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La zona de ocio del puerto de Torrevieja prevé una inversión de 16 millones y una concesión por cuarenta años

Tres empresas se interesan por impulsar la superficie comercial - El Ayuntamiento modifica el PGOU para adaptar el recinto al uso terciario y permite elevar la altura de los edificios dentro de la dársena a 12 metros aunque esa competencia es de la Generalitat

Imagen de la zona donde se ha propuesto una concesión de zona de ocio y comercial en el puerto. | TONY SEVILLA

El proyecto de construcción y explotación de una zona comercial y de ocio en el puerto de Torrevieja plantea a la Generalitat un periodo de concesión de cuarenta años para amortizar la inversión. La instalación contaría, en caso de recibir el visto bueno de la administración autonómica que gestiona el espacio portuario, con una superficie de actuación de 9.000 metros cuadrados con 6.171 de superficie construida. Inicialmente se trasladó que la actuación comprendía 30.000. Las edificaciones, que albergarían multicines -media docena de salas como referencia de atracción de la zona de ocio-, bolera y establecimientos de restauración, aparecen en su diseño de forma volada. Esto permitiría paso peatonal por debajo de los edificios y vistas a las marinas deportivas de la bahía de Torrevieja desde el casco urbano y las nuevas zonas de paseo, feria y mercado de artesanía que está diseñando el Ayuntamiento. La inversión prevista está fijada en 16 millones de euros. También está previsto un aparcamiento subterráneo de 400 plazas sin el cual la movilidad hacia este espacio en el centro de la ciudad estaría muy comprometida. El concepto arquitectónico planteado en el proyecto básico, según ha podido comprobar INFORMACIÓN, intenta huir del modelo desarrollado en otros puertos de la Generalitat, como Santa Pola, en el que se concentra una hilera de espacios comerciales y sobre todo hosteleros, para explotar al máximo la ubicación en zona portuaria, con escasa conectividad entre la nueva área de ocio y la bahía.

La iniciativa de concesión fue planteada inicialmente por Inmuebles y Negocios del Sol, una empresa de la Vega Baja, sin que la Generalitat hubiera abierto previamente un concurso público -algo que permite la ley de Puertos-. Otras dos empresas se han interesado ahora también en desarrollar una concesión de estas características para el mismo espacio. Ambas sin embargo deben acreditar en solo diez días solvencia técnica y económica con la aportación de un aval, además de la presentación de su propio proyecto básico. La Conselleria de Territorio no tendrá más opción que abrir el proceso a la libre concurrencia poniendo en marcha un concurso si este interés se consolida. Otra alternativa es que la administración escoja entre todos los proyectos, algo improbable sin un pliego de condiciones y criterios de valoración previos.

Las rigurosas condiciones exigidas a estas dos empresas en el plazo fijado por la administración autonómica a la hora de aportar todos los requisitos ya ha provocado que una de las que oficialmente ya se plantee retirarse. En caso de ser el concesionario, Inmuebles y Negocios de Sol, del empresario Enrique Riquelme, se ha comprometido a abrir a todo el tejido productivo de la ciudad la posibilidad de participar en la iniciativa. La firma también ha señalado que se ha garantizado a la Cofradía de Pescadores la continuidad de su actividad en una nueva lonja situada junto al actual museo flotante antes de comenzar cualquier actuación, ya que ésta exige el derribo de las actuales instalaciones pesqueras, aunque queda por determinar quién lo financiaría.

Derribos

En paralelo al proceso de tramitación de la iniciativa de concesión por parte de la Generalitat, que se ha negado a repetir el proceso de exposición pública tal y como le reclamaban las alegaciones, el Ayuntamiento ha expuesto al público a su vez la propuesta de modificación puntual número de 109 del Plan General. Presentada por el propio municipio pese a que la gestión del espacio portuario es competencia exclusiva de la Generalitat, contempla el cambio de parámetros urbanísticos muy relevantes. Destaca el que permite en la zona de Levante (objeto de la concesión planteada y por la que se han interesado tres empresas) elevar la altura de las edificaciones de planta baja y 3,5 metros, a planta baja y una altura con un techo máximo de 12 metros, además de contemplar el aparcamiento de 400 vehículos -ahora funciona uno en superficie-, parámetros que coinciden con la iniciativa de la explotación del espacio de ocio.

El informe para la modificación del PGOU, ahora expuesto al público, es bastante genérico a la hora de clarificar las soluciones para el paseo de La Libertad, los puestos de artesanía o el recinto ferial, sí es especialmente expeditivo para señalar los derribos necesarios a fin de dejar diáfana la zona a la actividad comercial y de ocio, a la visual con la bahía, el paso peatonal y la renovación urbana: hay que derribar, a costa del Ayuntamiento, los tres edificios de las lonjas pesqueras, los almacenes de los pescadores, el edificio de Puertos y el de Aduanas, mientras que se mantiene el de Capitanía. También, y como prioridad, desaparece la valla que separa ahora el paseo y el recinto ferial. La obsesión del redactor de la modificación es la de respetar la visual a la bahía cuando esa visual lo que refleja en estos momentos es una distribución más bien caótica de miles de embarcaciones amarradas en las tres marinas deportivas de la ciudad. El vial de gran capacidad anunciado por el Ayuntamiento para esta transformación urbana no aparece en su propuesta, que se limita a contemplar que el actual tenga un tratamiento semipeatonal.

El Ayuntamiento no localiza uno de sus bienes protegidos

El Ayuntamiento no sabe dónde se ubica uno de sus elementos protegidos dentro del Puerto. Hasta ahí llega el interés municipal en la preservación del patrimonio histórico. Según el informe del arquitecto que ha diseñado la modificación del Plan General, «no existe documentación que avale cuál es el elemento a conservar en el llamado Muelle de Pescadores ya que su ubicación, según plano del PGOU, corresponde a la actual zona donde se desarrolla la actividad pesquera». También es cierto que «encontrar» ese bien dificultaría el derribo de las lonjas que persigue el Consistorio.

Imagen de la ficha de la modificación del plan general donde se indica que no hay datos del bien protegido

Imagen de la ficha de la modificación del plan general donde se indica que no hay datos del bien protegido

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