La Generalitat ha rechazado la solicitud de Declaración de Interés Comunitario (DIC) que la potente empresa murciana hortofrutícola Grupo Lucas había solicitado para transformar 100.000 toneladas de residuos y purines ganaderos en estiércol en Torremendo (Orihuela). Técnicamente pedía instalar una planta de tratamiento de residuos agropecuarios por compostaje.
Todos los informes sectoriales realizados por la administración autonómica son desfavorables a la propuesta y en todos se argumenta la misma razón para rechazar una iniciativa: «Se trata de una infraestructura incompatible con el decreto de declaración de Paisaje Protegido de Sierra Escalona y con el borrador del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del futuro parque natural, todavía en tramitación.
La propuesta había puesto en alerta a los vecinos de Torremendo y San Miguel de Salinas, agricultores, y varias pedanías y municipios limítrofes murcianos, en especial Beniel, además de grupos conservacionistas como Amigos de Sierra Escalona, Amigos de los Humedales del Sur del Sur de Alicante, Ecologistas y partidos como Cambiemos Orihuela, que presentaron docenas de alegaciones.
El proyecto se extendía a lo largo de 13 hectáreas de secano y suelo forestal blindados por el Paisaje Protegido de Sierra Escalona, que ascienden desde la carretera CV-949, muy cerca del límite con la Región de Murcia, hasta la sierra del Cristo. Entre otras instalaciones contemplaba depósitos de acopio cielo abierto -115.000 m2-, una balsa de lixiviados -purines- de 9.700 metros cuadrados. Estos lixiviados, con elevado potencial contaminante, debían ser tratados, a su vez en una nave de más de mil metros cuadrados. Desde el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, pasando por la dirección general de Política Territorial y Paisaje; al servicio de Planificación de la Conselleria de Política Territorial - que ve incorrecciones en el Estudio de integración Paisajística-, consideran incompatible el proyecto -que incluso afecta a un 20% de suelo forestal- con la protección ambiental de este espacio.
En los informes se advierte que la escorrentía natural de los terrenos escogidos para el proyecto se dirigiría a la rambla de Tabala en Murcia, que desemboca en el Segura. En ese sentido los técnicos expresan sus dudas sobre la capacidad del embalse de lixiviados y su comportamiento en caso de DANA, al carecer el proyecto de estudio de escorrentías aguas arriba de la instalación, ni protocolo en el caso que una DANA caiga en el momento de máximo uso de la balsa de lixiviados. Algo que puede «suponer un problema aguas abajo de la balsa de lixiviados». Además la finca carece de dotación de agua de la Confederación Hidrográfica necesaria para la actividad que se plantea.
En el borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor en trámite de evaluación Ambiental Estratégica toda la parcela está dentro de la zona de amortiguación de impactos, y es incompatible con esa figura de protección.
En sus alegaciones la empresa considera que la actividad propuesta es compatible con el PORN por ser intrínseca a la agrícola debido a que se genera abono orgánico para fertilización de cultivos y que las escorrentías en caso de DANA no acabarían en la rambla de Tabala -sin justificar esa afirmación-. También aseguraron que el embalse previsto era capaz de soportar las lluvias torrenciales. El proyecto, además del rechazo por su impacto ambiental en un suelo ya acosado por las propuestas de plantas solares, generó cierta polémica porque está firmado por dos técnicos que a la sazón ha sido cargos públicos. Un exconcejal de Medio Ambiente de Orihuela y un exalcalde de Jacarilla. La empresa puede presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Generalitat.
Miguel Ángel Pavón, de Amigos de Sierra Escalona, valoró ayer esta resolución como una "victoria" para todos los colectivos que presentaron más de 150 alegaciones contra "este despropósito" en el "mismo entorno que ahora está amenazado por varias macroplantas solares contra las que también hemos alegado". La resolución de la Generalitat, que se ha trascendido meses después de hubiera firmado, y sin que se haya trasladado a los alegantes. En este sentido Pavón ha cuestionado, una vez más, la falta de transparencia en los procedimientos administrativos por parte de la Conselleria de Territorio.
