«La Granadina» crea la primera EGM para una zona industrial en la provincia
La Entidad de Gestión y Modernización integra a todas las empresas de distribución del polígono de San Isidro junto al Ayuntamiento para modernizar servicios y dotaciones al amparo de una ley de 2018

Imagen aérea de las grandes naves de distribución implantas en el polígono de La Granadina de San Isidro. | / TONY SEVILLA
El área industrial de La Granadina de San Isidro se ha convertido en el primero de la provincia en constituir una Entidad de Gestión y Modernización (EGM). Esta figura jurídica de colaboración entre ayuntamientos y polígonos industriales se regula por la ley valenciana de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales, aprobada en 2018. Su creación se ha completado tras dos años de tramitación -para que se ponga en marcha es obligatoria la adscripción de todas las empresas implantadas- con la firma del convenio de colaboración público-privado entre el Ayuntamiento y la nueva entidad.
La creación de la EGM supone que La Granadina se dote de un órgano de gestión que permita mancomunar y modernizar servicios de forma autónoma como la seguridad o impulsar un plan de movilidad o de emergencias, aunque dependiendo funcionalmente del Ayuntamiento. La zona industrial está situada en un enclave estratégico para el Corredor Mediterráneo y es un referente en la provincia con 900.000 metros cuadrados de superficie, sobre todo, por la ubicación de grandes empresas de distribución. Por ejemplo, Mercadona acaba de concluir una inversión de más de 90 millones de euros en la ampliación de su bloque logístico sobre más de cincuenta mil metros cuadrados.
La EGM permitirá además captar las ayudas contempladas por la misma ley que crea estos órganos de gestión, nacida ante la necesidad de atajar el déficit de gestión, incluso el abandono tanto por parte de la administración como de las propias empresas de estos espacios -aunque no era el caso de La Granadina-.

Imagen de la constitución de la Entidad de Gestión y Modernización en el Ayuntamiento de San Isidro / Imagen e
La constitución de esta EGM, que se formalizó ayer con una cto protocalrio en San Isidro, ha contado con el asesoramiento y apoyo de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (FEPEVAL). En su junta directiva figuran representantes de Pedraplen, SL , que es la urbanizadora y preside la entidad, Mercadona, Frio Marcosol, Faura Garden, SL) y Aldi.
El alcalde de San Isidro, Manuel Gil Gómez, aseguró que la nueva herramienta «supondrá la mejora de relación entre el Polígono de La Granadina y el Ayuntamiento para que vayamos mejorando infraestructuras y la atención municipal hacia los empresarios». La Granadina lo es todo para la economía local -no obstante ocupa el doble de superficie que el casco urbano de este pequeño municipio de 2.100 habitantes-.
Comunidad de vecinos
La legislación autonómica que regula estas EGM las compara a una comunidad de vecinos porque las zonas industriales «con problemas comunitarios mucho más complejos», precisa de «una gestión continua y organizada, que, disponiendo de unos medios personales y materiales concretos, que vele por el funcionamiento del área y resolver los problemas que se planteen».
En 2001 Albatera autorizó la ampliación del polígono de la Granadina y "vendió" parcelas públicas que le correspondían al promotor. En 2003 un Tribunal confirmó que el terreno pasaba a formar parte de / DARIA PÉREZ
La Generalitat ha impulsado esta EGM, a la que se sumarán otras que se están tramitando ahora en otros puntos de la provincia, porque considera que las fórmulas de organización empresarial hasta ahora existentes para los polígonos «no han sido adecuadas para afrontar el déficit de gestión manifestado en las áreas industriales».
La EGM permite agrupar a los propietarios más allá del ente urbanístico o conservador de infraestructuras, ya que las áreas industriales «precisan para ser más competitivas de un nuevo sistema de gestión», profesional y activo, que cuente con medios suficientes para ofrecer servicios de calidad y valor añadido, sin dejar de respetar «las competencias y responsabilidades que tienen los ayuntamientos en materia de mantenimiento y conservación».
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