Toneladas de material obsoleto -impresoras, ordenadores y mobiliario,vendido al peso como chatarra; extinción en un día de 200 contratos eventuales; los sindicatos -otrora defensores del modelo público-privado como garantía de estabilidad- en contra de la concesionaria y denunciando que se va dejando el Hospital Universitario de Torrevieja «bajo mínimos». Es la imagen de unas semanas «horribilis» para Ribera Salud que no pueden resumir 15 años de gestión de la sanidad de Torrevieja y nueve municipios más de la Vega Baja. Aquel centro que llegó a ser designado por Microsoft en 2010 para la instalación de un Centro Mundial de innovación sanitaria -del que nunca más se supo- , que se disputaba el turismo sanitario y en cuyo vestíbulo principal no caben más galardones como mejor hospital de España, está en horas bajas.
El Hospital inaugurado por Francisco Camps un 17 de octubre de 2006 era una vieja aspiración de los habitantes de Torrevieja y la Vega Baja, reclamado incluso en la calle en plena Transición -con detenciones incluidas-, también por los municipios que luego fueron integrados en el departamento: Pilar de la Horadada, Rojales, Guardamar del Segura, Orihuela Costa, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura. Pero en los años 80, Orihuela tenía más peso y el Hospital de la Vega Baja se construyó allí.
Durante más de 20 años los vecinos de la costa de la comarca tuvieron que acudir para cualquier urgencia, parto, prueba o intervención al Hospital Vega Baja. A una distancia mínima de 15 kilómetros. No es de extrañar que cualquier encuesta encargada por Ribera sobre la atención en el Hospital de Torrevieja reiterara siempre un nivel de satisfacción enorme: solo la cercanía lo valía.
El proyecto contó inicialmente con una participación mayoritaria de las antiguas CAM y Bancaja, por exigencia de la Generalitat, además de Ribera y de las constructoras Ortiz o Acciona -muy vinculada a la obra pública en Torrevieja- y la aseguradora Asisa. Un conglomerado donde la presencia de las cajas y Ribera mandó desde el principio. Las constructoras salieron pronto de la UTE y Asisa casi fue expulsada en 2011. La posterior reestructuración, traumática, coincidió con la apertura del Hospital del Vinalopó, que al igual que el Hospital de Dénia son también centros públicos gestionados por Ribera.
El de Torrevieja, el que ahora pierde Ribera, siempre ha sido sin embargo la joya de la corona. Se invirtieron 62 millones en su construcción. No importó que tuviera que levantarse sobre un saladar. El modelo de colaboración público privado, impulsado por Eduardo Zaplana a finales de los noventa con el hospital de Alzira, generó polémica desde el principio, pero no rechazo en Torrevieja.
El principal argumento de la empresa y el PP, valedor de la fórmula, era y es que no importa si la gestión es pública o privada mientras el paciente no lo distinga en la atención que recibe. Sobre todo si funciona bien. La fórmula, aliñada con un importante despliegue tecnológico, ha sido referencia en el sector sanitario. La población protegida -160.000 vecinos, según Ribera- no han cuestionado ese modelo, más allá de las críticas desde los partidos de izquierdas. Tampoco los sindicatos, que negociaban año a año un convenio muy mejorado, sin nada que ver con el del sector de la sanidad privada. Las relaciones laborales de la plantilla de 1.400 trabajadores han sido siempre las de una empresa privada, a lo que se añadía una espiral del silencio para no romper la imagen de arcadia feliz que siempre ha cuidado la concesionaria. Los conflictos no eran distintos a los de cualquier hospital público comarcal de la Comunidad, ni más graves ni más leves; ni los casos de negligencias médicas, que haberlos, como en otros departamentos, los ha habido. Todo ha funcionado con financiación pública al 100%. Más de 120 millones de euros anuales ha desembolsado la Generalitat en función de la estimación per cápita, que ha pasado de 494 al inicio de la concesión a 795 euros anuales por cada una de las tarjetas sanitarias adscritas al servicio en estos quince años. La concesionaria se encargó pronto de desplegar una amplia red de acreditación. Captados como clientes, a más usuarios, más ingresos para la concesión, a los que había que sumar la atención prestada a los desplazados: miles cargadas a los servicios sanitarios de otras autonomías. Las anualidades desde 2013 están por liquidar y camino del juzgado por la discrepancia -de más de 50 millones- entre Ribera y la Generalitat.
Ribera, que pertenece a la multinacional sanitaria norteamericana Centene, sí ha tenido más margen que la sanidad pública para la captación de personal más cualificado, los facultativos de especialidades, a través de un sistema de incentivos y retribuciones, que atrajo a muchos de los médicos que ahora van a dejar el centro. Ello ha permitido desarrollar, sin las ataduras de la administración pública, programas en los que reducían listas de espera de cirugía operando por la tarde. Si hay algo que ha cuidado Ribera en el área de salud ha sido la imagen: Instalaciones impolutas, las habitaciones individuales de hospitalización con cama para un familiar, el sistema de información por móvil y aplicaciones o servicios creados exclusivamente para la atención de residentes comunitarios y británicos... La Generalitat, que llega con el paso cambiado de la improvisación, tiene ahora la responsabilidad de que la gestión directa «no se note».
