El Gobierno central ha dejado en evidencia los informes del director general de Urbanismo de la Generalitat, Vicente García Nebot, y desmonta sus argumentos para justificar la macro urbanización de Cala Mosca en Orihuela, para construir 2.280 viviendas. Así lo ha comunicado Compromís, que ha hecho pública una respuesta del Ejecutivo al senador Carles Mulet.
García Nebot emitió, a petición del Ayuntamiento de Orihuela, un documento para afirmar que el informe negativo de la Unidad de Carreteras de Alicante, de la Demarcación de Carreteras del Estado, sobre Cala Mosca no tenía carácter vinculante, por lo que animaba y amparaba continuar con la tramitación del proyecto.
Cala Mosca, en el litoral de Orihuela, constituye en la actualidad uno de los escasos espacios costeros del sur de la provincia de Alicante con valores ambientales que todavía no ha sido colmatado por edificaciones, a pesar de estar parcialmente urbanizado.
Las obras de urbanización del sector se paralizaron a raíz de una denuncia ante la Unión Europea por el impacto negativo sobre especies amenazadas.
La Generalitat, reconociendo sus valores ambientales, paisajísticos y territoriales, propuso en su plan de protección de la costa (Pativel) un régimen transitorio para este sector, que implica que, de no culminar la urbanización en un plazo de 5 años -que finaliza en 2023-, quedaría clasificado como suelo protegido por su elevado interés.
La Administración central emitió un informe que impedía esta urbanización, pero el director general de Urbanismo, sabiendo de su falta de competencias, elaboró un informe para permitir al Ayuntamiento oriolano, en manos de PP y Ciudadano, continuar con sus pretensiones de urbanizar esta zona.
A la batería de preguntas de Mulet, el Gobierno contesta por escrito que el informe sectorial de carreteras emitido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sí es preceptivo y vinculante. Por tanto, una eventual aprobación definitiva del instrumento urbanístico será nula de pleno derecho.
"Este Ministerio es el que ostenta las competencias para emitir dichos informes, competencias que no están, en ningún caso, delegadas en otros órganos de las comunidades autónomas o entidades locales", dice el texto.
"Esta respuesta demuestra una intromisión clara del cargo autonómico, falseando en su informe una realidad que debería conocer por su formación", advierten desde Compromís.
En concreto, el informe negativo del Ministerio se centra en dos aspectos clave: el mantenimiento de los niveles de servicio y seguridad viaria y en el cumplimiento de las servidumbres acústicas. "Ambos aspectos inciden de forma directa en la sostenibilidad, tanto en su vertiente económica y social como ecológica", añaden.
"El contrainforme falso de García Nebot iría en contra de estos principios y buscando el interés urbanístico", concluyen.
