Un grupo de cofrades de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Pilar y Real Cofradía de El Lavatorio de Orihuela ha enviado un escrito de impugnación de las elecciones celebradas el pasado 6 de junio al Obispado de Orihuela-Alicante. Alegan que la junta directiva, encabezada por el candidato que resultó reelegido, Mariano Gutiérrez, les excluyó del censo electoral al negarles la antigüedad como miembros a pesar de haber pagado las cuotas retrasadas, como establecen los estatutos. En los escritos solicitan al obispo Jesús Murgui que no ratifique el resultado de las elecciones, en las que salió reelegido presidente Mariano Gutiérrez frente al otro candidato Antonio Pérez, y que designe un comisario especial para que dirija temporalmente la cofradía y convoque nuevos comicios «garantizando la equidad y el derecho de los cofrades a ejercer libremente su voto». El obispo, a pesar de tener estas alegaciones desde hace tres meses, aún no ha movido ficha ni ratificado al presidente electo, como sí ha hecho en otras cofradías que tuvieron elecciones posteriormente. «Estoy decepcionada y dolida, es injusto», señala una de las cofrades que lleva toda su vida en El Lavatorio. Solo 274 de los 900 cofrades de El Lavatorio tuvieron derecho al voto, aunque solo los mayores de 18 años pueden votar (hay 305 infantiles, que no votan) y 585 alumbrantes, que son los que sí pueden hacerlo. Las cuotas pueden ser abonadas por domiciliación bancaria o de manera presencial. De esas cuotas, hay un 40% que están domiciliadas y un 60% que son presenciales. Los recibos domiciliados se pasan al cobro a principios de febrero y los no domiciliados se abonan en las dependencias que la cofradía tiene en el Museo de semana santa, desde el tercer miércoles de Cuaresma hasta el Miércoles Santo. Según sus estatutos, el tiempo de pago es desde el 2 de enero hasta Miércoles Santo, y tienen derecho a voto los cofrades alumbrantes que están al corriente de pago, sean mayores de edad y tengan como mínimo un año de antigüedad.
Algunos de los cofrades se retrasaron el pasado año en el pago, fruto de la pandemia, que llevó a la suspensión de toda actividad de la Semana Santa. Muchos de ellos se quedaron en el paro o en un ERTE. La cofradía amplió el plazo de pago de ese y otros años al 31 de julio de 2020. Pero la junta directiva decidió no incluir esos ingresos en las cuentas de la asamblea celebrada en agosto, lo que privaba a esos cofrades de su derecho al voto, según la impugnación presentada. La cofradía pasó al cobro también las cuotas de 2021.
Si bien muchos cofrades tenían abonadas las cuotas, recibieron una carta de la junta directiva en la que se les comunicaba que perdían la antigüedad por lo que se les excluía de poder votar, lo que el candidato Antonio Pérez puso en aviso al Obispado antes de las elecciones, sin que actuara, solo autorizando el 1 de junio la incorporación de un pequeño número de casos al censo electoral. La directiva, por su parte, desestimó todas las alegaciones presentadas por los cofrades afectados. Otras cofradías, como la del Santísimo Cristo de Zalamea, recuerdan, han celebrado elecciones sin purga en el censo electoral de todos los cofrades al corriente de sus obligaciones de pago.
