La Generalitat no ha pagado ni un euro de las obras del Plan Edificant en Orihuela. El Ayuntamiento ha remitido 64 certificaciones que suman 2,6 millones de euros. Solo ha aprobado cuatro y no ha pagado ninguna. El pleno de hoy tiene previsto tratar un moción del Partido Popular en la que exige que se pague esa deuda a las adjudicatarias, se actualice la plataforma web habilitada para gestionar estos pagos y se disponga de una línea telefónica para que las empresas puedan gestionar incidencias.
La moción recuerda que los ayuntamientos a través de un convenio, recibían la delegación de la redacción del proyecto, la contratación, la dirección y la certificación de obra de los centros educativos, mientras que la Conselleria, afirmaba, se haría cargo de su coste económico. El PP, a través de su portavoz Rafael Almagro, admite que la adhesión al plan era «voluntaria» pero casi todos los municipios «se han visto abocados» a sumarse para mejorar sus instalaciones educativas. Orihuela lo pidió para 21 de los 32 centros con los que cuenta. Las obras han comenzado en doce.
Los ayuntamientos aprueban las certificaciones, que deben ser fiscalizadas por la intervención de la Generalitat y la administración autonómica realiza los ingresos directamente a las empresas adjudicatarias. Al tiempo que el PP reclama el pago de las certificaciones de las obras anuncia la culminación, con visita incluida, de algunas de ellas, sin citar que la financiación -retrasada- procede de la administración y lamentando asumir competencias y responsabilidades propias de la administración autonómica. Así alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP) junto a concejales del equipo de gobierno acudieron ayer al acto de recepción de las obras ya ejecutadas de los centros de Educación Infantil y Primaria San Bartolomé y «Nuestra Señora del Pilar» de La Campaneta que han supuesto un costo superior al millón de euros.
