La puesta en marcha final de la estación comarcal de transferencia de basuras del polígono de Los Azarbes Dolores tendrá que esperar. La Generalitat no ha podido recepcionar de Vaersa, empresa pública a la que encomendó la construcción, el recinto y las instalaciones. Esta planta es la única y primera instalación propia de gestión de residuos con la que cuenta la Vega Baja y debe ser la infraestructura que permita comenzar a racionalizar el reciclaje y eliminación de las basuras en la comarca. Fue presentada como prácticamente concluida, con autorización ambiental y para comenzar a operar en octubre, tras una visita de la consellera Mireia Mollà el 30 de agosto a las instalaciones.
Los 27 municipios del Bajo Segura y la Generalitat, que es la que tiene competencias sobre la gestión de residuos, llevan años haciendo encaje de bolillos para deshacerse de la basura que generan los 400.000 vecinos de la comarca. La eliminan principalmente la planta y vertedero de Elche, pero este recinto fija todos los meses un máximo de toneladas a recibir, que los municipios más grandes, como Torrevieja, siempre cubren. Entonces se debe recurrir a las instalaciones autorizadas de Villena, Fontacalent de Alicante o Piedra Negra de Xixona (174 kilómetros ida y vuelta), mucho más distanciadas.
Teresa Belmonte, presidenta del Consorcio comarcal de residuos A6 y alcaldesa de Bigastro (PP), explicó a INFORMACIÓN que los principales elementos que quedan por incorporar a la planta de transferencia son los ventiladores y otras piezas vinculadas a los biofiltros. Los que permitirán tratar las emanaciones de los residuos acumulados en las tolvas. Vaersa se ha encontrado con el mismo problema que muchos proveedores en los últimos meses, a la hora de encontrar la tecnología y los suministros que necesita, en este caso muy específica, para completar la instalación. Belmonte indicó que el Consorcio no puede poner en marcha la planta sin la garantía de que cuente con todos los elementos que permitan mitigar cualquier impacto ambiental de unas instalaciones que van a recibir a diario del orden de ciento cincuenta toneladas de residuos de camiones recolectores de toda la comarca. Aclaró que hay sintonía con la Generalitat en resolver el problema porque la administración autonómica es la primera interesada en la apertura de la instalación.
El Consorcio ha convocado para el próximo martes a todos los representantes de los 27 municipios de la Vega Baja para poner sobre la mesa las primeras propuestas de canon por transporte y eliminación por tonelada que ha planteado la concesionaria de la gestión de los residuos Cespa-Ortiz. Ese precio será unitario para todos los municipios y contemplará el transporte desde la estación de transferencia de Dolores hasta las plantas de eliminación -Elche, pero también Xixona, Alicante y Villena. Hasta ahora son los municipios los que negocian el precio directamente.
Pero pronto será un canon unitario para los 27 municipios que a su vez se abonará a Cespa-Ortiz y debe atender a un equilibrio entre los municipios que ahora pagan menos por tener los vertederos más cerca y los que asumen grandes sobrecostes al superar una distancia importante.
Adaptación de Cespa Ortiz
Esta negociación y fijación del canon de eliminación tonelada es importante para muchos municipios que están en estos momentos elaborando sus presupuestos de 2022. Además el Consorcio está trabajando en la adaptación del plan de gestión con el que ganó el polémico concurso Cespa-Ortiz en 2008 con una propuesta de vertedero de grandes dimensiones en Torremendo (Orihuela), modificado en 2013 con la previsión de un macrovertedero en Albatera. Ha pasado casi una década. El canon anual para la empresa se fijó en ese momento por la inversión a realizar en el macrovertedero y la eliminación de la basura en 12 millones de euros. Ese canon va a ser necesariamente superior ahora pese a que la legislación descarta un gran vertedero. Pero además del transporte a vertedero de eliminación, hay que diseñar instalaciones de tratamiento de biorresiduos en todos los municipios mayores de 20.000 habitantes y mancomunadas entre los de menos de 15.000.
