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El jurado declara culpable al acusado de matar a golpes a su pareja en Rojales

El tribunal popular destaca el informe de la autopsia, que concluye que las lesiones de Andrea no eran accidentales sino por una agresión

Un policía traslada al acusado del crimen de su pareja en Rojales. | JOSE NAVARRO

La muerte de la húngara Andrea en una vivienda de Rojales horas antes del vuelo que debía llevarla de regreso a su país de origen fue un crimen machista. Así lo ha considerado el jurado popular que ha enjuiciado esta semana en la Audiencia de Alicante al compañero sentimental de Andrea, que tenía 37 años cuando falleció el 1 de abril de 2019. En un veredicto emitido en la tarde de este jueves, el jurado popular ha declarado culpable, por siete votos a favor, al acusado de matar a golpes a su pareja.

Tras el veredicto de culpabilidad, la fiscal y la abogada de la Generalitat, que ejerce la acusación popular, solicitaron al magistrado presidente del Tribunal del Jurado, Julio José Úbeda, que imponga al acusado una pena de 15 años como autor de un delito de homicidio con la agravante de parentesco, circunstancia que el jurado también declaró probada, en este caso por unanimidad.

Uno de los argumentos esgrimidos por el tribunal popular para justificar su veredicto de culpabilidad es el informe de los forenses que realizaron la autopsia, los cuales concluyeron que Andrea sufrió una muerte violenta de etiología homicida, especialmente por las fracturas que presentaba en la parte frontal y posterior del cráneo. Con estas lesiones descartaban los especialistas que hubiese sido una muerte accidental o que se las hubiera causado durante un ataque epiléptico. Asimismo, presentaba hematomas que el jurado popular estima probado que fueron fruto de una agresión.

La herida incisa que presentaba el acusado en la frente y otra en la ceja, así como los indicios recabados por la Guardia Civil en la inspección ocular del domicilio de Rojales donde ocurrieron los hechos, han sido tenidos en cuenta por los miembros del jurado para avalar que hubo una pelea entre el acusado y la víctima, con el resultado de la muerte de la mujer.

Asimismo, el jurado popular resalta en su veredicto las conversaciones de la víctima extraídas de Facebook, en las cuales Andrea reconocía que sufría malos tratos del acusado. En concreto afirmaba que Bela P. le había agredido en varias ocasiones y tenía miedo, de ahí que quisiera regresar a Hungría. Se iba a marchar en un avión con el acusado el mismo día 1 de abril, pero murió a causa de los golpes propinados por su pareja.

Los hechos declarados probados por el jurado popular ocurrieron entre las 18 y las 21 horas del 1 de abril de 2019 en el domicilio de Andrea y Bela, situado en la avenida del Mar de Rojales. En esa franja horaria el acusado propinó múltiples golpes a su compañera sentimental y sufrió una veintena de hematomas y fracturas por todo el cuerpo. Andrea murió al sufrir una hemorragia subaracnoidea por un traumatismo craneoencefálico grave.

Según el veredicto, el jurado estima probado que el acusado «tenía intención de causar la muerte o conocía o podía conocer que los golpes propinados ponían en riesgo la vida de Andrea, lo que no le impidió actuar».

Indulto

El mismo tribunal popular que declaró culpable al acusado se mostró a favor de la suspensión de la condena con ocho votos favorables de los miembros del tribunal y de la petición de indulto, con cinco votos a favor. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que estas dos posibilidades no son viables en un caso de estas características.

Antes de la emisión del veredicto de culpabilidad, el acusado aprovechó el turno de última palabra para reiterar su inocencia ante el jurado popular en la Audiencia de Alicante y criticar la falta de ayuda para defenderse, ya que considera que desde los primeros momentos dieron por sentado que la mató a golpes sin barajar otras hipótesis.

Ocho votos a favor de suspender la condena

El veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular por el crimen machista de Rojales recogía un sorprendente voto favorable de ocho de los nueve miembros del tribunal a la suspensión de la condena en el caso de concurrir los requisitos legales. Este extremo parece imposible en términos legales y el magistrado presidente del tribunal ya anunció que esta cuestión se resolverá en la fase de ejecución.

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