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Un juzgado investiga al alcalde de Benejúzar por encargar una obra sin contrato

El PP denunció en Anticorrupción la orden de reparación a «dedo» de un colector tras la DANA y el primer edil Miguel López recuerda que los técnicos consideraron una emergencia actuar para evitar que el principal aliviadero de aguas residuales del municipio vertiera en la calle

Socavón del colector dañado por la DANA. | INFORMACIÓN

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Orihuela ha abierto diligencias por supuesta prevaricación administrativa contra el alcalde de Benejúzar, Antonio Miguel López Arenas (PSOE), en calidad de investigado, tras la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción presentada por el portavoz del PP, el concejal Antonio Bernabé.

Los hechos se remontan a octubre de 2019 cuando se rompió una tubería de saneamiento en la avenida de la Gloria, coincidiendo con el episodio de lluvias de la DANA. El colector fue reparado con un coste con cargo al consistorio de 53.254 euros. Según la denuncia del PP fue adjudicada a dedo sin expediente de contratación, sin contrato ni consignación presupuestaria. El 5 de diciembre de ese año se llevó a pleno una modificación del presupuesto para dotar económicamente esa obra de reparación. El portavoz del PP solicitó varias veces el expediente en el que se incluía la reparación del colector de saneamiento, sin éxito.

Emergencia

El alcalde de Benejúzar, Miguel López ayer a INFORMACIÓN indicó que los técnicos consideraron la reparación de emergencia a la vista de que ese colector es uno de los principales de saneamiento del municipio, había generado un socavón «y estaba llenando el casco urbano de aguas residuales», aunque no especificó si para la actuación se abrió un expediente administrativo.

El PP no solo ha llevado el asunto al juzgado -la Fiscalía también ha considerado que existen posibles indicios de delito-, también ha logrado por la vía administrativa que el Tribunal Superior de Justicia anule los acuerdos del pleno en los que validaron las partidas económicas por vulnerar el derecho de los concejales al acceso a la información.

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