Tres de los cuatro miembros del comité de expertos que debe resolver la adjudicación del multimillonario concurso de recogida de basura de Torrevieja han alegado en contra de su designación para formar parte de ese órgano. Un comité en el que el equipo de gobierno del PP ha puesto la responsabilidad de desbloquear la decisión de qué empresa se hace con el contrato que debería mejorar la limpieza y recogida de basura en la ciudad, nuevo servicio valorado en más de 424 millones de euros. Este consejo fue aprobado el 6 de agosto por la junta de gobierno local presidida por el alcalde Eduardo Dolón (PP), a propuesta de la mesa de contratación. Desde entonces los populares ha evitado desvelar quiénes eran los escogidos pese a que es una información pública: son cuatro funcionarios del propio Ayuntamiento. Tres de ellos interinos, de los que dos nada tienen que ver con la gestión de residuos. Sus alegaciones al nombramiento, que no han sido respondidas, van en ese sentido.
La mesa de Contratación decidió crear el comité después de no atreverse a ratificar los informes del ingeniero de Caminos supervisor de la contrata que desde hace casi un año puntúan a la UTE Sacyr (Valoriza)-STV como la mejor oferta técnica -todavía no se ha abierto el sobre de ofertas económicas-.
El comité de expertos está formado por el director general de Obras, Proyectos y Urbanismo, Víctor Costa Mazón y alto cargo fichado por Dolón a principios de este mandato; el ingeniero de Caminos y supervisor del servicio, además de un ingeniero agrónomo- responsable técnico de parques y jardines- como vocales. Y por último, un funcionario que de las áreas de Medio Ambiente y Playas, ajeno a la gestión de residuos, como vocal sustituto.
En las alegaciones, según ha podido confirmar este diario, se indica que en el pliego de condiciones para adjudicar la contrata no figura la creación de este comité de expertos para valorar las ofertas aunque sí es una posibilidad que contempla la ley de Contratos del sector público. Los expertos deberían ser funcionarios titulares de la plaza o laborales fijos y preferiblemente ajenos al Ayuntamiento en el que deben decidir. La condición de interinos de los designados en Torrevieja condiciona su papel decisorio porque en la mano de los responsables políticos está sacar a oposición sus plazas en cualquier momento. Vacantes que cubren más de diez años en todos los casos.
La designación tanto del director general Costa como del ingeniero de Caminos entra además en varias contradicciones con la legislación que regula la contratación pública. Costa es jefe del Departamento que instruye el procedimiento de adjudicación algo que hace su nombramiento incompatible como experto. Además llegó a formar parte de la mesa de contratación que estaba decidiendo la contrata - dimitió como director general y de todas sus funciones durante en agosto de 2020, y también de forma sorprendente, retornó al cargo un mes después, aunque no a la mesa de contratación-. Esa incompatibilidad, según las mismas fuentes también se daría en el caso del ingeniero de Caminos, que una pirueta del procedimiento ha sido designado junto al resto de expertos para validar o no su propio informe de valoración de las ofertas técnicas en el que ya se ha ratifacado en cuatro ocasiones en los últimos meses.
Fichaje
Costa, el único que no ha alegado su nombramiento es un fichaje personal del alcalde de Torrevieja al iniciarse este mandato para liderar varios departamentos municipales por encima de los jefes de área con el objetivo de agilizar y modernizar la gestión del Ayuntamiento. Su sueldo anual de más de cien mil euros brutos ha sido muy cuestionado por la oposición. Su extraña dimisión y reincorporación coincidió con el "conocimiento" por parte de la mesa de contratación del primer informe del ingeniero de Caminos y su retorno al Ayuntamiento con la decisión del gobierno municipal de paralizar la adjudicación y explorar otras vías, como la empresa mixta o la pública, que finalmente se han descartado también, tras un recurso ante el Tribunal central de Contratación por parte de Sacyr.
La mesa de contratación que ha designado al comité de expertos está presidida a su vez por la directora general de Contratación, Rosana Narejos, otra de las incorporaciones decididas por el gobierno local a a principios de esta mandato y en el que también están incorporados el asesor jurídico y la interventora que llegaron al municipio de la mano de Dolón.
Durante este mes, según las mismas fuentes, la elaboración de informes por parte de este comité no ha avanzado, ni tampoco ha sido convocado el propio órgano de decisión. La tramitación de la contrata ha estado paralizada desde el momento en que la mesa de contratación conoció el resultado del informe del ingeniero supervisor a finales de 2020, informe que ha esquivado por distintas vías, abrir las plicas económicas y decidir la adjudicación.
Ese informe del técnico valora a la Unión Temporal de Empresas Valoriza (Sacyr-STV) con 35 puntos, seguida de Acciona, la que ahora presta el servicio sin contrato, -con 34,74-, FCC- OHL -con 33,72- y Urbaser -32 -. En quinto lugar quedó Actúa-3R con 31,52.
El servicio lo sigue prestando Acciona sin contrato desde junio de 2016 -sin contrato ya se le han abonado 107 millones de euros-. La adjudicación de una nueva prestación integral de la recogida de basuras, limpieza de playas, aseo urbano y transporte a vertedero fue una de las principales promesas electorales del gobierno del PP para asumir el mandato en junio de 2019.
El equipo de gobierno va con pies de plomo a la hora de tramitar esta adjudicación atendiendo a los antecedentes en la gestión municipal de este servicio, que concentra la mayor parte del gasto corriente en un servicio externo del presupuesto municipio. El anterior proceso, adjudicado en 2004, terminó con una condena a la cárcel del exalcalde Pedro Hernández Mateo por amañar la adjudicación a favor de Acciona, tal y como insiste en recordar la oposición.
