Suscríbete

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El TSJ alerta a Antifraude que su blindaje a los funcionarios que denuncian tiene límites

El tribunal valenciano anula la protección a un técnico de Los Montesinos porque la acusación que trasladó a la Agencia ya la investigaba un juez y está en fase de juicio oral con una petición del fiscal de un año de prisón para el alcalde por acoso laboral - El fallo dice que el organismo se excedió en sus competencias al exigir medidas al Ayuntamiento

Acceso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad en València. | MANUEL BRUQUE/EFE

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado el estatuto de persona protegida concedido por la Agencia Valenciana Antifraude y de Lucha contra la Corrupción (AVAF) a un técnico del Ayuntamiento de Los Montesinos. El fallo señala que ese estatuto, un blindaje legal para evitar represalias contra los funcionarios que denuncien o sean testigos de irregularidades y situaciones de corrupción, lo debe conceder la Agencia Antifraude por denuncias presentadas «precisamente ante el organismo público autonómico, no ante la autoridad judicial». En este caso los juzgados investigan varias denuncias presentadas por el funcionario -una de ellas en fase de juicio oral- y no aportaba, con su petición a la Agencia, una nueva causa que investigar. La resolución no es firme y puede ser recurrida por la AVAF ante el Tribunal Supremo.

El fallo de la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que la agencia no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, el ministerio fiscal y la policía judicial «ni puede investigar los mismos hechos que han sido objeto de sus investigaciones».

La condición del estatuto de denunciante para el funcionario fue rubricada por el director de la Agencia Joan Llinares el 11 de septiembre de 2018 y recurrida por el alcalde José Manuel Butrón (PSOE) y el propio ayuntamiento montesinero por la vía contenciosa al juzgado de Elche. Donde fue estimada solo parcialmente, y después ante el TSJ. Los recurrentes sostienen que al adoptarse la decisión no se respetó el principio de «contradicción y el derecho de defensa», ya que la primera comunicación recibida de la AVAF por el Ayuntamiento fue la propia resolución con la concesión del estatuto de denunciante para el funcionario. Los recurrentes creen que debió inadmitir su denuncia porque la entidad es «incompetente» para investigar hechos que ya estaban siendo investigados en el juzgado y la resolución de la AVAF supone «una intromisión y vulneración del principio de autonomía de las administraciones locales».

El TSJ señala el «carácter de decisión unilateral del organismo público con trascendencia externa y vocación de imposición al ente destinatario, el Ayuntamiento de Los Montesinos» porque la del estatuto de denunciante es una condición que no se limita a la decisión de proteger al denunciante. Para hacerla efectiva, esta Agencia especial -que recibió 226 denuncias en 2020 y mantiene en vigor la protección a 24 personas- despliega una batería de medidas de protección. En el caso del funcionario, que denunció supuestas irregularidades en la gestión urbanística de Los Montesinos -en una causa que comenzó en 2011-, la Agencia ordenó al Ayuntamiento y a su alcalde «el cese de las intimidaciones y represalias» que el funcionario «ha venido padeciendo, así como de cualesquiera otras de las que pueda ser objeto en el futuro, directa o indirectamente, como consecuencia de haber denunciado, testificado o trasladado determinadas informaciones en el cumplimiento de su deber».

También señalaba que el empleado público «no podrá sufrir aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales, ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación».

Alta conflictividad judicial

La Agencia argumentó en el alto tribunal valenciano que la alta conflictividad judicial que ha supuesto para el funcionario «presentar una denuncia contra varios miembros del consistorio por presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental», justificaban «sobradamente» la protección a quien ha sido víctima de acoso y hostigamiento «con el propósito de evitar esa situación, precisamente razón por la que se que se ha creado la Agencia y se ha instituido la figura del estatuto de la persona denunciante», recuerda su presidente.

El funcionario, jefe de Urbanismo, ya cuenta con medidas cautelares de protección dictadas por un juzgado de Torrevieja frente al alcalde José Manuel Butrón y la edil Belén Juárez a los que la Fiscalía pide un año de cárcel por acoso laboral a ese técnico. En concreto se paralizaron varios expedientes disciplinarios. El técnico acaba de ganar además un contencioso al Ayuntamiento para que le abone los costes de su defensa jurídica frente a las cinco denuncias que le presentó el primer edil y que han sido archivadas.

Una entidad independiente en el punto de mira

La Agencia Anfifraude es una entidad de derecho público adscrita a las Cortes, pero independiente de las Administraciones Públicas, creada por el Consell del Botànic en 2016 para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción. Su labor está siendo cuestionada por el PP en las Cortes por su supuesta falta de transparencia -los populares ganaron un recurso para acceder a la investigación del hermano del president Puig- y por exceder sus competencias.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats