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La Asociación de Vecinos reclama al Ayuntamiento de San Miguel rebajar el gravamen del IBI al 0,40

El colectivo vecinal alega contra la aprobación provisional de la ordenanza fiscal que solo prevé modificar gravamen al 0.59% frente al 0.60% / El impuesto se ha incrementado un 242% desde la aprobación de la ponencia de valores en 2013

Vista aérea del nuevo acceso Sur al casco urbano de San Miguel de Salinas desde CV-95

La asociación de vecinos “San Miguel Arcángel” de San Miguel de Salinas ha presentado alegaciones a la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles aprobada en el último pleno municipal. Esa modificación fijó el gravamen para 2022 en el 0,59 % frente al 0,60 actual. Esta modificación, que deberá ser reconsiderada en el próximo pleno municipal, "no supondrá -a juicio del colectivo vecinal- alivio alguno para los contribuyentes, que seguirán pagando más IBI que en 2021 debido a que, por encontrarse en el noveno año tras la aprobación de la ponencia catastral de valores, no se tributa, todavía, por el valor íntegro de la finca". Por ejemplo, un vecino que en 2021 ha abonado 471, 28 € pagará, en 2022, 501,46. La aplicación del gravamen aprobado le supondrá un decremento sólo de 8,5 €

La revisión catastral de 2013 y el mantenimiento de un elevado índice del gravamen por parte del Consistorio ha supuesto para los propietarios un incremento del 242 % de la tributación por IBI en los últimos nueve años. El establecimiento del gravamen impositivo en el 0,40 %, como pide nuestra asociación, que es el mínimo legal permitido, "supondrá, todavía, un incremento porcentual del impuesto del 164 % en nueve años. Según el mismo ejemplo anterior, el propietario abonaría, en 2022, 340 € en lugar de los 501, 46 € propuestos por el pleno municipal".

La asociación ha pedido al gobierno municipal que "se ponga en la piel de las economías medias del municipio, uno de los de renta per cápita más baja de la comarca, y que rebaje la desmedida presión fiscal que padecemos

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Por este motivo, la asociación ha solicitado, que se promueva "una revisión urgente de la ponencia de valores y, mientras tanto, que el Consistorio aplique el coeficiente más bajo permitido por ley, que es lo que suelen hacer en otros municipios cuando se ha producido la revisión catastral en fechas recientes". La Asociación recuerda que el municipio de San Miguel soporta "unos altos índices de tributación por impuestos como el IBI o por el pago de servicios públicos básicos, como los del agua potable y el alcantarillado. Algo falla en la administración municipal cuando el equilibrio presupuestario descansa en una presión fiscal de semejante calibre como la aplicada al IBI. El contribuyente del ejemplo, sólo por IBI, abonará una cuota mensual de 42 €".

La asociación ha pedido al gobierno municipal que "se ponga en la piel de las economías medias del municipio, uno de los de renta per cápita más baja de la comarca, y que rebaje la desmedida presión fiscal que padecemos". Una familia media del municipio debe dedicar una de las doce mensualidades del año, única y exclusivamente, al abono de impuestos y pago de los servicios públicos básicos como los comentados. El municipio precisa de un plan de ahorro y eficiencia en el gasto público para que sea posible aliviar la presión fiscal ejercida sobre el contribuyente. El asunto podría ir a pleno el próximo jueves, fecha en el que está previsto el pleno ordinario de este mes en el Ayuntamiento de San Miguel. La asociación espera que el gobierno local pueda al menos considerar una rebaja mayor de la prevista.

El equipo de gobierno del PSOE -Izquierda Unida difundió hace unas semanas la rebaja del gravamen como un logro de gestión pese a que su incidencia, tal y como está planteado, es mínima sobre los bolsillos de los contribuyentes -una media de ocho euros por contribuyente al año-. De hecho, para la media de vecinos solo supondrá pagar algo menos de incremiento.

Buena parte de los municipios de la comarca han rebajado en los últimos años el gravamen del impuesto por debajo del 0,50%. Es el ejemplo de Torrevieja, "castigada" por una ponencia de valores realizada en pleno boom inmobiliario en 2004. El gravamen es la única variable que puede modificar la administración local a la hora de recaudar el impuesto que en municipios de la comarca, en especial los ubicados en el litoral, cubre entre el 25 y 40% de ingresos de sus presupuestos.

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