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Orihuela impulsa su expansión urbana más allá de la losa del AVE

El Ayuntamiento concluye, sin incorporar la consulta sobre riesgo de inundación, que el plan de la Zona 12, de 250.000 m2, no tiene impactos medioambientales

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Vistas aéras de la zona en la que el Ayuntamiento de Orihuela plantea una ampliación urbanística con suelo comercial junto a la losa del AVE TONY SEVILLA

El Ayuntamiento de Orihuela ha aprobado la evaluación ambiental estratégica simplificada para una modificación del Plan General que pretende ampliar el casco urbano más allá de la losa del AVE. El objetivo es emplear el área con usos comerciales y de ocio, además de actualizar y modernizar los actuales industriales. La denominada Zona 12 se extiende en torno a 250.000 metros cuadrados situados entre la carretera de Bigastro, la de Arneva y las vías soterradas del tren.

La losa del AVE ha rebajado el efecto barrera histórico entre el ensanche del casco urbano de Orihuela y el «otro lado» de las vías, en el que se alternan naves con bancales de huerta tradicional. La finalidad es crear una imagen de ciudad abierta y espacios colectivos, ya que el soterramiento en las avenidas de Marqués de Molins y de la Estación «ha cambiado por completo la idiosincrasia y motivación del uso» inicial de ese suelo como zona de servicio del ferrocarril. Entre otros informes sectoriales de los departamentos municipales, el procedimiento exigía la aportación de una consulta del servicio de ordenación del territorio sobre las afecciones del riesgo de inundabilidad del Patricova. Pero no está. En jerga administrativa, «no se ha evacuado». La información pública con la que se da cuenta de esa evaluación favorable desde hace unos días, ofrece pocas pistas sobre el desarrollo futuro de la zona. Solo concreta que se modificará a uso comercial y de ocio un 49% del suelo y mejorará dotaciones y accesos del industrial.

La información abierta a consulta está expuesta como un mero trámite, y solo hace consideraciones genéricas sobre el impacto ambiental -nulo según los técnicos municipales-. Insiste, eso sí, en justificar por qué es el Ayuntamiento, promotor de la modificación, el que debe evaluar ambientalmente la propuesta y esquivar la supervisión -en esta fase- de la Generalitat, hasta el punto de que los informes firmados por el técnico de Medio Ambiente y por el de Infraestructuras, son idénticos. La conclusión es que compatibilizar el uso industrial con el terciario puede actuar como revulsivo para la instalación tanto de actividades comerciales como de actividades industriales de elevado valor añadido.

El procedimiento, al que todavía le resta camino administrativo ante la Generalitat para justificar la posterior modificación puntual, hace mención en seis ocasiones a un documento inicial estratégico, externalizado al despacho especializado Cauce, que podría clarificar parámetros tan básicos como la superficie afectada por la Zona 12 o la distribución de usos y al que tampoco se puede consultar en la información pública.

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