La directora general de Puertos, Luisa Martínez Mora, ha rubricado el anuncio de información pública de la petición de concesión para ocupar espacio público del puerto de Torrevieja para construir y explotar una zona de ocio y comercial. La propuesta, que ya ha presentado un aval sobre el proyecto, ha sido solicitada por Inmuebles y Negocios del Sol, del empresario de la Vega Baja, Enrique Riquelme.
El objetivo de la concesión es actuar sobre una superficie aproximada de 80.000 metros cuadrados con una inversión de 30 millones de euros. De ellos, 9.000 metros cuadrados en planta baja, nunca por encima de la altura de la rasante del paseo del dique de Levante, se dedicarán a un espacio de ocio, con cines, bolera y franquicias de hostelería, además de restaurantes y cafeterías de empresas que operan en Torrevieja, y estaría ubicada en la zona que ahora ocupa el aparcamiento en superficie. La iniciativa descarta la instalación de establecimientos comerciales. La legislación que ordena el espacio portuario desde 2018 no lo permite.
Además se proyecta a la construcción de un aparcamiento subterráneo donde ahora está implantada la feria de atracciones y la reurbanización de la zona superior para reubicar la feria de atracciones. Una actuación especialmente compleja desde el punto de vista técnico porque en ese punto el nivel freático aflora a solo dos metros de la superficie.
La iniciativa, de la que el anuncio en el Diario Oficial de este martes no aporta enlace al proyecto, también considera el derribo de dos de los tres edificios propiedad del puerto que se encuentran en el principal acceso desde del Casino. Enrique Riquelme ha explicado este martes a INFORMACIÓN que el proyecto se ha diseñado para respetar la esencia del espacio que la delimitación portuaria consagra a la actividad pesquera, que se mantiene prácticamente en el mismo emplazamiento. El empresario de Cox afincado en Torrevieja, y especializado en la gestión de aparcamientos subterráneos, ha señalado que se ha presentado un proyecto que pretende ajustarse a la legalidad y que es la Generalitat Valenciana la que tiene la competencia exclusiva de decidir. En este sentido indicó que el Ayuntamiento de Torrevieja tiene que conocer en profundidad la iniciativa porque es el que deberá autorizar las licencias de obra y apertura en el momento que salga adelante.
El Consell del Botànic asumió la gestión del puerto de Torrevieja en 2015 descartando cualquier desarrollo de una gran superficie comercial en el espacio portuario y poniendo en marcha la tramitación de la delimitación de espacios portuarios que concluyó en 2018. Como avanzó INFORMACIÓN el pasado mes de junio la Conselleria de Obras Públicas estaba trabajando en la concesión de la reordenación del puerto de Torrevieja para la implantación de actividades de hostelería, comerciales-náuticos, de ocio y aparcamiento. El área dirigida por Arcadi España aseguraba que «estaba trabajando» en ese objetivo pero que «no era inminente». Un mes después está tramitando la petición del empresario. Mientras en otras iniciativas como la concesión del varadero previsto en el dique de Poniente, se ha puesto en marcha un concurso, en este caso se atiende a la solicitud de una empresa concreta, algo que la legislación permite según fuentes de la administración autonómica, que inicialmente dieron por hecho que se trataría de un proceso de licitación.
Antecedentes
La prioridad, ahora impulsada por la iniciativa privada, no es otra que la vieja aspiración de la ciudad de extenderse al puerto y su bahía, separados físicamente por una valla y por el tipo de uso actual, que no está preparado, a excepción del paseo de Levante y la feria –en precario–, de infraestructuras para su uso público.
La superficie principal a reordenar aparece en la delimitación portuaria bajo la ambigua denominación de «usos complementarios» compatibles con los portuarios «como los culturales, deportivos, educativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades comerciales no portuarias que favorezcan el equilibrio económico y social del puerto de Torrevieja». La mayor parte de este terreno está concentrado en lo que popularmente se conoce como «el relleno», un espacio que fue efectivamente de aterramiento sobre una antigua cala y que está delimitado por el paseo de La Libertad y su prolongación hasta el bar La Marina, y por el dique de Levante, eárea que forma la propia bahía en la zona más próxima al acceso al centro del casco urbano, donde se ubica la feria y un aparcamiento.
Las propuestas sobre la mesa mantienen el aparcamiento, pero subterráneo, y su ampliación donde ahora se sitúa el recinto ferial; reubican la feria de atracciones donde se encuentra el parking y aprovechan el suelo más cercano a la bahía para la hostelería y comercios náuticos. Con un tratamiento urbano de continuidad con los paseos y casco urbano y zonas ajardinadas. Distribución que dista poco de la propuesta por Eduardo Dolón durante su primer mandato, con la excepción de que preserva la actividad pesquera en una zona muy cercana a donde ahora se desarrolla, y al menos uno de los edificios de la lonja para uso público. Además se derribarían la mayor parte de las edificaciones portuarias –la aduana ya ha sido desalojada– y almacenes de la flota pesquera entre el acceso desde el Casino y el aparcamiento.
La de prolongar el centro del casco urbano y sus paseos a esta espectacular bahía es una vieja aspiración del municipio. A principios de los 2000 el entonces alcalde Pedro Hernández fichó al arquitecto Santiago Calatrava para que esbozara ese cambio con grandes superficies y un auditorio. La propuesta se quedó en una maqueta que costó 600.000 €. En 2009, también de la mano de Hernández Mateo y su sintonía con el Gobierno Valenciano se licitó la concesión de una enorme superficie comercial en el interior del recinto portuario. La crisis económica dejó el concurso desierto. En 2014, durante el primer mandato de Eduardo Dolón, se presentó otro proyecto, con menos superficie comercial y más espacios libres , un vial de alta capacidad y la supresión de la actividad de la flota pesquera. La legislación ya había cambiado: la ley de Puertos de la Generalitat exigía llevar a cabo la delimitación de espacios portuarios previa a cualquier reordenación sobre el terreno. Es decir, definir qué se podía hacer para luego proponer qué hacer. Las elecciones de 2015 dejaron a Dolón en Torrevieja y al PP en València fuera del poder. Durante el primer gobierno del Botànic, se descartó cualquier macroproyecto y se aprobó, en enero de 2019, la delimitación de usos portuarios, que dejaba la actividad pesquera muy cerca de su espacio tradicional y reservaba esos 185.000 metros para usos hosteleros y comerciales.
