Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Pilar de la Horadada anula la autorización al macrochiringuito de la playa de las Higuericas

La decisión del gobierno del PP está amparada en una resolución del Consell Jurídic Consultiu - El exalcalde Ramos otorgó la ampliación sin informes previos/ La empresa anuncia que recurrirá y asegura que es «una pelea política»

«Varadero», macrochiringuito y zona deportiva que funciona sobre suelo municipal. | TONY SEVILLA

El pleno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha anulado el acto administrativo de aprobación del proyecto de ampliación de instalaciones de zona deportivo-recreativa en la playa de las Higuericas: el popular macrochiringuito Varadero junto al mar. Esa ampliación fue validada en enero de 2019 por el anterior equipo de gobierno, sin contar, siempre según la resolución adoptada, con informes técnicos preceptivos. La decisión del actual gobierno del PP, está apuntalada en un dictamen público del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, y se traduce en que «Varadero» propiedad de Pinatar Arena Football Center, tendrá que demoler o desmontar las instalaciones o construcciones realizadas al amparo del proyecto de modificación declarado nulo.

Y es que lo que comenzó como un proyecto de concesión municipal de un suelo público junto a la playa para impulsar actividades recreativas, según el equipo de gobierno del PP, se ha convertido en un macrochiringuito con zona de barras y de ocio nocturno, no prevista en el proyecto básico, denunciada por los vecinos desde que comenzó a funcionar.

El gerente de Pinatar Arena Football, Mariano Sánchez, una empresa consolidada en el turismo deportivo, no lo ve así. Asegura a INFORMACIÓN que la concesión está siendo víctima de una pelea política entre el PP y el PSOE. «Esta concesión quedó desierta en su día cuando aspiraba a ella alguien vinculado al PP» y parece que «molesta al PP» que la haya obtenido finalmente Pinatar Arena, asegura. «Hemos recurrido la decisión. Esto solo perjudica al pueblo de Pilar de la Horadada porque teníamos previstos muchos eventos deportivos que seguramente ya no podremos abordar porque una parte de la ampliación está paralizada ante la inseguridad jurídica», señala Sánchez.

La puesta en marcha de la instalación, que carece de licencia de actividad pero que cuenta con una medida cautelar del juzgado que le ha permitido abrir este verano, derivó en una denuncia vecinal y un procedimiento judicial en el que siguen investigados el exalcalde Ignacio Ramos (PSOE) y buena parte de los funcionarios de rango del área de Urbanismo, además de exarquitecto técnico de ese mismo departamento, ahora jubilado, padre del gerente de Pinatar Arena, también llamado a declarar en octubre. Todos los investigados se han acogido a su derecho a no declarar, a excepción de la actual jefa de Urbanismo, que ofreció una descripción detallada del proceso. También acudieron a declarar como testigos a principios de septiembre los vecinos denunciantes.

La resolución del pleno dice que el 14 de enero de 2019, el mismo día que el Ayuntamiento notificó al adjudicatario la aprobación del proyecto básico inicial, que sí se ajustaba a los pliegos, la junta de gobierno compuesta por siete concejales del PSOE y uno de Vecinos por el Pilar, aprobaba por unanimidad la ampliación.

Según el acuerdo del pleno que revoca la ampliación suponía una alteración de las condiciones del proyecto inicial: aumentaba la superficie construida en 600 metros cuadrads más; elevando el coeficiente de edificabilidad; aumentaba del coste de ejecución material de las obras en 164.029 euros más; contemplaba una nueva construcción destinada a chiringuito y zona de barras no recogida en el proyecto original y la reducción de la superficie de la piscina, variando tanto la forma como la superficie de lámina de agua. Además, la modificación alteraba «el principio de pública y libre concurrencia y la explotación económica inicial», con un mayor beneficio para el adjudicatario, lo que hubiera obligado a revisar el canon aportado al Ayuntamiento, que tampoco se modificó. Algo que supone, según los técnicos municipales, un perjuicio económico al Ayuntamiento «en beneficio exclusivo del adjudicatario» de la concesión demanial, «sin que medie para ello ningún tipo de justificación más que la propia conveniencia del adjudicatario», según esos informes. Pinatar Arena señala, sin embargo, que solo se presentó su propuesta y que se llevó a cabo una vez que obtuvo la ampliación , fue Costas del Ministerio de Medio Ambiente la que la autorizó en junio de 2019. Solo restaba modificar el contrato, algo que ha rechazado el gobierno del PP.

Fuentes municipales matizan que el Varadero, efectivamente obtuvo autorización para el uso que aseguró ante Costas que iba a realizar en la instalación afectada por la zona de servidumbre de Costas, pero que no se corresponde con el que está llevando a cabo. El Ayuntamiento recuerda que el promotor del Varadero ha realizado las obras sin la modificación del contrato, y ha lleva explotando la instalación sin licencia de actividad municipal "porque no ha presentado la documentación necesaria", y porque las obras ejecutadas no se ajustan al proyecto inicial. Y le hizo saber al concesionario que no podría continuar con la actividad. "Esta notificación fue recurrida por el concesionario ante los tribunales de Orihuela, y el Juzgado ha determinado que la instalación siga abierta como medida cautelar hasta que no se resuelva el procedimiento judicial", que es la que ha permitido que la zona de ocio siga en marcha este verano, además con una importante presencia de público.

El Ayuntamiento comenzó a mediados de 2019 a solicitar informes sobre este asunto en paralelo a la denuncia vecinal, en la que se indicaba que la actividad de la instalación, que cogregaba a cientos de personas en torno a un macrochiringuito y bar de copas nada tenía que ver con la concesión municipal. En octubre del mismo año, la secretaria general advirtió que procedía revisar de oficio del acuerdo de ampliación validado por el anterior gobierno. El municipio respondió a las alegaciones de la empresa, y dio traslado al Consell Jurídic que en su resolución recoge numerosas irregularidades en el acuerdo de ampliación.

El equipo de gobierno mantuvo varias reuniones con la empresa para se limitara a desarrollar exclusivamente la actividad que aparecía en el proyecto básico. Fuentes municipales indicaron además que la transformación de todo el proyecto desvirtúa esa concesión porque otras empresas e interesados podían haberse interesado por la actividad si en el pliego figurara la explotación de un macrochiringuito, que es, a juicio del gobierno del PP, en lo que se ha convertido este espacio, en el que la piscina prevista para actividad deportiva sobre el terreno es una lámina de agua de cincuenta centímetros de profundidad.

Imagen de la instalación de chiringuito en la concesión municipal junto a la playa

Demoledora resolución del órgano consultivo

El informe del órgano Jurídico Consultivo es demoledor con la decisión del exalcalde Ignacio Ramos en 2019. La autorización de ampliación se hizo «con ausencia absoluta de informes de urbanismo, contratación, secretaría e intervención, sin permiso de Costas, con beneficio para el adjudicatario por el cambio de uso de la parcela, evitando la pública concurrencia, alterando el uso deportivo-recreativo y vulnerando la Ley de Costas».

El acuerdo de Pleno revela que no queda acreditada la existencia de un perjuicio patrimonial para el adjudicatario, al no haberse formalizado la modificación del contrato aprobada. El concesionario nunca estuvo habilitado para la ejecución de las obras amparadas por el proyecto de ampliación y, por tanto, no le corresponde indemnización alguna por las obras realizadas en base a este proyecto de ampliación.

Sin embargo, el adjudicatario sí tendrá que retirar, desmontar o demoler los elementos constructivos realizados al amparo de dicha ampliación. Si no lo hiciera en el plazo establecido, el propio Ayuntamiento lo realizará a costa del concesionario.

El informe de la secretaria general que ha dado lugar a la revisión de oficio y anulación de la ampliación aclara que, "en caso de prosperar alguna indemnización al concesionario, podría repetirse frente a los sujetos causantes de la irregularidad que dio origen a la nulidad del acto administrativo". En el mismo informe afirma que no consta ningún acto administrativo de control, o supervisión de la ejecución de las obras contempladas en el expediente de concesión demanial de las Higuericas.

REACCIONES

El portavoz del equipo de gobierno, Rufino Lancharro (PP), explicó en la sesión plenaria donde se aprobó la anulación el pasado mes de julio que el acuerdo que tomaron en 2019 para modificar el proyecto de la concesión es nulo, según el Consejo Jurídico Consultivo, “lo que significa que es ilegal, y que se tomó sin la participación de los técnicos municipales”. Lancharro explicó que “los que votaron a favor del acuerdo de modificación no podían ignorar que suponía alterar el proyecto inicial sin informes técnicos”, y reprochó a los cuatro concejales del PSOE y uno de VPP que siguen en activo, pero ahora en la oposición, que “jugaron sucio, porque primero pusieron unas condiciones iniciales, y cuando se les antoja cambian las reglas del juego”.

Además, calificó las actuaciones que ahora se declaran nulas e ilegales como indiciarias de “presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad de documento público, porque el proyecto objeto de concesión en realidad era para darle la apariencia de legalidad a la concesión administrativa; y de malversación de fondos públicos, en cuanto al mayor rendimiento obtenido por el concesionario, al darle a la parcela un uso preponderante de Beach Club”. El portavoz advirtió a los concejales en la oposición que “el Partido Popular luchará para que esta vez, respondan con su patrimonio de manera individual si es necesario, y no con el de todos los vecinos”, porque este asunto que ahora se declara ilegal “es una situación similar al producido con el famoso auditorio a medio construir en el que se han gastado casi 7 millones de euros, por el que esperemos que esta vez no haya que indemnizar”.

Por su parte, el concejal de Vecinos por el Pilar, manifestó que lo importante es “que no tenga consecuencias para los vecinos del municipio, y que, si aquel acuerdo no estaba tomado conforme a la legalidad, pues que se deshaga” añadiendo sobre su intervención en la toma de dicho acuerdo “tuve un mal día”.

El concejal de Ciudadanos, Roberto Carrasco no quiso participar en ninguno de los dos turnos de intervenciones, al tratarse de “un expediente complejo y que además está judicializado”, según argumentó.

El portavoz del PSOE, Alfonso Armenteros explicó que “ni había informe en contra a la aprobación de ese acuerdo, ni existe en este momento informe en contra y que era al partido que ganó las elecciones continuar el trámite del acto administrativo iniciado en enero de 2.019". Además, sostuvo que el secretario accidental que actuó "en ese momento no puso ninguna objeción, ningún reparo, ninguna observación”, justificando así, el voto negativo a la nulidad del acuerdo. Y recriminó al Partido Popular de haber acudido en 2019 a la inauguración de la instalación que no tenía licencia de apertura, y de permitir que este verano el establecimiento esté abierto.

En el turno de réplica, el portavoz del Partido Popular Rufino Lancharro leyó textualmente el acuerdo de 2019 que pone “aprobar modificación de proyecto” y que en ningún caso se iniciaba el trámite como argumenta Armenteros. Además, informó que el mismo día de la toma de posesión del actual equipo de gobierno, hubo un concejal del PSOE “que había dado una orden por escrito para instalar unas gradas propiedad del Ayuntamiento, en las instalaciones privadas del concesionario, y que eso podría ser constitutivo de un presunto delito de tráfico de influencias.” Sobre el día de la inauguración del restaurante, el concejal popular explicó que “hay constancia de que el único concejal que estuvo en la inauguración fue el mismo concejal que había dado esa orden”, esgrimiendo una foto de dicho concejal en el interior del local ese día.

Y en relación a permitir que el establecimiento esté abierto, Rufino Lancharro explicó que “la orden para la apertura viene del Juzgado a través de unas medidas cautelares que lo permiten”.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats