El pleno del Consell aprobó ayer, tal y como había anunciado un día antes en Torrevieja la consellera de Sanidad, Ana Barceló, el decreto que regula las condiciones laborales del personal del departamento de salud de Torrevieja tras la reversión que comenzará el 16 de octubre, cuando se volverá a la gestión pública. Según un comunicado que hizo la Generalitat al término de la reunión, se garantiza la seguridad jurídica de los trabajadores, por ende de los usuarios y, también, de las empresas concesionarias que trabajaban. La «hoja de ruta» también da un plazo máximo de 90 días para que todos los trabajadores que en su día estaban en la sanidad pública, como personal estatutario, puedan pedir el reingreso y regresar a su anterior puesto. Todos ellos en su día fueron declarados en la situación administrativa de servicios bajo otro régimen jurídico o en la situación administrativa de excedencia por prestación de servicios en el sector público, se explica en el decreto. Ahora, deberán manifestar si optan por continuar con la condición de personal laboral a extinguir (que es lo que le sucede a todos los trabajadores contratados por la concesionaria, Ribera Salud), o bien reingresar en la condición de personal estatutario fijo.
El decreto no detalla cuántos afectados puede haber. Cada uno de ellos tendrá que analizar qué condiciones le interesan más, si continuar con las que en su momento le hicieron marcharse a trabajar para una empresa privada que había obtenido una concesión pública y necesitaba personal para cubrir las plazas; o bien regresar. Como se recordará, el modelo de Ribera Salud daba incentivos que eran y son impensables en el modelo de sanidad pública.
Y ese plazo de 90 días no es baladí. La Generalitat considera que hasta mediados de enero de 2022 no podrá clarificar cuál es la plantilla y sus necesidades, en función de cómo queda cada uno de los trabajadores y qué necesidades reales tiene. En cualquier caso, Barceló ya dijo el jueves en la Ciudad de la Sal que tiene una bolsa de 6.000 personas dispuestas a marcharse a trabajar al departamento cuando se le ofrezca un contrato y que ello permitirá «normalizar» la situación después de que, según la responsable de Sanidad, la concesionaria se esté marchando dejando todo tipo de problemas.
El decreto confirma que la Generalitat subrogará los contratos vigentes en esa fecha, el 16 de octubre, tanto temporales como indefinidos. «El personal afectado seguirá en sus puestos en condición de personal laboral a extinguir», es decir, que nadie podrá quitarle la plaza que ocupan.
Las retribuciones de ese personal, según establece el decreto, serán las correspondientes al convenio colectivo en el momento de operar la subrogación, así como las que se deriven de su contrato de trabajo, sin perjuicio de su posterior modificación en los supuestos legalmente establecidos y siempre que sean compatibles con el principio de estabilidad presupuestaria.
Ocuparán plazas estatutarias pero sin sus derechos
El decreto también establece que el personal subrogado desempeñará los servicios objeto de su contrato en una plaza de naturaleza estatutaria, «a los exclusivos efectos de la organización de la plantilla del departamento y de ordenación de los recursos humanos», sin que ello signifique modificación de su relación de empleo laboral o de sus condiciones de trabajo, ni la adquisición de los derechos inherentes a la plaza estatutaria que ocupa.
