Con el convencimiento de que en el anterior mandato se hicieron las cosas mal para retirar la Cruz de los Caídos, «por la vía rápida y no conforme a la legalidad», el alcalde de Callosa de Segura, Manuel Martínez Sirvent, anuncia que el Ayuntamiento miento inicia un procedimiento para que se revise el acto administrativo que concedió la autorización. «Es la primera opción, y es la que hay que utilizar», antes que emprender otras vías. Tras la querella de Abogados Cristianos contra el conseller por autorizar la retriada de la Cruz, el regidor coincide en que se ha constatado que «falta información que es preceptiva para esa autorización», como el proyecto de obra y un estudio arqueológico, como «así lo requiere el plan general en un entorno BIC y en el casco histórico». Por esto, «creemos que han habido ciertos atajos, saltándose el procedimiento, en contra de la ley para cumplir un programa ideológico».
A su juicio, «son infracciones graves que la conselleria permitió y, por tanto, es cómplice junto con los responsables del Ayuntamiento», algo que no puede quedar impune: «Se deben depurar responsabilidades y que los políticos que hayan formado parte de esta posible prevaricación por acción o por omisión sean sancionados».
En una Administración, continúa, cuando se hace algo contrario a la ley el acto es nulo de pleno derecho. De ser así, «pediremos su revocación para que la situación se restablezca al inicio». Es decir, para que «la Cruz vuelva a colocarse en su sitio», aunque «ya nunca se va a quedar igual, porque para desmontarla «se rompieron algunas partes con radiales».
Lo hace «sin ningún tipo de revanchismo», aclara. «No me gusta la pólvora, sí cumplir con mis compromisos», en referencia a que fue lo que prometió cuando fue elegido alcalde: «No me he olvidado, como hay gente que me critica. No voy a mirar para otro lado ni a dejarlo pasar».
Luego «ya hablaremos de la cruz en sí y de todo lo que implica», defiende. En su opinión, «más allá de la simbología religiosa que tiene, la Cruz es un elemento histórico y hasta folclórico». Además, sostiene que cuando se quitó no se tuvieron en cuenta «las fracturas sociales, cuando Callosa ya había pasado página».
Por otro lado, el Ayuntamiento está pendiente de juicio, que se celebrará el 17 de marzo, por una demanda que interpuso la parroquia de San Martín Obispo -y que se cursó el 18 de julio de 2017- por ser «titular dominical por usurpación del bien inmueble, que se compone de la Cruz de los Caídos y de la parcela de suelo urbano de 29 m² al que se encuentra adherido, delimitado por verjas y por la fachada principal de la iglesia». En otras palabras, advertía al Ayuntamiento de que no podía actuar sobre un monumento que es suyo «por título de donación y por prescripción adquisitiva, poseyéndolo pacífica e ininterrumpidamente, custodiando, conservando y encargándose de la escultura desde su edificación hasta hoy». Una «posesión indiscutida a título de dueño», se lee en la demanda.
En 2007 la Alcaldía la incorporó dentro de los bienes municipales. Sin embargo, la iglesia discute que, aunque estuviera inscrita en el inventario municipal, sea de dominio público. «Nosotros heredamos ese procedimiento del gobierno anterior», subraya Martínez Sirvent, que concluye que el juez tendrá que dirimir si es de la parroquia o de titularidad municipal.
