alcalde, y otros dos funcionarios, tienen poco margen para el recurso antes del señalamiento del juicio oral y sentarse en el banquillo.
Las peticiones de penas a las que se enfrentan oscilan entre el año de prisión con privación del derecho de sufragio pasivo y 40.000 euros de indemnización que pide el Ministerio Fiscal, y los 8 años de prisión y 25 de inhabilitación que pide la acusación particular.
Butrón tiene otros dos procedimientos judiciales pendientes: Izquierda Unida ha recurrido el auto por el que se le declararon prescritos los supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio -discoteca Revival, nave industrial en Los Pérez y chalets ilegales en la huerta), y está pendiente en los Juzgados de Torrevieja otra querella por los presuntos delitos de cohecho, obstrucción a la justicia, amenazas condicionales, calumnias, injurias graves con publicidad y falsedad en documento público.
La situación procesal del alcalde de Los Montesinos, Butrón y la también secretaria provincial de igualdad del PSOE, Juárez, conllevaría según en el código ético del PSOE, la suspensión cautelar de militancia e incluso expulsión, al no haber dimitido de sus cargos una vez que se les comunicó el auto de apertura de juicio oral, que ahora se ha visto confirmado.
"OFRECIMIENTOS RETRIBUTIVOS" A CAMBIO DE TOLERANCIA DE LAS IRREGULARIDADES
La denuncia se interpuso por el funcionario jefe de Urbanismo en 2012 por los presuntos «ofrecimientos de aumentos retributivos» por parte del alcalde José Manuel Butrón, alcalde de Los Montesinos desde 1991, al denunciante a cambio supuestamente «de la tolerancia y silencio del mismo respecto a las irregularidades urbanísticas denunciadas, en torno a la discoteca Revival y determinadas naves industriales de Los Pérez. Las irregularidades urbanísticas fueron denunciadas por Izquierda Unida y el proceso ha sido archivado tras más de nueve años de investigación, aunque el archivo ha sido recurrido.
El escrito de acusación dice explica cómo el alcalde intentó presuntamente «aumentar escandalosamente su salario; denuncia que el primer edil retiró tras reconocer ante diversos testigos que la misma era falsa. Ahora esos testigos han depuesto en fase de instrucción; confirmando que todo era una estrategia del primer edil para tapar su propio y presunto intento de cohecho sobre el Jefe de Urbanismo".
En cuanto al delito de acoso laboral la instrucción recoge un supuesto proceso «de hostigamiento iniciado a fin de lograr que el jefe de Urbanismo abandonara su puesto de trabajo», también desde que se negara al aumento salarial y a obviar las irregularidades urbanísticas, acreditados «documentalmente» y con «grabaciones y con informes periciales», presuntas modificaciones «ilegales» de la Relación de Puestos de Trabajo, «vaciado del puesto de trabajo y traslado del Jefe de Urbanismo a un cuarto prefabricado alejado de todo contacto humano, degradación funcional, desprestigio público, ataques contra la intimidad, aislamiento social, presentación de denuncias penales falsas y archivadas -hasta un total de 7-, además de amenazas. Según refleja el procedimiento las principales «amenazas» se produjeron cuando el denunciante «tenía que aceptar en el nuevo Plan General que los terrenos de una importante mercantil sitos en Los Pérez eran urbanos», cuando se construyeron en suelo no urbanizable.
Los tres delitos prevaricación se corresponden a uno por «cada expediente disciplinario injusto abierto» al denunciante. La prevaricación consistió en que, presuntamente, los cuatro acusados alteraron «arbitrariamente el procedimiento administrativo para la apertura y tramitación de expedientes sancionadores; concertando la eliminación del informe preceptivo del secretario/técnico de personal y su sustitución por el informe de un letrado externo que, además, era el abogado de otro de los acusados»
