Ampas Vega Baja y Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística continúan con su oposición a la Ley de Plurilingüismo, que garantiza un mínimo de 25% de horas lectivas en lengua valenciana en Infantil y Primaria desde 2018 y en primero de secundaria a partir de ahora, y dan un paso más iniciando una campaña para recaudar fondos con los que sufragar los recursos que presentarán ante los tribunales.
Remitirán "los casos más representativos de toda la comunidad educativa", comentan desde la plataforma, que el viernes se constituyó en asociación. Por ejemplo, "se trata de aquellos alumnos que han solicitado la excepción del valenciano, así como los que dan la asignatura de valenciano pero no quieren dar las otras en esa lengua". En este sentido, advierten de que "si la justicia les da la razón en esos recursos, se la dará también a todos los padres que se encuentren en la misma situación".
Además, explican que no hay más opción que acudir al contencioso administrativo, después de que 2.000 padres elevaran recursos y la Conselleria los haya ignorado, algo que tildan de "humillación y desprecio" por parte del Gobierno valenciano.
"El número de casos que se lleven a la justicia dependerá del presupuesto recaudado, ya que cada acto jurídico de este tipo cuesta en torno a 3.000 euros", recalcan.
Por eso, piden la colaboración ciudadana y hacen un llamamiento a vecinos, asociaciones, organismos e instituciones para que se unan en un crowdfunding contra lo que consideran "una inmoralidad". En palabras de la plataforma, se trata de "la supervivencia como región, la defensa de nuestra cultura y nuestra historia".
Así, animan a que "se vuelva a poner sobre la mesa que la dignidad de esta tierra no puede ser atropellada". El año pasado se celebró en Orihuela una manifestación con una amplia asistencia de unas 20.000 personas pidiendo la derogación de la ley por el rechazo del porcentaje de asignaturas obligatorias a impartir, y la respuesta del gobierno fue de "absoluto desprecio", recuerdan.
Por último, indican que se ha realizado "una aplicación ilegal del decreto" en la Vega Baja, donde, por el alto porcentaje de rechazo en sus centros, "sabían que era una zona que iba a generar conflicto y que no se iba a dejar avasallar".
