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Los técnicos avalan renovar por «interés general» el contrato del agua en Torrevieja

La prórroga cuenta con informes favorables de la asesoría jurídica y de las áreas económica y financiera, que son las competentes - La secretaria Pilar Vellisca realiza un contrainforme, que nadie le había pedido, para argumentar que es imposible o sería un «fraude»

Trabajos para la evacuación de aguas pluviales en Torrevieja por parte de Agamed. | TONY SEVILLA

El visto bueno de los informes elaborados por la asesoría jurídica y las áreas económico y financiera o por el jefe de Proyectos del Ayuntamiento de Torrevieja a una prórroga por 20 años del contrato para la gestión integral del ciclo del agua, que realiza la empresa mixta Agamed (hasta 2028), lo que supondría una inyección en obras de 35 millones de euros para acabar con los problemas periódicos de inundaciones en el casco urbano, ha chocado con otro de la secretaria municipal, Pilar Vellisca. A raíz de que se le pidiera asesoría por el alcalde sobre si el pleno era el órgano competente para dar luz verde al plan de viabilidad de la prórroga, se ha descolgado con un informe en el que muestra su rechazo no ya al plan sino a la prórroga y llega a calificar el proceso de «fraude».

En Torrevieja, las desavenencias entre la secretaria y el regidor, Eduardo Dolón, se han evidenciado este mandato. Sin ir más lejos, en agosto de 2020, Vellisca acusó en un pleno al equipo de gobierno de, «vaciar sus funciones de contenido. Adrede, ustedes sabrán por qué». Ese mismo mes, Dolón había cambiado su despacho de planta tras 30 años. Por encima de la patente animadversión que se profesan, las conclusiones que la fedataria extrae han generado una evidente tensión con los funcionarios que respaldan el proyecto de Dolón (y que son los responsables de su ejecución, no ella) porque son a los que acusa. A lo largo de 28 folios y haciendo un símil con una sentencia del Supremo sobre la nulidad de la ampliación de un contrato entre el Ayuntamiento de Benalmádena y una sociedad de economía mixta, llega a la conclusión de que en Torrevieja se está tratando de eludir la Ley de Contratos del Sector Público, añade que no cabe prórroga y que en 2028 el actual debe liquidarse sin posible continuidad. Por su cabeza no pasa otra solución. Otras fuentes consideran que Vellisca está extralimitándose en sus competencias porque, al tratarse de un municipio de gran población, se está inmiscuyendo en la labor de otros profesionales, los de la asesoría jurídica, que precisamente son quienes pilotan el expediente y a los que, entre otros, deja en entredicho.

La secretaria, para tumbar la posible prórroga, llega a afirmar que en el contrato que sirvió para crear Agamed, en 1998, se especificaba que se encargaría de «la gestión del servicio, no de obra alguna»; es decir, que no se puede justificar la ampliación porque la empresa nunca ha tenido este cometido, obviando que desde sus orígenes la mercantil no ha hecho otra cosa. A pesar de ello, con este argumento da por desmontado uno de los informes favorables, el del jefe de Proyectos, quien dice así sobre las obras propuestas: «...Son las estrictamente necesarias, inaplazables, urgentes, de utilidad pública e interés general para subsanar el problema de las inundaciones (...) por lo que se considera la necesidad de ejecución en el menor espacio de tiempo posible, informando de las mismas de manera favorable desde el punto de vista estrictamente técnico».

La secretaria, además, niega la posibilidad de prórroga porque, dice, cuando se constituyó Agamed no se preveía esta posibilidad y añade que ahora se pretende impulsar a través de una empresa de economía mixta, figura que es «hoy inexistente en el ordenamiento jurídico». Aunque sí aparezcan como tal en el título III de la Ley de contratos del Sector Público de 2017.

Plazo

Pero, ¿por qué una prórroga por 20 años?. También a ese plazo se niega con el argumento de que «se excedería los límites de la legislación actual». En cambio, en el informe jurídico que dio inicio al expediente se explica que sí es factible y necesario para abordar la viabilidad técnica de las «criticidades» del plan de pluviales de Torrevieja, que son «las estrictamente necesarias para subsanar el problema».

Si no se quiere tocar el bolsillo a los ciudadanos con las obras no quedaba otra que dilatar en el tiempo el periodo de amortización. Y eso también está avalado por dos informes municipales de viabilidad, uno económico-financiero y otro de fiscalización por la intervención, órganos considerados como preceptivos para llevar adelante el expediente de prórroga, dice el Consell Jurídic Consultiu. En estos se afirma que es válido el inicio de este procedimiento con estas condiciones. A ello se añade que el informe de viabilidad económica dice que de otro modo sería inviable para la Tesorería, «asumir esas inversiones en las tarifas del servicio».

La prórroga es factible, según la asesoría jurídica, pese a suponer una excepción a la regla general de los contratos, porque tiene su causa en «razones de interés general». El doctor en Derecho, Santiago José Gómez-Varas, realizó un dictamen favorable que explicarlo que figura en el expediente y que hace suyo la asesoría para, citándole, asegurar que: «El interés público se manifiesta en unas necesidades nuevas consistentes en la realización de infraestructuras para la continuidad del servicio. (Torrevieja) Tiene un déficit de infraestructuras hidráulicas en el servicio de agua y alcantarillado que pone en riesgo la protección de las personas y del medio ambiente».

Nada de eso es óbice para que la secretaria, en sus conclusiones, insista en que puede existir ese fraude por «la concurrencia de una serie de actos que, pese a su apariencia de legalidad, violan, sino frontalmente sí por otras vías indirectas, el concepto ético y el contenido jurídico de las normas (...) con daño y perjuicio deliberado». Y todo ello lo sostiene pese a que el expediente está en sus inicios y es el Consell Jurídic Consultiu el que deberá, finalmente, informar de si la ampliación o no de la prórroga cumple con los preceptos legales.

Lo más urgente para acabar con las inundaciones


8 millones de euros. Ejecución de tanque de tormentas, con capacidad para 40 millones de metros cúbicos en el aparcamiento de Aquópolis para verter después a la red de aguas.

14 millones de euros. Ejecución del colector enterrado paralelo a la CV-905 y antigua vía férrea de Torrevieja a Albatera para conducir las aguas al canal del acequión de la laguna de Torrevieja, efectuándose el alivio de las aguas tratadas al Puerto de Torrevieja.

6,2 millones de euros. Conexión de las anteriores infraestructuras. Todos los precios son sin IVA

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