Nadie lo entiende, pero ayer el concejal de Urbanismo y vicealcalde, José Aix, (Ciudadanos) y los ediles de esta formación en la comisión informativa previa al Pleno ordinario del jueves, votaron en contra de su propia propuesta: la aprobación definitiva del polémico plan urbanístico de Cala La Mosca en Orihuela Costa. Se abstuvieron a la hora de dictaminar favorablemente la aprobación definitiva del proyecto y de esa forma dejaron caer la iniciativa. Lo hicieron inmediatamente después de que sus socios de gobierno del PP los dejaran solos porque no respaldaron a Aix: se abstuvieron. Cs entendió que la iniciativa no tenía opción alguna de salir adelante sin los votos del PP. Y con esa idea dejaron que el dictamen, que es preceptivo aunque no vinculante, fuera desfavorable. Porque luego llegó la abstención de Vox y el rechazo del PSOE y Cambiemos. Con ese escenario, el alcalde Emilio Bascuñana (PP), que apuntó un «no lo vemos claro» como justificación genérica a la postura popular, dispuso no incorporar ese punto al orden del día.
Como trasfondo, un expediente en el que hay de todo menos unanimidad a la hora de validar la propuesta. Aunque Ciudadanos defiende que cuenta con todos los informes en regla, Cambiemos señala que ha expresado sus dudas jurídicas el secretario general del pleno, entre otros funcionarios. La iniciativa sí está validada con dos informe del jefe del Área de Urbanismo, y ayer a última hora, apareció también el visto bueno de la Intervención Municipal.
PP y Cs guardaron silencio tras ser consultados por este diario. Una cosa es tirarse los trastos públicamente por los presupuestos, y otra bien distinta extenderse en el sempiterno enfrentamiento de la coalición de gobierno. Esta vez a cuenta de una actuación urbanística -sector intocable y motor de la economía local-, con más dos mil viviendas en juego en primera línea, polémica por los cuatro costados por su impacto ambiental y paisajístico en el único tramo libre de cemento de Orihuela Costa. A lo que hay que añadir una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción -todavía por admitir a trámite- y la advertencia de la promotora, Gomendio, de que el Ayuntamiento se enfrenta a una reclamación patrimonial de más de 200 millones de euros si no valida la urbanización. Lo que dejó claro el gesto de ayer del PP -a unos y a otros- es que para decidir sobre el proyecto urbanístico hace falta el concurso de los dos partidos de la coalición.
Cambiemos se pronunció asegurando que "en la Comisión Informativa hemos señalado que, más allá de la salvajada que supone este proyecto, al que siempre nos hemos opuesto y nos opondremos por todas las vías, desde un punto de vista técnico-jurídico su tramitación era improcedente". Añadió la formación de izquierdas que "ha expuesto mentiras del promotor y sus abogados en el Informe de Sostenibilidad Económica, en la que de una forma burda se inflaban los ingresos y se minusvaloran los costes públicos del proyecto; también hemos alertado de graves omisiones por parte del jefe de urbanismo, que no señala en los antecedentes relevantes del expediente que hace apenas tres meses la Fiscalía General del Estado se interesó por su estado. Hemos apuntado, entre otras muchas cosas, que persisten informes desfavorables de técnicos municipales, aún falta un informe de la Dirección General de Medio Natural y que, muy importante, no hay capacidad de gestión de las aguas residuales que este proyecto generará".
Para la misma fuente "si todo nuestro trabajo ha servido para que el Gobierno Local deje esto encima de la mesa y no vaya a este Pleno, bienvenido sea, pero ahora toca seguir trabajando para explorar alternativas y que no se consume este atentado contra nuestro territorio".
Por su parte, el PSOE, que remitió una nota de prensa a última hora del lunes, señaló que "una vez más las discrepancias de los grupos que componen el Gobierno Oriolano se ha visto en la Comisión de Urbanismo". La portavoz socialista Carolina Gracia aseguró: “Podríamos decir que estas situaciones son de risa, pero no es el caso, menos cuando estamos hablando de una de las decisiones urbanísticas tomadas por este Ayuntamiento de la que depende que se urbanice el paraje de Cala Mosca, desde el PSOE, entendemos que tras lo ocurrido en la comisión, la propuesta que firma el propio concejal de urbanismo genera dudas no sólo a la oposición sino hasta a él mismo que, sin ruborizarse y después de restar importancia a los argumentos de la oposición,cuando ha visto que su socio no iba a apoyar la propuesta ha decidido abstenerse”.
Gracia ha lamentado que cada vez que se está tratando un asunto importante haya que ver actuar a los miembros del gobierno como si estuviesen "en un patio de colegio" y se pregunto "qué imagen damos si el propio proponente de la propuesta no es capaz de levantar la mano para apoyarla, como es habitual el último informe en este caso de carácter económico ha llegado 15 minutos antes del inicio de la misma, y esto que para el responsable del área de Urbanismo era un hecho apenas importante resulta que igual no lo ha sido tanto viendo el sentido de su voto”. En este sentido desde el Grupo Socialista añaden que además el pasado viernes recibían una nueva propuesta desde Urbanismo con la que se daba respuesta a las apreciaciones que desde la Secretaría General se hacían a la inicial. El PSOE “ha votado en contra porque nadie del gobierno explica la premura en su tramitación, así como tampoco la necesidad de que haya que aprobar esta propuesta con condicionantes como los expuestos por la secretaría y la intervención".
Cacerolada contra la gestión del gobierno local en la zona costera
Las dudas del gobierno local sobre qué hacer con un proyecto tan polémico como el de Cala La Mosca llega con los ánimos de los vecinos de Orihuela Costa caldeados. El jueves 29 a las 11:00, coincidiendo con el pleno ordinario en Orihuela Ciudad, en la explanada delante del Ayuntamiento de la Costa, en Playa Flamenca, tendrá lugar una concentración vecinal con cacerolada, para protestar por las «graves deficiencias que sufren los residentes en Orihuela Costa en los servicios básicos y en el mantenimiento de sus precarias infraestructuras». La protesta está impulsada por la Asociación Orihuela en Acción (AVOCA) y a ella se han sumado otras diez asociaciones de vecinos, entidades y APAs de centros educativos Orihuela Costa, donde están cesados 30.000 vecinos.
