El equipo de gobierno de coalición en Orihuela PP-Ciudadanos ha incluido de nuevo en el orden del día del pleno ordinario de este jueves la aprobación de la modificación del polémico plan urbanístico de Cala La Mosca, según desveló ayer Cambiemos. El proyecto, que contempla 2.200 viviendas en el último tramo litoral libre de cemento en la costa oriolana, se aprobará con un informe en contra de la delegación de Carreteras del Ministerio de Transportes. Ese informe vinculante señala que el proyecto no contempla las medidas necesarias para que la N-332 asuma el tráfico equivalente a los cientos de vehículos que asumirá la urbanización al contar con una sola glorieta de salida al vial de cuatro carriles. La urbanizadora, Gomendio, alega que cuando inició la tramitación -hace casi dos décadas- no se advirtió de esa deficiencia. El concejal de Cambiemos Javier Gracia señaló ayer que en ese informe el Ministerio señala que la administración central actuará con todas las herramientas jurídicas a su disposición para anular el proyecto en caso de que se apruebe tal y como se presenta al pleno el jueves.
El asunto se quedó sobre la mesa en el mes de julio por diferencias entre los socios de gobierno. En ese momento, Cs lo llevó a la comisión informativa previa y cuando se dio cuenta de que el PP no iba a apoyarle -no había consultado previamente con su socio la inclusión del punto- los populares se abstuvieron con lo que el debate se quedó sobre la mesa. Cambiemos se preguntó ayer en qué se ha modificado el expediente más allá de que el PP haya expresado su posición de fuerza con la abstención. Porque, insistió, los informes en los que se señalan deficiencias siguen siendo los mismos. Por su parte, el Grupo Popular lamentó que ayer «maliciosa y perversamente» desde PSPV y Cambiemos se intenta «hacer creer a la ciudadanía que se puede evitar la urbanización de la Cala de La Mosca porque hay unos informes que piden subsanar deficiencias».
Cambiemos se pregunta por qué hay ahora acuerdo en la coalición si en un mes no se ha variado el expediente
El portavoz popular Rafael Almagro explicó que la propuesta de acuerdo elevada al pleno recoge la «obligatoriedad por parte del urbanizador de cumplir las condiciones que se marcan y que vienen a ser las establecidas por la normativa vigente». Recordó que el gobierno se limita a dar trámite a un procedimiento reglado -algo que también hizo el PSOE con este plan cuando gobernó a nivel local-. En el mismo sentido el concejal explicó a INFORMACIÓN que «es demasiado tarde para plantear que la urbanización se puede detener. Es algo que comenzó en 1990 y estamos bajo ese paraguas normativo, aunque a casi nadie nos agrade». Añadiendo que tener «un plan general más reciente tampoco vendría a solucionar esta cuestión una vez que ya fue aprobado en los años noventa».
Almagro cuestionó que PSPV y Cambiemos no hayan dado a conocer algunos aspectos relacionados con el plan «por motivos meramente partidistas y de estrategia electoral».
Por ejemplo, que es el propio gobierno valenciano de PSPV, Podemos y Compromís recogieron en el Plan de Acción Territorial de Infraestructuras del Litoral (Pativel) un régimen transitorio para la ejecución de las obras de urbanización de Cala Mosca de 5 años, a contar desde marzo de 2018. Plazo que si el promotor supera -ya han pasado tres años- pierde su condición de urbanizador, de ahí el interés de Gomendio en validar el trámite.
El PSOE reclamó en julio en las Cortes «acelerar» el residencial
La portavoz socialista Sabina Escrig enmendó la propuesta de rechazo al proyecto de Podemos
El PSOE no se está mostrando especialmente coherente en sus últimas decisiones políticas sobre el polémico plan de Cala La Mosca. La diputada Sabina Escrig Monzó, portavoz adjunta del PSPV-PSOE pidió el 12 de julio a la comisión de Infraestructuras en las Cortes Valencianas que el Ayuntamiento de Orihuela procediera «urgentemente» a la aprobación de la modificación del plan de aprobación del plan de Cala La Mosca. Era una enmienda a la Propuesta No de Ley (PNL) -no vinculante- registrada por Unides Podem-Esquerra Unida que reclamaba justo lo contrario.
Preservar este espacio de la urbanización y buscar alternativas medioambientales sostenibles a la construcción prevista de 2.200 casas junto a los acantilados y el mar. La enmienda a la PNL, que pasó desapercibida y que se debatirá ya este mes de septiembre, resulta sorprendente porque los socialistas a nivel local se han mostrado críticos con el plan y en su día vendieron públicamente la imposición de la Generalitat de una declaración de impacto ambiental al urbanizador, Gomendio, como un avance, que llegó de la mano de los grupos vecinales de Orihuela Costa y partidos de izquierda que se oponen al proyecto tras una queja ante la Unión Europea. De hecho, esta misma semana, el PSOE local ha votado en contra, junto a Cambiemos, del dictamen favorable a la aprobación del plan en la comisión informativa previa al pleno del jueves. Cuando el Consell del Botànic tuvo la oportunidad de liquidar el proyecto a través del Plan de Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel) no lo hizo. Alegando precisamente los derechos adquiridos del promotor por un suelo que figura como urbanizable en el PGOU de Orihuela desde 1990. La única limitación al plan en el Pativel -todavía vigente- es que si no se urbaniza en plazo el proyecto se invalida. Esta enmienda del PSOE coincidió con la amenaza de la promotora, de reclamar al Ayuntamiento una indemnización por lucro censante en caso de anular este residencial de más de 200 millones de euros. Unides Podemos interpretó la enmienda como una cesión del PSPV al urbanizador.
