La escasez permanente de recursos hídricos y la polémica por el reparto del agua del trasvase Tajo-Segura centraron las jornadas sobre el presente y el futuro de la agricultura de la Vega Baja, que, al exportar cada año productos agrícolas por valor de más de 1.000 millones de euros, es el principal motor de este sector en la provincia, y a su vez la zona más castigada por los recortes impuestos por el Gobierno, que apuesta por la desalación en la franja sur del Mediterráneo.
Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, fue tajante al defender la pervivencia y el mantenimiento del trasvase: «Traer agua desalada en San Pedro del Pinatar no va a ser una solución por el momento».
En su opinión, «la macroplanta de Torrevieja es la única que puede surtir, y está lejos de llegar a los 120 hm3 anuales». Actualmente está en es de 80 hasta que la empresa estatal Acuamed no amplíe su capacidad, en unos dos o tres años, apuntó Melgarejo, que sostuvo que «la merma permanente que impone el Ministerio [de Transición Ecológica] no tiene justificación ambiental, económica ni social. Es una decisión estrictamente de carácter político». Es más, añadió, la ministra del ramo, Teresa Ribera, «siempre que ha podido, cuando tiene capacidad de decisión, reduce la cantidad que nos corresponde, y lo hace de forma unilateral y sin tener en cuenta los informes técnicos». Por eso, indicó, «los regantes no se fían de las decisiones ministeriales».
Por ejemplo, «este mes hemos recibido solo 12 hm 3, porque Ribera rebajó los 20 que se podían haber alcanzado al no oponerse la comisión técnica, y lo mismo ocurrió en septiembre y en agosto». A la desconfianza se suma la incertidumbre: «El mes que viene no sabemos».
De esos 12 hm3 más de la mitad son para el abastecimiento. «Los agricultores ven mermados los recursos de forma sistemática», explicó. Según sus cálculos hay un déficit de 177 hm3 este año, mientras que desde el pasado octubre el volumen trasvasado está por debajo del autorizado.
Sin olvidar, prosiguió, que «estaremos tres o cuatro meses sin recibir agua, como ya ocurrió el año pasado». Se refiere al cierre por unos trabajos de mantenimiento en el embalse regulador de la Bujeda, el mismo que ya estuvo cerrado entre el pasado octubre y abril.
Otra amenaza que hay sobre la mesa es la que supone el incremento de los caudales ecológicos en el Tajo, pasando de los actuales 6 m 3 por segundo a 8,65 que prevé el borrador del nuevo plan, al que se pueden presentar alegaciones hasta finales de diciembre: «Habría que dejarlo como está».
En la misma línea, el geógrafo Vicente Bordonado defendió que «es fundamental que el trasvase continúe; lo otro es un contrasentido». A su juicio, desalar agua del mar tiene un elevado coste energético y una alta emisión de CO2. «Es completamente contaminante» y además «abre la veda al mercado de las eléctricas», sostuvo.
Tampoco se puede depender de las desaladoras por «su encarecimiento y precio desorbitado [se calcula que el precio del agua desalada es cuatro veces más caro que la del Tajo», indicó Bordonado, que lamentó que el Gobierno quiera cerrar este trasvase y sin embargo mantenga otros.
En cuanto a la insistencia del Ministerio sobre la reutilización de agua, el también experto en Climatología argumentó que «en la cuenca del Segura el mismo metro cúbico se aprovecha hasta siete veces, algo único en el mundo», a lo que Pablo Melgarejo, de Producción Vegetal y Microbiología de la Universidad Miguel Hernández, añadió que «el sistema es altamente eficiente, reutilizando el agua varias veces».
Bordonado también abogó por que se mantenga el riego tradicional, ya que «si arrasáramos con este sistema y adoptáramos el estilo del Campo de Cartagena, el nivel freático aumentaría y sería insostenible para la Vega Baja».
Nuevos riesgos y plagas
Por último, el geógrafo incidió en el impacto de la crisis climática y sus riesgos: «Si no vamos de un modelo agroindustrial hacia otro agroecológico, el agricultor no va a tener herramientas para luchar contra las nuevas plagas». Es más, «las leyes van siendo más restrictivas en el uso de químicos y fitosanitarios, que son al mismo tiempo cada vez menos eficaces». De todo ello dependen 25.000 empleos directos e indirectos, entre Alicante y Pilar de la Horadada.
Digitalizar cultivos: Eficiencia y ahorro
Además de la falta de agua, la jornada trató nuevas formas de adaptarse para que los cultivos sean rentables pese a las inclemencias. Miguel Agulló, presidente del colegio de ingenieros agrícolas (Coitagra), que organizó la jornada junto al Consistorio y la Universidad Miguel Hernández (UMH), anunció la Escuela de Alta Tecnificación Agraria, que estaría funcionando en dos años para formar a agricultores: «Quien se quede atrás tendrá difícil poder luchar», afirmó.
Pablo Melgarejo, de la UMH, sostuvo que la gestión automática del cultivo (digitalización) y el uso de la tecnología supone un ahorro en costes del 25%».
