Vecinos y plataformas de apoyo, un abogado con ganas de resolver el problema e incluso el banco pararon ayer, in extremis, el desahucio de un vecino de La Campaneta frente al empeño del juzgado en ejecutarlo.
Matías Tornero, vendedor de la ONCE, no se lo podía creer. Había recibido la notificación del juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela hacía solo unas horas. Se le comunicaba en ella que iba a ser desahuciado. Y ayer por la mañana, a primera hora, ya estaba la comisión judicial para hacerlo efectivo en una humilde calle de la población oriolana de La Campaneta. Hace unas semanas se había puesto al día con el alquiler social de su vivienda con la entidad bancaria gestora del inmueble.
El banco le había comunicado que renovaba el contrato de forma verbal pero perfectamente válido en derecho civil, tras saldar una deuda contraída cuando se quedó sin trabajo en la pandemia y estaba en vigor, tal y como documentó en un audio de la gestora el propio afectado y su letrado. Sin embargo, la comisión judicial aterrizó ayer en la pedanía del corazón de la huerta de la Vega Baja, bien temprano, para ejecutar el lanzamiento. Hasta el banco lo veía absurdo, y ya debe ser absurdo para que el banco lo viera así. El apoyo de los vecinos de la calle y la plataforma contra los desahucios de Orihuela hicieron el resto.
José María Marcos, abogado de Matías, no salía de su asombro. Había comunicado al juzgado a primera hora el audio en el que la entidad certificaba que todo estaba en regla. No obstante, el juez Antonio Morente, con una trayectoria de resoluciones polémicas en los últimos años allí donde ha ejercido, no daba su brazo a torcer y mantuvo la resolución que se refería al anterior contrato de alquiler social -el que había expirado antes de que el residente lo renovara con otro-. Finalmente las llamadas del banco al juzgado y a la comisión judicial -que tampoco parecía convencida de dejar su empeño-, paralizó el desahucio
Los representantes de la plataforma advirtieron que se están produciendo desalojos de viviendas a diario en toda la comarca pese a que la administración central anunció que se paralizaban en periodo de pandemia al menos hasta finales del mes de octubre, y que otras familias de los diseminados de la huerta de Orihuela de origen magrebí, no iban a tener tanta suerte como Matías, que contaba con la ayuda de un abogado involucrado con empatía en el caso y de sus vecinos para parar la comisión judicial. La tensión y la preocupación de estos días dio paso al alivio y la alegría, y Matías de nuevo, entró en casa.
