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La Audiencia archiva la denuncia que el alcalde de Torrevieja interpuso contra la secretaria y la oficial mayor

Los magistrados aclaran que no hay indicios de prevaricación ni malversación en la actuación de la fedataria, la oficial mayor ni el técnico de administración general denunciados por el regidor en diciembre de 2019

Eduardo Dolón y la secretaria general del pleno durante una sesión, en una imagen de 2020

Eduardo Dolón y la secretaria general del pleno durante una sesión, en una imagen de 2020

No hay indicios de prevaricación, ni malversación. Archivada. La Audiencia Provincial ha dado carpetazo a la denuncia que el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) interpuso en los juzgados en diciembre de 2019 contra la secretaria general del pleno, la oficial mayor, un técnico de administración general y una funcionaria del área de secretaría. Tres de de ellos forman parte de la cúpula del organigrama de funcionamiento del Ayuntamiento. El asunto ya fue archivado en primera instancia tras la declaración de los funcionarios como investigados, y de la del propio alcalde y el entonces interventor -también habilitado- que realizó el informe que sirvió para fundamentar la denuncia, en calidad de testigos.

En esencia, la denuncia señalaba que los funcionarios denunciados habían eludido tramitar la notificación de las plazas de órgano de apoyo de la junta de gobierno, director de la asesoría jurídica y secretaria general del pleno que creadas a instancias de la condición de municipio de gran población de Torrevieja en 2006, y que se habían beneficiado económicamente de esa circunstancia. Algo que la el juzgado y la Audiencia descartan.

Después de ser presentada la denuncia se aportaron los documentos que acreditaban no solo que la notificación de esas plazas estaba publicada de forma efectiva, sino también que existe una disposición transitoria en la legislación que admite como interpretación que aquellos funcionarios de habilitación nacional que ya estuvieran ocupando una plaza en la corporación, pueden ser nombrados por el Ayuntamiento para cubrir los puestos que nacen de la nueva organización municipal. Algo que se dio en el caso de la oficial mayor que ejerció como órgano de apoyo de la junta de gobierno.

A los magistrados de la sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche, que son los que han resuelto el recurso, "les llama la atención" que el alcalde interpusiera la denuncia 11 años después de producir "el acto que la origina y que adquirió firmeza en vía administrativa al no ser objeto de recurso". Y tampoco se podría haber recurrido por la vía administrativa porque el acto es firme.

Los jueces Joaquín María Orellana, Manel Martínez Aroca y Gracia Serrano Ruiz de Alarcón concluyen que "no habiendo indicios de prevaricación, no hay posibilidad de continuar con la instrucción de la causa. Pues, no apreciándose la prevaricación tampoco puede sustentarse la comisión del delito de malversación de caudales públicos, consecuencia de aquel".

El alcalde denunció a estos funcionarios en diciciembre de 2019 sin contar con un informe a los servicios jurídicos, firmar un decreto, decidirlo en junta de gobierno o aprobarlo en el pleno, que son las tres vías administrativas -previo informe- que Eduardo Dolón ha empleado durante sus mandatos para adoptar cualquier decisión de acción judicial. Lo hizo semanas después de que uno de los denunciados, el técnico de administración general hubiera informado en contra de la externalización de la elaboración de los pliegos del contrato multimillonario de la contrata de basuras.

Fue el Ayuntamiento recurrió el sobreseimiento inicial, y a pesar de que el alcalde Dolón llegó a asegurar públicamente que no se había recurrido, que el asunto estaba zanjado y que si se había hecho se hizo sin que él tuviera constancia, fue uno de sus asesores quien lo tramitó y pidió a los servicios jurídicos que impulsaran el recurso, tal y como tiene acreditado documentalmente este diario. Como acusación figuraba también la Asociación Justicia Real que se adhirió al recurso del Ayuntamiento contra sus propios funcionarios.

La denuncia se presentó en un contexto en el que el gobierno local atribuye a los altos funcionarios una supuesta falta de agilidad en la gestión municipal en paralelo de propiciar a principios de este mandato el fichaje por parte de Eduardo Dolón de cuatro directores generales: la directora general de Contratación y Recursos Humanos, el director general de Urbanismo, el director general de Economía y el director de la Asesoría Jurídica -que ya no está en el Ayuntamiento al agotar la semana pasada su comisión de servicios-, además del órgano de apoyo de la junta de gobierno local -que también ha cesado en esa función-. Plazas que están ahora por encima a nivel jerárquico de todos los jefes de Departamento.

EL FUNCIONARIO QUE DIO PIE A LA DENUNCIA DE DOLÓN SE HA IDO

El funcionario que realizó el informe que sirvió de argumento para que el alcalde llevara la denuncia a los juzgados, sin resolución previa de los servicios jurídicos y por recomendación, según indicó, de su abogado personal, ejerció durante un año como interventor y después como director de la asesoría jurídica. Mientras que el funcionairo aseguró que no podía dejar de informar sobre un asunto que consideraba irregular, el alcalde justificó la presentación de la denuncia en que la recibió de mano del que era interventor y podría haberse implicado esas supuestas irregularidades en caso de no ir al juzgado. Sin embargo, en otras administraciones sí es habitual que sean los funcionarios los que acudan directamente a los órganos judiciales sin mediación de los cargos públicos, que no están obligados a intervenir en su presentación.

El puesto de asesor jurídico quedó vacante el pasado lunes tras agotarse los dos años de comisión de servicios con los que contaba este técnico, que es además secretario del Ayuntamiento de Águilas.

El puesto de asesor jurídico acaba de ser cubierto por el funcionario que ejercía como órgano de apoyo de la junta de gobierno y este último será cubierto de forma accidental hasta que se cubra por otro habilitado.

 

 

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