Cala Mosca es uno de los pocos espacios costeros libre de edificaciones en la provincia, el último kilómetro virgen en el litoral oriolano. Un reducto de gran valor ambiental, por albergar especies protegidas de flora y fauna, como la jarilla cabeza de gato -propia del sureste peninsular- y el raro caracol Tudorella mauretanica. Medio millón de metros cuadrados donde están previstas 2.274 viviendas. Un polémico plan urbanístico y un abultado expediente de tramitación con unos 1.300 documentos.
Pese a un informe en contra por parte del Ministerio en el área de Carreteras y a la ausencia del aval del órgano ambiental de la Generalitat, en septiembre el pleno aprobó la modificación del plan parcial de este sector, declarado urbanizable en los años 90. Pocos días después el fiscal del Área de Elche, en diligencias de investigación, solicitó al Ayuntamiento que remitiera documentación en el plazo de 15 días. En concreto, «el expediente sobre su evaluación ambiental, incluyendo los informes jurídicos y técnicos», así como el acuerdo del pleno «con certificación expresa de si tal aprobación es provisional o definitiva».
A los cuatro días del requerimiento el Consistorio remitió la declaración de impacto ambiental que realizó la conselleria en 2018, dos informes de la secretaría general y otro de la interventora. En todo momento se observa el empeño por demostrar que la constructora había ido subsanando los principales escollos antes de ir al pleno. Así, en lo referente a su impacto en el patrimonio histórico y arqueológico, se consideran «correctas las propuestas realizadas por la empresa». No obstante, continúa, propone la limpieza, documentación y conservación del sistema hidráulico que hay en la parcela, así como el mantenimiento de muros de bancales de piedra en seco, «una técnica constructiva característica en hábitats rurales, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco», de forma que estos conjuntos queden como «un referente del uso agrícola de esta zona, actualmente casi totalmente urbanizada». En cualquier caso, añade el Ayuntamiento, «corresponden a la conselleria las medidas de protección de este patrimonio cultural». Con todo, insiste, en que los hallazgos se preservarán porque están en el área de protección de especies, que a su vez se ha ampliado: «Está perfectamente delimitado y claramente diferenciado dentro del ámbito, hasta tal punto que forma un espacio autónomo dentro de la unidad de ejecución». Aunque este punto también lo deriva a la Dirección General de Medio Natural.
Informe vinculante
En cuanto al informe desfavorable de Carreteras, por saturación e impacto acústico, el Consistorio advierte en reiteradas ocasiones que «no es vinculante ni determinante», y va más allá: «La Administración estatal aduce que es deber de los propietarios costear y ejecutar las infraestructuras, pero olvida que ya lo han hecho», en referencia a la rotonda de acceso y a «la cesión gratuita de los terrenos para el desdoblamiento» de la carretera. Incluso, añade que «lo que pretende la Administración es imponer una doble carga a los propietarios». Y más aún: le recrimina «una actitud reprochable que conculca los principios de colaboración entre administraciones, participación, objetividad, transparencia, buena fe y lealtad institucional». En este punto hay que recordar que recientemente el Gobierno ha reiterado en una respuesta al senador Carles Mulet que su informe es vinculante y que «una eventual aprobación definitiva del instrumento urbanístico será nula de pleno derecho».
Los documentos municipales argumentan en todo momento que el constructor ha cumplido con los condicionantes, incluido el trazado y la anchura legal de la vía pecuaria que atraviesa el sector. Ya en mayo la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado requirió al Consistorio «fecha del último censo de las especies de flora y fauna protegida que pueblan esta zona», a lo que respondió: «Este Ayuntamiento no ha efectuado censo por ser una competencia de la Dirección General de Medio Natural». Mientras que Cambiemos, que ha señalado en varias ocasiones continuas irregularidades en el proceso, en verano denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la tramitación del expediente.
Un movimiento vecinal para proteger el territorio
Mientras se dirimen los aspectos técnicos y legales del plan urbanístico, crece el rechazo social, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y en un último grito por dignificar un entorno y recuperar un territorio ya de por sí saturado. Con una carga emocional, ambiental y paisajística, como ya adelantó este periódico, se ha creado la plataforma vecinal «Salvemos Cala Mosca», que se presentará este sábado en el restaurante Los Cucalos a las 11.00h y que ya tiene web y cuentas en las redes sociales.
